Venían a regenerar la política y en Podemos han acabado por cambiar todos sus principios y códigos éticos para poder seguir viviendo de ella. Los dirigentes de Unidas Podemos han hecho de la doble vara de medir uno de sus principios fundamentales para conducirse en la política española y, si los tribunales les condenan o les imputan, primero cambian su ‘código ético’ para no tener que dimitir y, a la vez, ponen en la diana al poder judicial desde el propio ejecutivo acusando a los jueces de "criminalizarles".
En apenas unos días hemos tenido varios ejemplos de lo flexible que es la formación morada cuando se trata de aplicar los férreos principios contra la corrupción que esgrimen sin piedad contra sus adversarios políticos y que, sin embargo, se doblan como un junco cuando deben aplicárselo a sus conmilitones condenados o imputados.
Alberto Rodríguez fue condenado tras ser sometido a un juicio en el Supremo por participar en unos disturbios y patear a un policía. Sin embargo, una reforma del código ético de Podemos impulsada por Ione Belarra ha evitado que tenga que entregar su acta de diputado.
Los que venían a regenerar la vieja política de PSOE y PP y a ventilar los armarios de la ‘corrruppsoe’, “no hay pan para tanto chorizo”, etc, han acabado regenerando su propio código de conducta para evitar tener que dejar la poltrona y el sueldo público cuando los tribunales les condenan o les imputan.
El código ético de Podemos
Así, Belarra movió ficha hace meses ante el horizonte penal que se cernía sobre varios de sus compañeros y cambió el código ético de Podemos. Si antes exigía “el compromiso de renuncia al cargo público, interno o a cualquier candidatura a tales cargos en caso de ser imputado, procesado o condenado” por “delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, la violencia machista, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos", ahora se exime de renunciar al cargo si la condena o juicio se produce en un «contexto de acoso judicial con intenciones políticas (lawfare) y alejado del derecho».
Es decir: la doble vara de medir morada. Si los jueces imputan o condenan a cargos de PP, PSOE, Vox o Ciudadanos, ello es consecuencia directa de la corrupción que asola a la vieja política o a la derecha. Si lo hacen con Podemos, es una persecución política y los jueces están prevaricando.
Dicho y hecho. Las reacciones de Belarra a la condena del diputado Rodríguez no se hicieron esperar y cayeron como una bomba entre los jueces: “Alberto Rodríguez es una persona comprometida, que lleva muchos años defendiendo a nuestra gente y los servicios públicos. Hoy sufre una terrible criminalización que busca mandarnos un mensaje, no te metas en política”. Tremendo, sobre todo, viniendo de una ministra del Ejecutivo que no duda en denunciar una persecución judicial.
Al amparo del nuevo ‘código ético’ de Podemos, la ministra de Igualdad fue un paso más allá: Irene Montero, que en 2022 duplicará el gasto en sueldos de su ministerio, anunció a bombo y platillo el fichaje como asesores de una condenada, Isa Serra, y de dos imputados por malversación, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Y también a ella se le llenó la boca de persecución judicial: los tres están "perseguidos política, mediática y judicialmente" por su "defensa de la democracia y de los servicios públicos".
Con esta doble vara de medir de Podemos y la readaptación del código ético, todos los condenados del partido están a salvo. Y no son pocos: además de Alberto Rodríguez e Isa Serra (un año y siete meses de prisión, ratificada en el Supremo); el ínclito Pablo Echenique, exmano derecha de Pablo Iglesias, condenado a pagar 80.000€ por vulnerar el derecho al honor de un hombre acusado de violación, y 11.040€ a su asistente por no pagar sus cotizaciones.
Juanma del Olmo, director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia segunda del Gobierno mientras Pablo iglesias estuvo al frente, también fue condenado y compartió multa con Echenique por atribuir la falsa violación. Y Jorge Luis Bail, diputado por Huesca, fue condenado por un delito de resistencia a la autoridad y de una falta de lesiones.
En la lista de condenados, Eugenio Romero, exsecretario primero de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, por un delito de desordenes públicos o José Oliver Martínez, miembro del Consejo Ciudadano autonómico de Podemos Baleares a más a 20 meses de prisión por posesión de 144 gramos de metanfetamina.
No es de extrañar que Podemos tenga entre ceja y ceja al Poder Judicial. Con la Fiscalía General bajo control, los jueces es el último dique. Qué lejos queda aquel tuit de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y hoy tertuliano, para valorar la sentencia de la Gürtel: “El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción”. Entonces, los jueces no perseguían ni criminalizaban. Afectaba al PP y una línea de una sentencia provocó la caída de Mariano Rajoy.
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