Se han puesto de acuerdo todos los socialistas –dentro de sus supuestas discrepancias internas– desde Felipe González a Pedro Sánchez en salir del armario y declararse inequívocamente demócratas totalitarios; lo han sido siempre y, con motivo de los nombramientos del Consejo del Poder Judicial, vuelven a reivindicarlo abiertamente.
La democracia totalitaria, derivada de la “volonté gènèrale” según concibiera Rousseau, consiste en asignar -sin limitaciones– todo el poder político a quien gana las elecciones. Ante las graves consecuencias para la libertad y el respeto de la ley de semejante posicionamiento, otro filósofo político francés, Montesquieu, planteó con éxito la necesidad de la división de poderes -parlamento, gobierno y justicia- para que la democracia alcanzara la civilizada plenitud lograda por la Revolución Americana con su Constitución de 1787. Desde entonces, convertida en el verdadero faro democrático del mundo y simpar ejemplo del estado liberal de derecho que ha gobernado los países más civilizados y consecuentemente más prósperos de la tierra.
En España, socialistas, comunistas y secesionistas comulgan con Rousseau y dan por sentado que la democracia procede de la Revolución Francesa: para ellos ni la antigua Grecia ni, el Reino Unido, ni EEUU están en su mapa democrático y a Montesquieu –el padre de la democracia verdadera- lo tienen por un apestado. Lo triste del caso es que muchos españoles también piensan que la democracia procede de la Francia revolucionaria, siendo que los franceses abandonaron muy pronto su totalitarismo, para imitar y abrazar la democracia de EEUU.
Entre sus defectos, está la limitada división de poderes que establece la ley electoral: las listas cerradas que someten a los diputados a la tiranía del jefe del partido
Mientras que la constitución de nuestra 2ª República, de inspiración socialista, fue un corta y pega de la soviética y la de la revolución mexicana y aprobada por una pírrica mayoría parlamentaria, nuestra actual constitución responde a parámetros propios del estado liberal de derecho, aún con concesiones socialdemócratas, y fue amplísimamente refrendada por los ciudadanos. Entre sus defectos, está la limitada división de poderes que establece la ley electoral: las listas cerradas que someten a los diputados a la tiranía del jefe del partido –lo que no sucede en las democracias de referencia, véase el reciente caso inglés– y del gobierno, y la devenida politización -parcial en la constitución- de la justicia.
Reza literalmente nuestra Constitución en su artículo 120: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Basta saber leer para interpretar que si quienes redactaron la constitución hubiesen querido que, no cuatro y cuatro, en total solo ocho, de los miembros fuesen elegidos por los partidos políticos que dominan las dos cámaras, sino todos ellos, así lo habrían escrito.
El mantra progresista, liderado ahora por Felipe González, de cumplir la Constitución solo puede servir para los analfabetos -que felizmente dejaron de existir en España- que no sepan leerla: han sido los socialistas quienes han tergiversado lo que claramente se expresa en el citado artículo, siendo por tanto inaceptable que la lectura que ellos hacen se tenga por canónica. Son ellos los que, literalmente, a todas luces la incumplen, de manera que su discurso solo puede ir dirigido a quienes, cegados por su ideología totalitaria, renuncian a leer e interpretar –con rigor semántico- nuestra constitución.
Vergüenza profesional
Cuando el PSOE politizó por completo todos -no solo los ocho que establece la constitución- los miembros del CGPJ, lo hizo en complicidad con un Tribunal Constitucional previamente politizado a su vez, que terminó aceptando la enmienda totalitaria “del Gobierno y su Parlamento”, eso sí con la cabizbaja recomendación -que ponía de manifiesto su obediencia debida, matizada por su vergüenza profesional- de que la politización estuviese sometida a un uso responsable de la nueva potestad legal. Naturalmente, cobrada la pieza mayor, el PSOE con la complicidad del PP dio curso al mercadeo que, ampliado ahora al juego de partidos declaradamente anticonstitucionalistas, ha terminado generando la actual crisis.
Por en medio, el PP cuando gobernó no alteró el totalitarismo socialista pese a que pudo hacerlo; en realidad se benefició de él. Ahora, nunca es tarde si la dicha es buena, parece que está en disposición de reparar el desmán socialista -¿obedeciendo a la UE, o convencidos de ello?–, no obstante lo cual ha estado trapicheando los últimos días con el PSOE para terminar como el rosario de la aurora.
La justicia española necesita:
- Una estricta prohibición de las puertas giratorias entre la política y la judicatura.
- Que los jueces solo lo sean por oposición y su carrera basada en categorías profesionales y ascensos reglados, básicamente por antigüedad.
Ambos supuestos llevan muchísimo tiempo aplicándose con éxito –también en España- en el ámbito militar: ¿por qué no aplicarlos a la Justicia? Con la salvedad de la “obediencia debida” asociada a la jerarquía militar, muchos de los principios de la carrera militar podrían valer para la judicial: una carrera que hasta su cumbre se guía por criterios estrictamente profesionales, donde las puertas giratorias no existen, las misiones se ejecutan sin excusas y con pulcritud y goza del máximo reconocimiento y prestigio social.
Ningún juez debería, por tanto, “ser seducido en su carrera con ascensos o destino a cargos que no le correspondan por su puesto en el escalafón”, sostiene el eminente jurista Ramón Parada.
La selección de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial, además de observar los anteriores preceptos debiera realizarse con “luz y taquígrafos” por indudables méritos profesionales, mientras que la adjudicación de los cargos debiera ser por sorteo, como en la antigua Grecia; lo que anularía en origen el vicio de la politización.
En España disponemos, felizmente, de extraordinarios juristas que no necesitan arrastrar sus togas por ningún camino político, y que pueden y deben servir al Estado al margen de los partidos políticos y al servicio del prestigio de una institución crucial del Estado de Derecho y por tanto de la sociedad toda.
Son los totalitarios socialistas y sus socios, los que deben cumplir la Constitución, después de haberla leído, y no quienes la respetan y quieren desarrollarla limpiamente al hilo de las prácticas verdaderamente democráticas de los países de referencia.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación