¿Tiene un asesino que ha cumplido su pena derecho a que se borre su historial, a que se elimine cualquier rastro del crimen que cometió? ¿Tiene derecho a que no quede huella de su oscuro pasado en internet? ¿Cómo puede un criminal escapar de su temible biografía en una red que te condena a cadena perpetua?
Desaparecer de esa nube es como tratar de huir de un laberinto para el que nadie ha trazado una salida. Es como una trampa en la que caen todas las palabras y de la que nunca se esfuman los restos de sangre. Es como un pozo de agua sin fondo en el que se reflejan la mentira y también la verdad. Internet todo lo recuerda, nada olvida.
Y a pesar de los riesgos de bucear en esas profundidades, es el mar al que -por ejemplo- se lanza un hijo en busca de datos sobre un padre ausente; el mar al que se tira una mujer enamorada para contrastar el currículum de su recién estrenado amante o al que se arroja una empresa antes de contratar a un supuesto empleado modelo que podría esconder algún episodio turbio.
De esas profundidades abismales que conforman el ciberespacio ha intentado huir, sin éxito, José Diego Yllanes. Para que nadie le encuentre. Para que nadie se tope con la atrocidad que cometió siendo un veinteañero. Fue él quien mató a Nagore Laffage un 7 de julio de 2008 en Pamplona. Licenciado en Medicina, de familia bien, de éxito entre las féminas, de vida -hasta entonces- intachable al menos para su círculo. El chaval que lo tenía todo y que lo perdió aquella mañana de San Fermín cuando en su piso golpeó y estranguló a su víctima de forma brutal.
Rectificación u olvido
Todo esto y mucho más es lo que puedes descubrir sobre él si tecleas su nombre en uno de los buscadores más famosos. Y es todo esto lo que él ha tratado que desaparezca de ese otro mundo cibernético una vez cumplida la pena de doce años y medio de cárcel a la que fue condenado por un delito de homicidio. Ha luchado Yllanes por conseguir que Google y la Agencia Española de protección de datos bloquearan varios enlaces a noticias que, según él, recogían falsedades sobre su historial, pero ambas entidades han rechazado su petición y no ha tenido otra opción que recurrir a una vía judicial que le acaba, también, de negar el derecho al olvido. Dice la Audiencia Nacional que, en este caso, prevalece el interés general de los ciudadanos frente a sus datos personales, que el homicidio por el que fue condenado tuvo una especial repercusión, que sigue siendo objeto de atención por parte de los medios y de la sociedad y que podría optar por pedir una rectificación por parte de las publicaciones que incurrieran en algún detalle erróneo, pero en ningún caso al olvido.
¿Hasta qué punto tiene la justicia la potestad de que nadie se olvide de ti? ¿Por qué la historia de unos queda al desnudo en internet y no la de otros tantos canallas, igual o más salvajes, pero desconocidos para el gran público? Como periodista me hago estas preguntas, sí, que pueden resultar terroríficas para una madre a la que le han arrebatado a su hija y para quien no hay amnesia que valga. Porque, si un asesino tiene derecho a eliminar sus antecedentes, ¿en qué memoria se depositaría el dolor de su víctima?
Por más que Yllanes ha querido dejar de ser “el asesino de Nagore Laffage”, lo es y lo será siempre y en ese camino no hay cartel de salida posible. Hoy la justicia recuerda y le recuerda que hay crímenes que no se olvidan, que hay matanzas terribles que nunca borran perfiles abominables, historias escritas con tinta de sangre.
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