Era la semana fantástica de Sánchez, el broche feliz a su año más próspero. Todo iba sobre ruedas. Los Presupuestos, la eutanasia, la ley Celaá, el Emérito vobiscum... Hasta que los jueces asomaron el birrete por el horizonte y todo dio, repentinamente, un vuelco. Pedro Sánchez, confinado en su cuarentena y los togados, al plató.
Curados de espanto, apenas había sorprendido la cascada de insultos vertidos en el Congreso sobre el estamento judicial. Tan intenso y desconsiderado fue el chaparrón que llegó incluso a temerse que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, cometiera la imprudencia de intentar llamar al orden a la jauría. No hubo tal. Las miradas también se posaron sobre los escaños de los tres magistrados que asientan sus posaderas en el banco azul, Campo, Marlaska (ausente) y Robles. Los tres heroicos mosqueteros reaccionaron como es habitual: como quien oye llover.
"Togas apolilladas", "jueces prevaricadores", "franquistas", "golpistas", "togas y sables susurrándose"... Los portavoces de la zona más pútrida del Hemiciclo, los de Podemos, Bildu, ERC, muy airados por la sentencia del Supremo sobre Otegi, que obliga a repetir el juicio contra el terrorista, se emplearon a fondo en su bárbaro ejercicio del descrédito. El pimpampum contra el Poder Judicial forma parte del plan puesto en marcha por la facción más oscura del Gobierno, la comunista, para derribar nuestro régimen de libertades y pasar a otra pantalla con efluvios del Orinoco y remembranzas de Gulag. Pablo Iglesias señaló a los jueces "de ideología reaccionaria" nada más sentarse en la Vicepresidencia. Los colocó en el punto de mira. Ahí siguen.
El plan de Sánchez pasa por jibarizar el desempeño de la Corona y demoler el edificio de la Justicia. Tiene al Rey silente, inutilizado e inmóvil con el chantaje de su padre, el Emérito de las dunas
Pedro Sánchez, sin tanto ruido, puso en marcha la máquina de triturar magistrados con la indecorosa designación de Lola Delgado en la Fiscalía General. Desde entonces, no ha parado. Un paso tras otro. Dividida y atenazada la oposición, bloqueado el Parlamento con seis meses en estado de alarma, comprados los medios, hostigados los disidentes, silenciados los creadores, catequizada la Iglesia, y maniatadas las demás instituciones (ahora hasta la RAE se reivindica, vaya chiste), el plan de Sánchez pasa por jibarizar el papel de la Corona y demoler el edificio de la Justicia. Tiene al Rey silente, inmóvil y casi inútil con el chantaje de su padre, el Emérito de las dunas.
En el mismo Pleno, este grupo, habitualmente obediente sumiso, procedía a otra muestra de insurrección al proceder al nombramiento de cuatro cargos discrecionales hasta ahora paralizados
Los jueces, sin embargo, parecen resistirse a dejarse pisar el cuello. Han levantado estrepitosamente la voz, han reivindicado su independencia. Respondieron a la acometida del Ejecutivo para recortar sus funciones mediante un movimiento inédito. Magistrados de las tres familias (socialistas y PNV incluidos) suscribieron un documento en el que exigen al Congreso ser consultados antes de que se proceda a semejante enormidad legislativa. También reclaman que se informe y sondee al Consejo de Europa.
Ese Pleno también destrozó el tabú de los nombramientos al designar, por abrumadora mayoría, a cuatro cargos hasta entonces vacantes. Peperos y socialistas se unieron sin problemas y votaron en alegre camaradería, como si la polarización cainita que siembra Iván en su tablero de estrategias no fuera con ellos. Juan Carlos Campo, ministro del ramo, un tipo frío e implacable pese a su fachada de cordialidad sevillana, estudia ya su respuesta a semejante afrenta. El CGPJ es un organismo de una obediencia tan ovina que no suele deparar grandes sorpresas. Hasta ahora. Sánchez está encendido. Iglesias, más. "¡El Consejo va a su bola!", exclamaba asombrado un ministrillo de cuota, alucinando ante el prodigioso espectáculo. Carmen Calvo también reaccionó en forma algo furibunda contra el CGPJ y, por ende, contra Montesquieu, viejo tic de la izquierda totalitaria. Rabian, en efecto, porque resulta imposible cambiar a los miembros de la cúpula de los jueces sin la anuencia del PP. Cuando se intentó por la vía drástica de reducir las mayorías, Europa le saltó a la yugular del Ejecutivo. De momento, esa posibilidad está congelada.
Bofetón a Celaá
Como si de un espasmo sobrevenido se tratara, la semana ha sido pródiga en movimientos rebeldes de la judicatura. Así, la decisión del TS de que se deduzca testimonio por las querellas y denuncias presentadas por parte de familiares y afectados por la pandemia y se remita al juzgado decano de Madrid para que se incoen las causas penales correspondientes, en especial por casos relativos a muertes en residencias, falta de protección de personal sanitario y malversación de fondos. Tiembla Ábalos.
En la misma línea de sentencias reconfortantes, la del Tribunal Superior de Cataluña en la que se certificaba lo obvio. A saber, que el castellano tiene un uso 'residual' en las aulas de esa comunidad y obliga a una presencia de al menos un 25 por ciento. Isabel Celaá, no sin cierta perversa altanería, ha defendido siempre que el castellano está presente en los centros de Cataluña. Los tribunales le cierran la boca. Poco más. Ni su ley de Educación, que destierra el castellano vehicular de las regiones con otra lengua oficial, ni la propia Generalitat harán caso alguno a los Tribunales.
Por si algún disgusto le faltaba al cesarín de La Moncloa, el Tribunal Constitucional, esa instancia generalmente atrabiliaria, dada su sobredosis de indisimulada politización, se descolgaba con una sentencia unánime en la que proclama que incurrir en ultrajes a la bandera (bien sea quemarla, orinar o escupir en ella) ha de considerarse delito y no libertad de expresión. Bien, ¿alguien ha bebido de más en la sala? ¿Es este el Constitucional que tantas decepciones nos ha obsequiado?
Garzones y marlaskas
Los jueces parece que se han vuelto locos. Han encadenado una serie de decisiones, iniciativas, autos y sentencias que el atribulado patio nacional empieza a recobrar el aspecto de un Estado de derecho. Quizás Campo, igual que Marlaska y Robles, habían olvidado que la media de edad de los más de cinco mil jueces que administran la Justicia en nuestro país es de 48 años y que el 54% son mujeres. Poco que ver con esa patraña viejuna y 'apolillada' que dibujan los dinamiteros de nuestra convivencia. Menos aún que ver con la calaña de los garzones (el viejo) y los marlaskas, que renegaron en su día de la toga y la virtud y se sumergieron en la caverna del descrédito. La Justicia ha sido venturosa protagonista esta semana. Sorprendente y estimulante noticia. Habrá que ver cuánto dura. "El valor es cuestión de aguante, unos aguantan más y otros menos, pero tarde o temprano todos aflojan", decía el compadrito Quiroga. Que así no sea.
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