Una vez celebradas las elecciones al Parlamento Europeo, el sistema bipartidista español llega a un acuerdo por el que, a grandes rasgos, PSOE y PP se reparten las plazas en el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, y una plaza de magistrado del Tribunal Constitucional, vacante desde hace dos años.
Y aquí paz, y después gloria.
¿Este sistema consagra y respeta la división de poderes, y la existencia de un auténtico poder judicial…? Rotundamente no.
El acuerdo alcanzado es lamentable puesto que Feijóo sigue en su línea de colaborar con el PSOE, sin darse cuenta –o sí-, de que está tratando con los tahúres del Manzanares, y que cualquier acuerdo que alcancen será modificado, a gusto del sátrapa que habita en la Moncloa.
El único pacto posible con Sánchez, y con un notario que dé fe, es el de poner fecha a su dimisión, y la convocatoria de elecciones anticipadas. Cuanto antes mejor, no vaya a ser que llamen pronto los Jueces de Instrucción a las puertas de su casa, con el lógico deterioro de la imagen internacional de España.
Pactar cualquier cosa con el presidente del Gobierno entraña apuntalarle en el poder, y no resulta fácil entender esa obstinación de Feijóo en apoyar a un gobierno moribundo. Se ha publicado que este acuerdo estaba ya apalabrado desde el mes de marzo y que se ha ido ocultando a los electores de ambos partidos, PP y PSOE, para que evitar tensiones internas.
La Constitución, en su artículo 122. 3, al regular la composición del CGPJ dice claramente que
“el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce lo serán entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado…”.
El vuelco de Felipe González
Así se hizo en la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ, de 1980, de forma que los jueces elegían a sus representantes. Pero cuando llegó al poder Felipe González, en 1982, modificó esa LOPJ, en 1985, de forma que todos los miembros del CGPJ, incluidos los doce representantes de los jueces, pasaban a ser designados por el Congreso, en una clara intromisión del poder legislativo en el poder judicial…
Todos los que ya tenemos una edad, recordaremos la frase lapidaria de Alfonso Guerra: “Montesquieu ha muerto”, que consagrada el fin del poder judicial, y el monopolio de la dirección de la Justicia por parte del Gobierno de turno, que, y conviene no olvidarlo, es también el que tiene la mayoría absoluta parlamentaria. Es decir, se lograba así la cuadratura del círculo, la unidad de poder, confirmada también por otra frase antológica de Guerra: “El que se mueve no sale en la foto”.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional dictó una sorprendente sentencia en la que constataba que no hay problema en que los políticos elijan a los representantes de los jueces…, siempre y cuando se haga con arreglo a su capacidad y profesional, y no obedeciendo a criterios políticos, y de sectarismo. Y en esas estamos.
Ni rastro de la oposición
El sanchismo no quiere apartar sus sucias manos del Poder Judicia pues les va la vida en ello! Y Feijóo, al igual que Casado, está encantado apoyando a un régimen que no quiere oposición, ni en la Justicia, ni en los medios, ni en ninguna parte. Vamos a vivir tiempos aciagos, y solo le pido a Dios, y a la Virgen del Pilar, que nos den salud y fuerza para seguir defendiendo la causa de la verdad y de la Justicia.
¿Qué sentido tiene un jurista, si no cree en la Justicia…?