Opinión

El salvavidas de Iglesias

Sin logros en su compromiso de ejercer de ministros 'sociales', los dos caminos que se abren ante los dirigentes de Podemos y de IU son malos o muy malos.

Fuera del Gobierno se sienten muy vulnerables. El trío que forman Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón, por encima de los otros dos ministros quen representan a la coalición, saben que su tiempo en el Gabinete de izquierdas que forman con el PSOE de Pedro Sánchez se está terminando. Precavido, el líder de podemos ya ha botado su propia lancha de salvamento.

Desde Europa han puesto por escrito la imposibilidad de que cumplan con los objetivos que se fijaron hace siete meses, cuando el líder se fundía en un cálido abrazo con el secretario general del PSOE. El barco gubernamental puede hundirse y antes de que naufrague, Iglesias y los suyos quieren ponerse a salvo.
El 'caso Dina', con sus derivaciones del móvil entre Escocia y Rabat, las referencias continuas a las 'cloacas del Estado' que representan las escuchas y grabaciones de Villarejo, y la posición de la coalición ante la Monarquía en general, y ante Juan Carlos I en particular, son vías de agua en el casco casi imposibles de reparar por mucho que la vicepresidenta para todo, Carmen Calvo, se ponga al frente del pelotón de los fontaneros mayores de Moncloa.

Iglesias conoce muy bien a cada uno de los dirigentes que tiene a su lado. Sabe de sus lealtades y de sus compromisos y hasta dónde llegarían con ambos. Puede que ese sea el auténtico y único motivo para intentar permanecer como vicepresidente segundo, y que Irene Montero siga de ministra de Igualdad. Lo de Alberto Garzón camina en paralelo pero con su propio salvavidas dentro de Izquierda Unida. Tras la primera de las aprobaciones del Fondo de Recuperación, el líder de Podemos es consciente que la mayor parte de las reivindicaciones y postulados,que le llevaron a unirse a Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición, no se van a cumplir.

Los diversos controles y exámenes que se han acordado en Bruselas para que funcionen entre octubre de este mismo año, 2023 y diciembre de 2026, son tan concretos y meticulosos en la aplicación de cada una de las partidas financieras que hacen imposible la aplicación de los deseos de Podemos y de sus líderes.
Dinero para educación, sí, pero no como quieren desde el partido morado. Dinero para luchar contra la exclusión social, sí pero no como quiere el partido morado. Dinero para la educación: si, pero no como quiere el partido morado. Dinero para el mercado laboral, sí, pero no como quiere el partido morado. Nada es blanco y negro en el políticamente ambiguo texto aprobado en Bruselas, pero los controles son tantos que predomina el negro.

Si el país que pide los Fondos -nosotros 140.000 millones divididos en dos partidas de 72.500 y 67.500 millones de euros- no consigue pasar cada uno de los exámenes, no los recibe

Cada paso que dé España -al igual que el resto de países- una vez haya enviado a Bruselas los Presupuestos Generales del Estado, algo que debe suceder en septiembre, va a pasar por tres “tribunales” que van a emitir sus puntuaciones. Si el país que pide los Fondos -nosotros 140.000 millones divididos en dos partidas de 72.500 y 67.500 millones de euros- no consigue pasar cada uno de los exámenes, no los recibe. Tres mecanismos automáticos van a emitir su dictamen, desde el MRR (Mecanismo de Recuperación y Resilencia) a los CSR (Recomendaciones para cada país), pasando por el MFP (Marco Financiero Plurianual), con otros tantos “tribunales” implicados: La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Banco Central, por no mencionar las recomendaciones y opiniones del Eurogrupo.

Para hacer más difícil el largo camino que va de 2021 a 2027, los amigos 'frugales' impusieron el 'freno de emergencia' para los Fondos. Ningún país puede vetar pero basta con que uno diga que no ve claras las cuentas de otro para que todo el proceso se detenga y tenga que celebrarse una cumbre de jefes de gobierno. La gran baza del tiempo que España no puede permitirse.

Rejonazo al turismo

Un tiempo que se traduce en meses y en burocracia europea. Envíos del Consejo a la Comisión, de la Comisión al Parlamento, del Parlamento al Consejo. Tiempo que va de octubre 2020 a abril 2021, para alargarse en los diferentes exámenes hasta 2023. Tiene que existir mayoría absoluta entre los 27 países y no una cualquiera, aquí se ve el equilibrio que se ha conseguido entre los pequeños y los grandes: por un lado debe aprobarse por no menos de quince países, pero éstos deben representar al 65% de la población de toda la Europa comunitaria.

Los famosos y muy necesarios 140.000 millones que hemos logrado apenas representan el 2% del Producto Interior Bruto español, mientras que el turismo al que acaba de rejonear Gran Bretaña representa el 18%. Todo ello en un momento en el que el PIB ha caído por encima del doce por ciento y amenaza con llevarnos a una real quiebra del estado.

En ese escenario, y en esta Europa y con estas condiciones, ninguno de los cinco miembros del Gobierno que representan a Unidas Podemos podrá mantener e incluso poner en marcha sus grandes objetivos. Se cercenarán uno a uno en Madrid o en Bruselas. Aquí, por sus propios compañeros, y en Europa por esos 'tribunales' que de hecho se han creado. Sin logros en su compromiso de ejercer de ministros 'sociales' los dos caminos que se abren ante los dirigentes de Podemos y de IU son malos o muy malos.

Ruptura de la coalición

Uno conduce a la ruptura del Gobierno y el regreso a la oposición, dejando la puerta abierta a que Pedro Sánchez busque y consiga los apoyos necesarios en el centro derecha que representan Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Teruel Existe, hasta llegar al Partido Popular de Pablo Casado, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, una de las condiciones básicas que le exigen desde Europa.

El otro le lleva a aferrarse al sillón de la vicepresidencia y aprobar uno tras otro los acuerdos que vayan elaborando sus compañeros/as de Gabinete, muy lejos algunos de los postulados y la razón de ser de Podemos. Podrán permanecer en el Gobierno pero el precio a pagar se lo cobrarán los ciudadanos en la siguiente cita electoral. Ya lo hicieron en Galicia y Euskadi, es más que posible que lo hagan en Cataluña, y con toda seguridad lo harían en las próximas generales.

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