Se inicia en estos días de abril, sí, de abril, el debate sobre unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) muy condicionados por el ruido de los mayores. Su reclamación se fundamenta principalmente en una revalorización de las pensiones que la actual normativa les niega. Sin embargo, por muy legítimas que estas reivindicaciones puedan resultar, el peso que ya supone esta partida presupuestaria, asignada a la Seguridad Social, comienza a asfixiar al resto de las partidas que, a pesar de disfrutar casi todas ellas de un pequeño margen de mejora, tienen dificultades para seguir el ritmo que marca el crecimiento económico. En el epicentro de este equilibrio inestable se encuentra la restricción que impone el ajuste del déficit público motivada en parte por la incapacidad del sistema tributario español para generar los recursos suficientes. Este escenario, que sin duda se agravará en el futuro si seguimos sin adoptar las medidas adecuadas, esboza un pesimismo que a muchos nos invade por la cada vez menor capacidad que la acción política posee para implementar las reformas y las acciones necesarias que permitan a la economía española encarar su futuro con garantías.
Sin embargo, no deja de ser cierto que muchas de las mejoras políticas que un gobierno puede implementar tienen un coste relativo más bien bajo. Quiero transmitir con esta afirmación que, dada las restricciones señaladas en el anterior párrafo, es en estos momentos cuando debemos dejar libre la musa de la creatividad para hacer más por menos. Y es que hemos de saber que una parte nada despreciable de las políticas sociales que pueden tener un efecto muy positivo en la sociedad exigen, en general, una pequeña cantidad de dinero para ser implementadas.
Por muy legítimas que sean las reivindicaciones de los pensionistas, el peso que ya supone este gasto comienza a mediatizar seriamente otras partidas presupuestarias de apoyo a la conciliación y el empleo juvenil
No hace mucho escribía sobre la necesidad de una agenda socio-liberal en España. En este artículo defendía un papel activo de la política social, que no solo se dedicara a un reparto pasivo del dinero recaudado -lo que sucede con gran parte del pago de pensiones-, sino que buscara el modo de influir al máximo posible, tomándose en serio su capacidad de mejorar la eficiencia de la economía en su conjunto y de la oferta productiva en concreto. Y es que hoy sabemos que las políticas sociales tienen la capacidad de incidir positivamente en aquello que hace cuatro décadas se comenzaba a nombrar como oferta productiva. No en vano, muchos trabajos han llegado a la evidencia de que políticas de gasto bien diseñadas junto con una inteligente regulación, a veces menos y a veces mejor, pueden hacer mucho bien.
El papel del Estado en este nuevo marco de inversión social debe asegurar la libertad de los ciudadanos en su relación con la actividad económica y laboral. Para ello es fundamental la libertad de opciones, y por lo tanto la igualdad de oportunidades. Así, junto con las tradicionales políticas sociales de educación y de sanidad pública, se hacen fundamentales políticas que fomenten mediante la redistribución monetaria o en especie, la libertad de decisiones. En este sentido, son propuestas interesantes con bajo coste presupuestario la ampliación del permiso de paternidad o, por ejemplo, la extensión de la educación gratuita a edades más tempranas. Es absolutamente necesario para fomentar no solo la conciliación familiar sino para elevar la oferta laboral de las mujeres que los servicios de guardería sean gratuitos desde los cero hasta los tres años. Pero la ayuda no debe ser solo para los padres y madres. También hay que dedicar una especial atención a sus hijos e hijas. Ayudas familiares que aseguren un mínimo de ingresos anuales que permitan paliar las consecuencias de la pobreza más severa o ayudas escolares que faciliten su transcurso por su carrera educativa, poniendo énfasis en la necesidad de una dotación suficiente para becas. El coste de estas políticas, de nuevo, si están bien diseñadas, no sería excesivo. Para redondear la igualdad de oportunidades y elevar la eficiencia en la toma de decisiones de participación laboral, insistir en la Ley de Dependencia dotando de un presupuesto razonable las partidas que esta supone y que es con claridad una condición necesaria para alcanzar los objetivos definidos en párrafos anteriores.
Las mejoras en las ayudas que eleven la participación de la mujer en el mercado de trabajo o aumenten la igualdad de oportunidades no tienen por qué ser excesivamente onerosas
Pero, además, es posible mejorar la proyección a largo plazo de la economía española si se actúa en varias vertientes del sector productivo. Volver a apostar por la innovación y el desarrollo, simplemente ejecutando las partidas que para ello se ha presupuestado, es un buen inicio. También es imperativo fomentar la adecuada transición tanto de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo como de los desempleados al empleo mediante políticas activas laborales que mejoren aquellas que ahora “padecemos”. Para dotar de más recursos a estas políticas, una opción puede ser la de reorientar las partidas dedicadas a la subvención al empleo, parte del cual existe sin necesidad de dicha subvención, a estas políticas de transición. Además, dentro del marco que supone el cambio tecnológico, es imprescindible que las administraciones se sumen al carro de estos nuevos avances. El uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial para el perfilado de desempleados, o la posibilidad que esta ofrece para optimizar el encaje entre candidatos y vacantes laborales, sería un buen vector de avance y, de nuevo, con escaso coste. Por último, la misma lucha contra el fraude laboral o fiscal puede ganar mucho con este tipo de tecnologías, que ya comienzan a usarse por algunas administraciones europeas.
En definitiva, la restricción triple que se impone por la presión de una parte cada vez más importante de los votantes españoles, los pensionistas, y por la necesidad de reducir lo antes posible el excesivo déficit público en el marco de una insuficiente capacidad de ingresos fiscales, deja un estrecho margen a la realización de otras políticas que reduzca la disfuncionalidad que caracteriza a la economía española. Una mejora en las ayudas que eleven la participación de la mujer en el mercado de trabajo o aumente la igualdad de oportunidades o hagan más eficientes a las administraciones, no tienen por qué ser excesivamente onerosas. En tiempos de escasez, el ingenio debe ser nuestra mejor arma, junto con un poco, no mucho, de dinero. Estamos en el tiempo de hacer de la política un arte de lo posible.
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