Según el último informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, el cannabis es la droga que más han probado los ciudadanos europeos. Se estima que el 27,2% de estos la habría consumido en algún momento de su vida, cifra que aumenta hasta el 37,5% en el caso de España. Por otro lado, el barómetro del CIS del pasado mes de abril recoge que un 49,7% de los españoles estaría a favor de legalizar la venta de marihuana en general, y un 90% lo estaría solo para su uso médico.
Pese a su extendido consumo y al cada vez mayor apoyo popular, las iniciativas presentadas hasta el momento por diferentes grupos parlamentarios dirigidas a regularizar el uso del cannabis, no han prosperado. Y, muy probablemente, las que ha registrado Esquerra Republicana y el grupo de Unidas Podemos recientemente, y que todavía no se han discutido, tampoco lo hagan.
Al lector le podría sorprender que, teniendo la izquierda la mayoría que tiene en la Cámara Baja, una reivindicación supuestamente progresista como la de regular la producción, consumo y venta de marihuana no se haya materializado. A los votos favorables de 13 grupos parlamentarios, solo era necesario sumar los del PSOE (con 120 escaños, el partido más numeroso de la Cámara) para que la propuesta de Errejón saliese adelante.
Cuestión de salud pública
El principal partido del gobierno de coalición considera que debe diferenciarse" con rotundidad sobre el cannabis como droga de consumo con componentes psicoactivos que, provocan daños a la salud física y mental, bajo el término menos intrusivo de "uso lúdico", donde no hay consenso social ni está basado en la ciencia y la sanidad" (PSOE, 2021) y que no se trata de una cuestión de derechas o izquierdas sino de salud pública. Por lo que solo está dispuesto a apoyar la legalización para fines medicinales, a través de la subcomisión que se acaba de constituir en el Senado a petición del PNV.
Sin entrar a analizar la propuesta concreta presentada por los de Errejón, creo que es fundamental analizar los argumentos existentes para apoyar una regulación del cannabis integral, tanto para uso medicinal como para consumo recreativo. Cabe destacar que el uso recreacional de esta droga es legal en países como Uruguay, Sudáfrica, Canadá y diversos estados de los Estados Unidos; y que el uso medicinal está regulado en hasta 40 países del mundo, muchos de los cuales se encuentran en el continente europeo.
Motivos a favor
La oposición a la regulación "recreativa" del uso de la marihuana suele apelar a los efectos negativos para la salud asociados al consumo de marihuana. No obstante, este punto de vista se basa en una concepción paternalista que infantiliza a los individuos adultos. No existen motivos de suficiente peso para no tomar en serio la autonomía de individuos adultos que, en el ejercicio de su libertad individual, deciden voluntariamente consumir cualquier tipo de sustancia por muy perjudicial que esta pueda ser para su salud.
La legalización de la producción, el consumo y la venta de cannabis parte de la defensa de la libertad individual en base a la cual los individuos son propietarios de su propio cuerpo y deben estar libres de interferencias ajenas.
Apelar a la salud pública para seguir persiguiendo el cultivo, el consumo o la venta del cannabis, o las tres cosas a la vez, resulta falaz cuando existen otras sustancias, igual o más perjudiciales para la salud, cuya legalidad no se pone en duda. El tabaco, el alcohol o los alimentos con elevadas proporciones de azúcares o grasas, son ejemplos de ello. En estos casos, para compensar las posibles externalidades negativas que el consumo tiene en la salud de las personas y, por lo tanto, en un aumento del gasto sanitario, se establece algún tipo de tributo (especiales o a través del impuesto sobre el valor añadido), algo que también podría hacerse en el caso de la marihuana.
Además, existe una importante cantidad de estudios empíricos que señalan los aspectos positivos asociados a su regulación. Estudios realizados tras la regulación del uso recreativo del cannabis en el estado de Washington muestran una disminución del consumo de cannabis entre jóvenes (Dilley et al, 2019).
También se encuentra evidencia al respecto para el caso de Canadá, además de una disminución del número de detenciones de consumidores de cannabis, así como la generación de ingresos fiscales (Leyton, 2019). De hecho, la reducción de la delincuencia es uno de los aspectos más señalados por la literatura (Gavrilova, Kamada y Zoutman, 2017; Dragone, Prarolo, Vanin y Zanella, 2017; Luke Chu y Townsend, 2019), sobre todo crímenes violentos como el homicidio, las agresiones agravadas o el robo. Esta caída se debe, principalmente, a la disminución de los homicidios relacionados con las leyes antidrogas y la existencia de pandillas juveniles sobre todo en la frontera con México.
Por último, encontramos poca evidencia convincente que sugiera que las leyes de regulación del uso recreativo del cannabis provoquen un aumento del consumo de drogas ilegales, las sobredosis o la admisión a tratamientos relacionados con la adicción a las drogas. Por el contrario, una parte de la literatura ha destacado que esta puede estar asociada a la reducción de la mortalidad relacionada con los opiáceos (Livingston et al., 2017; Sabia, Dave, Alotaibi y Rees, 2021).
De nuevo nos encontramos ante un caso en el que existen razones normativas y empíricas suficientes para avanzar en la extensión de los derechos individuales de los ciudadanos.
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