Tras asistir al nocturno ataque en bloque del PSOE desde las Instituciones contra la legitimidad del Tribunal Constitucional —de su parte conservadora— y contra el Partido Popular, vi cómo dos ideas ya defendidas en esta columna se tornaban inminentes. La primera es que voy a enviar a Félix Bolaños la dirección de un buen sastre y un peluquero en Madrid. La segunda es que dio un gran paso el plan de Pedro Sánchez, el plan del PSC y no el de ERC, para llevar a cabo un cambio de sistema contra la nación española. Un referéndum dialogado en vez de una ruptura. Con el primero se multiplican los cargos a medida que disminuye la nación. Y con el segundo acaban en la cárcel, aunque ahora por poco tiempo.
"Batet acata la decisión del Tribunal Constitucional". Celebran los titulares de prensa ante un escenario artificial de excepcionalidad guionizado por el PSOE. Una Presidenta del Congreso, un Presidente del Senado y el Ministro Portavoz comparecieron de urgencia y con excepción para comentar una decisión judicial en la que se atacó de forma inequívoca la legitimación del Tribunal Constitucional y en la que se culpó al Partido Popular de querer acabar con el "derecho a legislar del Parlamento".
Sánchez brinda contento porque se celebre la diferencia de formas con Puigdemont y no se vea las similitudes en el fondo. No se queden en el mero síntoma de degradación por tener tan bajas expectativas democráticas sobre un Gobierno. Cuando los análisis se limitan al pasado reciente conocido equiparando la situación actual con el golpe de Estado en Cataluña del 2017 se acaba aplaudiendo el papel institucional de Meritxell Batet, Presidenta del Congreso, porque 'no sea abuela' como declaró ante el juez Carmen Forcadell.
Sánchez brinda contento porque se celebre la diferencia de formas con Puigdemont y no se vea las similitudes en el fondo
El plan de Pedro Sánchez de instituir una república federal asimétrica sin nación con un gobierno impune requiere no cometer los mismos errores del independentismo. Como no acatar una decisión judicial. Sánchez intentó rendir la voluntad de los seis miembros del Tribunal Constitucional que no controla para aprobar en las Navidades, de forma inadvertida, la reforma judicial que elimina toda barrera para controlar hasta su último sillón.
Sumisión o excepcionalidad para ser víctima. Sánchez que tiene un proyecto claro de poder aprovechó el revés y lo convirtió en oportunidad. Creó un escenario de anomalía institucional al hacer comparecer de forma sucesiva, como una ola de indignación institucional y fijar que no son tan estúpidos como Puigdemont, pero que lo importante es que el TC y el PP son quienes están fuera de la Constitución.
Se crea la excepcionalidad, se repite con seriedad "sin precedentes" y se consigue presentar como víctima a quien ataca los poderes del estado, acabar con la legitimidad de todo órgano que no controle el PSOE y sacar al Partido Popular de la democracia. Esa democracia que consiste en otorgar cada cuatro años un poder absoluto al Gobierno, sin controles e impune, que llegue hasta el último rincón de la Administración. Porque el fin del proyecto de Sánchez es situar fuera de la normalidad democrática a la derecha para que no quede ningún obstáculo en el "Gobierno de un solo hombre".
El fin del proyecto de Sánchez es situar fuera de la normalidad democrática a la derecha
Ahora que los medios agradecen que el PSOE acate la decisión de un Tribunal, confundidos y fascinados con la espuria Institución puesta en escena, el control judicial y la eliminación del Código Penal de la sedición y la malversación ya no parecerán tan graves ante unas elecciones con las encuestas en contra. Todo habrá sido enterrado en un procedimiento de normalidad celebrado por la prensa que señala ya al PP como causante de la excepcionalidad creada y planificada contra el Tribunal Constitucional por el PSOE.
Si Pedro Sánchez aprende de los errores del independentismo y aprovecha una crisis, la oposición debe aprender de los errores del fracasado constitucionalismo tras el 2017. El primero ha de ser poner como prioridad la defensa de la nación española, el eje de toda reforma, reivindicación y actuación interior y exterior. El segundo es no limitarse a convocar unas elecciones generales para modificar dos leyes, sino hacer una reforma profunda que permita a los españoles tener herramientas que impidan que los enemigos de la nación y la democracia puedan actuar si llegasen al Gobierno.
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