El "CatalanGate" es un escándalo que ilustra muchas de las deficiencias estructurales y vulnerabilidades de las que adolecen algunas democracias hoy en día. Pretendo aquí llamar la atención sobre la relevancia de este caso y señalar algunas amenazas que gobiernos, periodistas y ciudadanía en general podrían fácilmente combatir. Concretamente me refiero al problema de la desinformación e instrumentalización de nuestras instituciones.
El 18 de abril de 2022, el centro de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicó un informe titulado: CatalanGate Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru, que acusaba a España de haber espiado de forma ilegal al independentismo. Este informe vino acompañado de una perfectamente orquestada campaña de comunicación a gran escala con artículos en periódicos como The New Yorker y The Washington Post, un sinfín de entrevistas en televisión, radio y prensa. Todos coincidían señalar la culpabilidad del Gobierno español y presentar como víctimas a los nacionalistas catalanes.
Sin embargo, el informe de Citizen Lab hacía aguas por todos los lados; las graves limitaciones metodológicas, su sesgo y falta de transparencia indicaban que podría haber intereses económicos y políticos no declarados guiando el estudio y sus conclusiones. Conscientes de ello, poco tiempo después, más de cien profesores e investigadores de universidades de muchos países firmamos sendas cartas solicitando a la Universidad de Toronto que abriese una investigación independiente ya que Citizen Lab parecía haber violado varios de los criterios básicos de la ética científica. Sorprendentemente, la Universidad de Toronto rechazó expeditivamente estas peticiones y otras provenientes de periodistas y políticos y desde entonces ha tapado, con bastante éxito, este escándalo académico. El 9 de marzo de 2023 presenté un libro-informe de más de doscientas páginas (libremente disponible) donde aporto pruebas y detallo una multitud de graves deficiencias, contradicciones, incómodas conexiones y falsos testimonios que he descubierto a lo largo de mi investigación.
El coordinador del trabajo de campo fue Elies Campo, un activista independentista que no tenía experiencia investigadora (ni título universitario) y que había estado años haciéndose pasar por un directivo de Telegram
Los hechos revelados son tan sonrojantes que bien podrían servir de base para una serie documental. Por ejemplo, el que la única hipótesis que planteara Citizen Lab fuera la de espionaje ilegal, cuando al menos la mitad de los presuntos espiados estaban envueltos en investigaciones judiciales o policiales, algunos de estos tratando con los servicios secretos rusos. O el que el coordinador del trabajo de campo fuese Elies Campo, un activista independentista que no tenía ninguna experiencia investigadora (ni título universitario), que había estado años haciéndose pasar por un directivo de Telegram (sin haber sido empleado de esta organización) y que se había propuesto voluntario a Ctizen Lab el verano de 2020 y trabajado sin contrato en el proyecto hasta su contratación en febrero de 2022. O que Citizen Lab se niegue a revelar cuando, como, donde se hicieron los análisis o la tasa de infecciones respecto a los análisis.
A pesar de la demostrada insostenibilidad del informe sobre el que pivotan todas las acusaciones, el caso sigue muy vivo casi un año después —prueba de ello es la reciente visita a Madrid de la Comisión de investigación sobre espionaje con Pegasus del Parlamento Europeo—. El daño reputacional a España continúa, espoleado por la campaña internacional de propaganda del independentismo y la Generalitat. Se espera un dictamen muy crítico de la Comisión sobre Pegasus y, lo que es más grave, los líderes del procés y sus equipos legales están planeando utilizar dicho dictamen y el informe de Citizen Lab para solicitar la nulidad de muchos juicios en los que están implicados, y que están relacionados con la organización del referéndum ilegal de 2017 y Tsunami Democràtic.
¿Cómo puede ser posible que una tosca campaña de desinformación que varios investigadores y periodistas denunciamos hace muchos meses siga hoy en día todavía dañando gravemente a España? A continuación, expongo brevemente la conjunción de factores que han facilitado su éxito.
Primero, hay que reconocer la habilidad con la que el nacionalismo catalán se mueve fuera de España. Los lazos personales, afectivos y profesionales, así como los recursos dedicados por organizaciones independentistas y la Generalitat han permitido que estos tengan influencia quizás mayor que la de España en organizaciones y medios de comunicación internacionales. Por ejemplo, en este caso, tanto The Guardian y El País como publicaron una exclusiva el 14 de julio de 2020, denunciando el espionaje de Roger Torrent, antes de que se tuviese confirmación forense de ninguna infección por Pegasus. Le Monde, BBC, Al Jazeera Euractiv y muchos otros se lanzaron a reproducir la noticia. Dos días más tarde y a pesar de saber que su teléfono no estaba infectado, Roger Torrent pidió por carta ayuda a Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, a Julie Verhaar, Directora en Amnistía Internacional, y a David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas(este último además muy cercano a Citizen Lab, no solo había emitido opiniones claramente alineadas con el procés en 2017, sino que también testificó como testigo en la Comisión Pegasus).
El mensaje maniqueo de la opresión ha calado, la falta de un relato alternativo y la existencia de prejuicios y una visión un tanto orientalista de España lo han facilitado
El independentismo ha sabido instrumentalizar a organizaciones como el Consejo de Europa, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Access Now para organizar eventos y declaraciones públicas que reproducían punto por punto las acusaciones contra España relativas al espionaje sin que hubiese réplica de ningún tipo por parte de representantes de las autoridades españolas. El mensaje maniqueo de la opresión ha calado, la falta de un relato alternativo y la existencia de prejuicios y una visión un tanto orientalista de España lo han facilitado.
El segundo punto al que quiero referirme, y relacionado con el anterior es la tradicional indolencia de los gobiernos de España en lo referente a la acción exterior del independentismo. Con excepción del periodo del 155 y el destacable trabajo la extinta España Global, el Gobierno de España ha dejado que el independentismo implemente una continua labor de desprestigio y desgaste a la imagen de España, en su mayor parte financiada con dinero del contribuyente. Los embajadores y cónsules españoles actualmente tienen las manos atadas y, aunque ellos estén preocupados la acción exterior de la Generalitat y de las organizaciones independentistas, no tienen mandato o permiso para contrarrestar operaciones de desinformación como la del CatalanGate. No entro en valorar las razones por las que el ejecutivo ha decidido que es mejor no interferir o dar réplica a estas operaciones de descrédito de España. Esta pasividad ha contribuido a la sensación de impunidad de los que han urdido esta campaña de desinformación del CatalanGate, que una vez pillados en los engaños, en lugar de adoptar perfil bajo, han intensificado la campaña. Lo último es que han contratado a unos supuestos expertos “imparciales” que no solo han confirmado las infecciones que señalaba el informe, sino muchas más, y en fechas más convenientes para la estrategia de anular juicios.
¿No se daban cuenta que el cese de la Directora del CNI daba una cierta pátina de legitimidad al extravagante informe de Citizen Lab y a los relatos hiperbólicos de las supuestas víctimas
En este caso la inacción del Gobierno es más sorprendente, ya que se están produciendo acusaciones dirigidas directamente hacia él de espionaje ilegal basadas en un informe que ha sido descrito como fraudulento por muchos investigadores y periodistas. Es más el Director de Citizen Lab Ronald Deibert ha expresado en repetidas ocasiones que el Gobierno no solo no ha criticado el informe, sino que además jamás les ha pedido los datos o explicaciones sobre la metodología. El cese de Paz Esteban, cuando ya se sabía de la implicación del independentismo en la elaboración del informe y se habían constatado contradicciones en los testimonios de las presuntas víctimas es un hecho difícilmente entendible. ¿Por qué el Gobierno no trasladó a la Universidad de Toronto una queja por el informe o simplemente refutó la validez de este? ¿No se daban cuenta que el cese de la Directora del CNI daba una cierta pátina de legitimidad al extravagante informe de Citizen Lab y a los relatos hiperbólicos de las supuestas víctimas?
El tercer factor que quiero sugerir como propiciatorio de este escándalo sea parte de la respuesta a estas preguntas. España, al igual que otros países, no parece haber desarrollado capacidades adecuadas de ciberseguridad. Es importante que la ciudadanía se dé cuenta que si España y otros países dependen de programas espía de compañías privadas, esto se debe a dos motivos fundamentales: a) que las grandes corporaciones que controlan el flujo de comunicaciones, como puede ser WhatsApp/Meta o Apple no colaboran lo suficiente con los gobiernos cuando estos necesitan hacer seguimientos de presuntos grupos terroristas o de crimen organizado, y b) que no han invertido lo suficiente en ciberseguridad para desarrollar sus propios software de vigilancia (tal y como han hecho las grandes potencias). Algunos expertos a los que he consultado me han dicho que es posible que España no haya contradicho a Citizen Lab porque puede ser que nuestras fuerzas de seguridad no hayan desarrollado métodos fiables para detectar infecciones de ciertos spyware avanzados.
Este problema de falta de capacidad de muchos gobiernos ha contribuido también al cuarto problema que me gustaría destacar, y que es el sorprendente control que ejerce Citizen Lab y su entorno en el mercado de verificación forense digital. Desde hace años Ronald Deibert, quien fue el depositario de una parte importante de los documentos que Snowden filtró en 2012, ha tejido una red organizaciones y activistas que comparten objetivos y trabajan como una especie de cartel de la verificación y denuncia en el área de los ataques spyware. Aparte de Citizen Lab, normalmente es Amnensty Tech, quien trabaja en la detección de ataques con Pegasus. Pero los dos expertos de Amnesty Tech son antiguos empleados de Citizen Lab. De la misma forma Ronald Deibert ha sido consejero en Access Now, Privacy International, Amnistía Internacional y Human Rights Watch y de varias otras organizaciones que trabajan en el ámbito de la privacidad. Además, junto con otras personas de su entorno, Ronald Deibert forma parte del comité que decide la designación de millones de dólares a investigadores en el área de la ciberseguridad. Ronald Deibert ha recibido además muchas distinciones y sus informes alimentan de noticias y exclusivas a muchísimos de los reporteros especializados en ciberseguridad.
Varios expertos informáticos me han contactado estos meses para darme su apoyo pero me han dicho que no se atreven a criticar en público a Citizen Lab porque temen ser cancelados
En resumen, Ronald Deibert es la persona más influyente del mundo en temas de ciberseguridad. El problema es que todo parece indicar que ahora él y su organización están abusando esa posición privilegiada y la red de tintes clientelares que han construido durante años. Su negativa a dar explicaciones por el vergonzante informe, del que es uno de los autores y la arrogancia con la que se ha comportado, faltando a la verdad en varias ocasiones en redes sociales, entrevistas y declaraciones formales prueban que en gran medida se siente intocable. La capacidad que ha tenido para silenciar a gran parte de la prensa internacional que había empezado a investigar las alegaciones, bloquear la solicitada investigación y peticiones de transparencia sobre sus fuentes de financiación y el acoso que personas de su entorno han estado efectuando a los investigadores que hemos criticado el informe indican un comportamiento para nada habitual en círculos académicos. Varios expertos informáticos me han contactado estos meses para darme su apoyo pero me han dicho que no se atreven a criticar en público a Citizen Lab porque temen ser cancelados. Ronald Deibert se sabe más poderoso que sus supuestos jefes en la Universidad de Toronto y no tiene intención de rendir cuentas a nadie.
El problema es que además Citizen Lab parece estar trabajando para todas las Big Techs,. Tras recopilar información para los juicios de WhatsApp y Apple contra NSO, ha trabajado con Google Threat Analysis y recientemente firmaba un informe favorable a Tik Tok. Si aceptamos que Citizen Lab controlan sean los únicos capaces de dictaminar si ha habido infecciones de spyware y abusos de privacidad, y ellos trabajan para estas grandes corporaciones atribuyendo todos los problemas a países y empresas de spyware, ¿cómo controlamos que las Big Tech no actúen de una forma maliciosa o negligente?
La mayor parte de periodistas a los que les hemos hecho llegar la información incriminatoria contra Citizen Lab a lo largo de estos meses han preferido no tratar el tema o hacerlo de una manera bastante superficial
El quinto factor que quiero mencionar es el papel de la prensa. La ciberseguridad es un área muy compleja donde se mueven muchos intereses ocultos tanto políticos, como económicos, pero además es una amenaza cada vez más grave para nuestras sociedades. Desgraciadamente no hay muchos periodistas especializados y la mayoría de los que hay colaboran estrechamente desde hace años con Citizen Lab y su entorno. Como ejemplo el Proyecto Pegasus del consorcio de periodistas Forbidden Stories. Muchos de estos periodistas dependen de Deibert y los suyos para conseguir primicias y para llegar a contactar con las presuntas víctimas de ataques. Hay que sumar que los medios de comunicación nacionalistas catalanes han reproducido de una manera obediente, insistente y ordenada todas las acusaciones y argumentos de las supuestas víctimas, incluso después de que demostráramos que muchas de ellas eran falsas. En definitiva, la mayor parte de periodistas a los que les hemos hecho llegar la información incriminatoria contra Citizen Lab a lo largo de estos meses han preferido no tratar el tema o hacerlo de una manera bastante superficial. Salvo contadas y admirables excepciones, el resto de la prensa ha debido entender que investigar el informe y esta trama requería demasiado esfuerzo y que el gran público no iba a interesarse.
Sorprendente papel de El País. Este periódico no ha querido hacerse eco de las informaciones que le hemos facilitado en repetidas ocasiones ni enmendar el dudoso papel que ellos representaron en julio de 2020 cuando colaboraron a lanzar esta campaña de desinformación. Su periodista Joaquín Gil fue quien insistió a Roger Torrent para que contactara a Citizen Lab porque, según una filtración, podría haber sido atacado con Pegasus. Luego publicó, en coordinación con The Guardian, la exclusiva del espionaje a Roger Torrent y otros líderes independentistas cuando aún no se había confirmado ninguna infección a través de análisis forense. Además, según Roger Torrent, que lo menciona 27 veces en su libro, fue de los que le animó a seguir buscando víctimas, a pesar de que no tenían casos de infección confirmados. Es más, en un video publicado por el País Catalunya, se afirma sin ambages que el independentismo fue espiado con Pegasus (algo no confirmado aún) ya desde 2015, a pesar de que este spyware empezó a comercializarse en 2016. Y que al haberse espiado a los abogados de los líderes independentistas se podría haber violado el secreto profesional, lo que parece busca apuntalar la estrategia del independentismo de usar Pegasus como excusa para solicitar la nulidad de sus juicios.
En este proceso han conseguido instrumentalizar de una forma muy exitosa tanto a una institución académica tan importante como la Universidad de Toronto, como a medios de comunicación nacionales e internacionales
Por último, quiero señalar que en esta campaña no solo se han instrumentalizado universidades y medios de comunicación, sino también las comisiones de investigación tanto del Parlamento Europeo como del de Cataluña. No me voy a expandir en este punto, pero quiero recordar que no es para nada un ejemplo de buena praxis elegir como presidentes y vice-presidentes de comisiones de investigación a presuntos afectados o víctimas, como ha sucedido en estas. Diana Riba, esposa de Raül Romeva, es la vicepresidenta de la Comisión Pegasus en Bruselas y en Barcelona son varias los presuntos espiados en su comité, incluyendo a Meritxel Serret. También es muy llamativo que el Parlamento Europeo elija como relatora a Sophie int’ Veld que antes de constituirse la comisión ya afirmase en sede parlamentaria que Pegasus era un caso de espionaje sin límites por parte de Gobiernos. El borrador de su informe está casi exclusivamente basado en lo escrito por Citizen Lab y la prensa independentista más radical, y además se ha opuesto a que quienes cuestionaban el informe del CatalanGate, pudiesen hablar en esta comisión. Es reseñable también que la mayor parte de expertos que han intervenido en ella eran muy cercanos a Ronald Deibert y Citizen Lab y que la única hipótesis que han evaluado es la de espionaje ilegal por parte de España.
En definitiva, estamos ante un caso que ejemplifica el proceso a través del cual campañas de desinformación, por muy toscas que sean, pueden llegar a cumplir gran parte de sus objetivos: grupos relativamente pequeños de personas altamente motivadas, con una importante red de contactos y buena financiación, pueden conseguir desbordar a un estado democrático como España. En este proceso han conseguido instrumentalizar de una forma muy exitosa tanto a una institución académica tan importante como la Universidad de Toronto, como a medios de comunicación nacionales e internacionales e incluso a comités parlamentarios de investigación. Manipulaciones burdas como las observadas en este caso contribuyen a generar desconfianza y desapego hacia estas instituciones, que son básicas para el buen funcionamiento de las democracias liberales. Esta vez han contado con la involuntaria colaboración del gobierno y parte de los medios de comunicación, cuya indolencia parece haber dado alas a los implicados. Esperemos que sirva como aviso para que en el futuro, políticos, periodistas y nuestra sociedad en general adopte una actitud más crítica, activa y responsable.
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