Entre abril y mayo de 2019 hemos vivido elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas, después de nueve meses del gobierno resultante de la moción de censura ganada por el PSOE (84 escaños) con el concurso de Unidos Podemos (67), Esquerra Republicana de Cataluña (9), Partido Demócrata Europeo Catalán (8), Partido Nacionalista Vasco (5), Compromís (4), Euskal Herria Bildu (2), Nueva Canarias (1) contra el gobierno en minoría del PP (134 escaños).
Un gobierno con exigua legitimidad ética (ver Legalidad y legitimidad del gobierno Sánchez, Vozpópuli 20.11.2018) con la superestructura de un relato efectista de izquierda, multiplicado por los medios afines, y la infraestructura de la utilización sectaria del poder público como agencia de colocación, incremento selectivo del gasto y plataforma electoral. Esta estrategia de poder ha producido réditos: muchos españoles picaron el anzuelo a la vista del resultado electoral: PSOE (123 escaños: 39 más); PP (66 escaños: 68 menos).
Estos nueve meses de gobierno Frankenstein (Rubalcaba -EPD- dixit) son un ejemplo de la lógica maquiavélica del poder: aprovechar la oportunidad al poner el foco en la corrupción del PP obviando la propia, y actuar con astucia (atraer para si al PNV que apoyaba a Rajoy, a la ultraizquierda de Podemos, a los partidos separatistas catalanes y a los proetarras vascos) para conseguir el poder político. Y una vez conseguido, pese a la precariedad, aplicarse con denuedo para mantenerlo sin reparar el gastos: asumir la retórica y ciertas políticas de Podemos, con el efecto de hundirlo en votos y escaños; asumir expectativas del PNV, por ahora en forma de traspasos competenciales; prodigar gestos con los separatistas catalanes con mesas de diálogo sin fin con utilidades para ambas partes: el PSOE mantiene su apertura a los nacionalistas catalanes, y los separatistas su programa de máximos de insurrección contra España para que no decaiga la moral nacionalista.
Cambiar los hábitos de la cultura política es tan difícil como imprescindible si adoptamos la responsabilidad pública como referente decisivo
El tablero político de España después de las elecciones generales mantiene con variaciones el cuadro anterior: en este caso, el PSOE en minoría -por cierto, inferior a la anterior del PP- busca apoyos políticos para superar la investidura parlamentaria para mantenerse en el poder con dos movimientos tácticos: repetir el esquema de pactos con la ultraizquierda y los nacionalistas catalanes y vascos, pagando los peajes exigidos, o conseguir, cuando menos, la abstención de los partidos socioliberal y conservador para lograr más votos afirmativos que negativos en la segunda ronda. Se excluye la opción de un pacto entre el PSOE y algún partido constitucionalista con que se obtendría la mayoría requerida.
Hasta aquí el relato fenoménico del panorama político español, condicionado por la cultura política creada desde la Transición política: antagonismo radical entre derecha e izquierda, acrecentado por la irrupción de Podemos, y el papel de bisagra -a derecha (PP) e izquierda (PSOE)- de los nacionalismos vasco y catalán previo pago en poder político para armar su identidad superior diferenciada.
Este esquema, de tanto usarlo, muestra signos de agotamiento por dos motivos clave: la fragmentación del voto con la emergencia de nuevos partidos a derecha e izquierda que limitan el poder del bipartidismo imperfecto que funcionó durante décadas, y la saturación de la cesión competencial a las autonomías nacionalistas hasta el punto de enajenar la Nación española de la vida pública en Cataluña y el País Vasco, y su rápida extensión a sus áreas respectivas de influencia en su expansión a Valencia y Baleares, en el primer caso, y a Navarra, en el segundo.
Cambiar los hábitos de la cultura política es tan difícil como imprescindible si adoptamos la responsabilidad pública como referente decisivo. Los dos motivos de dificultad son la inercia como forma de hacer convertida en costumbre (mantenella e no enmendalla) y la lógica del poder, siempre cortoplacista, capaz de hipotecar el orden constitucional cuya prueba es la actual crisis del Estado de Derecho y del orden civil en Cataluña, cuyos responsables políticos son los dos partidos que han protagonizado la vida española durante décadas.
El cambio de cultura política española es imprescindible tanto desde el punto de vista pragmático, por lo que se acaba de exponer, como desde la perspectiva de la responsabilidad que opera en el plano de la ética política, esto es, el carácter o modo de ser (hábitos) de los líderes políticos, de sus convicciones, compromisos y acciones.
Cinco políticas de Estado
La superación de la crisis institucional y política española mirando al futuro guarda relación con cinco políticas de Estado guiadas por el principio de responsabilidad:
1.- Política de Estado de representación política. Inadecuación entre la ley electoral y la fragmentación de partidos a escala nacional, regional y local, como puede comprobarse después de las últimas elecciones con tres efectos adversos: contradicciones entre lo dicho en campaña (convicciones) y la complejidad de los pactos entre partidos (partitocracia) para lograr mayorías con los electores -titulares de la soberanía- fuera de juego, la anómala composición de las Cortes con partidos anticonstitucionales y secesionistas, y el modelo anárquico de acatamiento constitucional de algunos políticos que anteponen intereses políticos contrarios a la Nación.
Los límites y cordones sanitarios mejor ponerlos en los contenidos que en las siglas, aunque detrás de las siglas haya líderes con trayectorias éticamente discutibles
Articular una política de Estado de representación política a partir de cuatro ejes: superar la partitocracia (listas abiertas y desbloqueadas), exigencia de un mínimo del 4% nacional para obtener representación en las Cortes, prohibición de partidos que en sus programas y acciones promuevan la fractura de la Nación y la voladura del orden constitucional, y el requisito de partidos con implantación nacional al menos en el 70% de las provincias españolas.
2.- Política de Estado de investidura presidencial. Exclusión de partidos independentistas y de sus votos para presidir el gobierno de España por responsabilidad ética hasta la nueva ley electoral según los criterios expuestos en el punto anterior.
3.- Política de Estado de Educación. Políticas de unidad del sistema educativo (lengua española vehicular y preferente en programas y usos en comunidades bilingües, materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, acceso y promoción del profesorado, gestión estatal de la inspección educativa, pruebas de resultados y evaluación, acceso a la universidad), y políticas de calidad de la educación (dirección profesional, currículum de capacitación, evaluación docente, relación educación y empleo).
4.- Política de Estado de Economía. Políticas de desarrollo industrial, innovación y empleo, reducción de deuda y déficit, políticas de sostenibilidad de pensiones, racionalización de servicios y gastos de la Seguridad Social.
5.- Política de Estado de Información y Comunicación. Garantía de libertad y pluralismo. Autoridad estatal de supervisión de la independencia informativa (control antioligopolios) y del tratamiento objetivado de la comunicación audiovisual y telemática con capacidad de sanción económica y suspensión -temporal y definitiva- de emisión por conductas reiteradas de instrumentalización política, proselitismo y adoctrinamiento.
¿Puede el candidato, señor Sánchez, asumir por responsabilidad estas políticas? Esta debería ser la condición sine qua non para superar la investidura con el voto de partidos leales a España y su Constitución.
Los límites y cordones sanitarios mejor ponerlos en los contenidos que en las siglas, aunque detrás de las siglas haya líderes con trayectorias poco solventes desde el punto de vista ético. Pero el juicio sobre los líderes corresponde a los electores.
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