Los juerguistas no llevan demasiado bien que les digan a qué hora deben volver a casa. Y España es muy dada a organizar fiestas en las que no faltan noctámbulos que hace tiempo perdieron el reloj. En el intenso mundo de la noche balear prosperó Bartolomé Cursach, un empresario que está encausado por una larga lista de delitos que hace sospechar, una vez más, que en este país hubo guerreros que durante años se hicieron millonarios con bula papal. Sin escrúpulos, al margen de la ley e impulsados por las corrientes que generaron la corrupción y las burbujas económicas. El caso es que dos medios de comunicación, Europa Press y Diario de Mallorca, difundieron hace unos meses una noticia que informaba de que la Policía investigaba un presunto fraude a Hacienda del grupo empresarial de Cursach, que, por cierto, el juez descartó hace unos días. A raíz de esta publicación, se inició un procedimiento judicial por un supuesto delito de revelación de secretos que ha provocado la visita de la policía a las redacciones en Palma de Mallorca de estos medios de comunicación.
Estos hechos podrían considerarse como rutinarios, pero no lo son. Principalmente, porque los agentes acudieron a las sedes de estos medios de comunicación con el mandato de intervenir los ordenadores y los teléfonos móviles de los periodistas. “En ambos casos, se pretende y se autoriza el estudio de WhatsApps, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del denominado Caso Cursach y sus derivados”, detalla la orden judicial.
El objetivo del juez era determinar el origen de la filtración de información que dio lugar a la noticia publicada en Europa Press y Diario de Mallorca, ante la sospecha de que la fuente podría haber cometido un delito de descubrimiento de secretos. El problema es que la torpe actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca ha comprometido el derecho constitucional de los periodistas a no revelar la identidad de la persona o las personas que les suministran la información.
La Federación de Asociaciones de la Prensa Españolas (FAPE) emitía un comunicado después de conocer la noticia de los registros en el que expresaba su “rechazo tajante” a la incautación de material ordenada por el juez. Asimismo, recordaba que el secreto profesional no sólo ampara al periodista para que no revele sus fuentes ante los requerimientos de terceros, sino que también protege a la persona que le ha proporciona la información.
Y añadía: "En los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los informadores y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información". En cualquier caso, "no están obligados a revelar quienes le facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrollan su trabajo".
Precedentes peligrosos
Realmente, lo más peligroso de este asunto no es amedrentar a un periodista, sino espantar a sus fuentes, es decir, a las que permiten que trascienda la información de interés público. En este caso, relacionada con el procedimiento judicial que investiga las presuntas corruptelas de un tipo del que los jueces sospechan que expandió su imperio con la connivencia del poder político y de la policía. Esta última, supuestamente engatusada en fiestas en las que no faltaban prostitutas y drogas y alcohol gratis. Lo dicho, en el imperio donde nunca se ponía el sol no faltan juerguistas que utilizan la noche para medrar y dar rienda suelta a sus instintos más bajos y sus corruptelas.
Realmente, lo más peligroso de este asunto no es amedrentar a un periodista, sino espantar a sus fuentes
En cualquier país que saca pecho por proteger las libertades de los ciudadanos chirriaría el hecho de que los jueces hayan enviado en los últimos tiempos a varios contingentes de policías a los medios de comunicación. Sin ir más lejos, acudieron hace aproximadamente un mes a la delegación en Palma de Mallorca de la Agencia EFE –pública- para pedir información sobre el mismo caso, según precisan fuentes internas.
Unas semanas antes, también se personaron en la redacción del periódico digital Moncloa.com, después de que sus periodistas difundieran las famosas grabaciones entre el comisario Villarejo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exjuez Baltasar Garzón. Y, unos meses atrás, también fueron al diario Público después de que publicara los audios del heterodoxo Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, en los que se hablaba de la supuesta existencia de una policía patriótica destinada a buscar las cosquillas –con más o menos rigor- de los políticos independentistas.
En cualquier país que saca pecho por proteger las libertades de los ciudadanos chirriaría el hecho de que los jueces hayan enviado a varios contingentes de policías a los medios de comunicación
Sería absurdo afirmar que el periodismo español es ejemplar. Lamentablemente, sobran ejemplos de cronistas de partido, reporteros de moqueta y editores de instintos sanguinarios que en mitad de la crisis económica cobraban sueldos de siete cifras mientras sus negocios se hundían. Sin embargo, golpes como los que reciben los medios con estas actuaciones judiciales –o los que le han asestado últimamente políticos como Santiago Abascal, cuando sugieren la existencia de una prensa amiga y otra enemiga- no son de recibo.
Un contexto hostil
La aparición de los medios digitales ha complicado la vida al poder, dado que ha hecho más difícil la tarea de ocultar información embarazosa y triturar los documentos que no quiere que se lean. Establecer dependencias era más sencillo con cuatro grandes cabeceras que con una quincena de periódicos con sed de información. También era más sencillo encauzar el debate cuando apenas si participaban en la conversación pública unas cuantas decenas de personas que ahora, cuando lo hacen millones. Por estas razones, los intentos de controlar al que debe ser el auditor del poder y de intimidar a quienes realizan filtraciones periodísticas –hay que recordar las palabras al respecto de Rafael Catalá y de Carmen Calvo- son totalmente reprobables. Y el requerimiento emitido por el citado juzgado de Baleares, intolerable.
Quizá haya quien todavía considere que las juergas no deben tener límites ni dejar resaca. Quizá haya quien piense que los medios ejercen de aguafiestas cuando publican que el Ministerio del Interior pagó supuestamente a un extorsionador para que secuestrara a la familia de Luis Bárcenas hasta que se desprendiera de la información sensible sobre el Partido Popular. O cuando revelan la existencia de una investigación policial sobre un empresario (ojo, Europa Press se hizo eco de su contenido y de su posterior archivo). La realidad es que el periodismo debe denunciar estos escándalos y ningún juez debe dificultar el trabajo de medios como, en este caso, Europa Press y Diario de Mallorca. Por esta razón, el hecho de que un juzgado tenga un teléfono móvil de un informador, con sus fuentes y con su información confidencial, resulta una total aberración.
Qué duda cabe que esta profesión necesita cada vez más reforzar su escudo para parar las embestidas que le pegan quienes la ejercen sin escrúpulos ni decencia, en una búsqueda constante de la víscera, el clic y el share. Pero es fundamental que deje de recibir los golpes de burócratas que, con sus decisiones, no hacen más que ponerle fronteras. En Madrid, en Bruselas...o en Palma de Mallorca.
