Reducción de ministerios. Es una tomadura de pelo que tengamos el Gobierno con más carteras de nuestra historia democrática. Se ha desdoblado alguno de los ya existentes. Y cada ministerio nuevo requiere su cuota de asesores, amiguetes, carguillos de la mamandurria y demás hierbas. Muchos dirán que es el chocolate del loro, pero hay que ver lo que come el pajarraco. A lo largo del confinamiento el Gobierno ha incrementado un 12,5% del crédito presupuestario, no en compra de material sanitario o en contrataciones de médicos, sino en pagar nóminas de asesores y altos cargos. Hasta ahora la partida presupuestaria para tal fin estaba en cuarenta y tres millones de euros, pero con Sánchez llegamos a los cincuenta y cinco. Es de escándalo.
Reducción de administraciones improductivas. Mientras que la tendencia en la UE es reducirla, en España cada vez se crean más y más organismos. Italia, por ejemplo, ha eliminado de un golpe a 230 diputados y a 155 senadores mediante una ley aprobada por todos los partidos. Un tercio menos de los que había, aunque lo que más admiración causa es que hayan sido los propios interesados quienes, en un gesto patriótico y solidario, hayan decidido llevar adelante esa ley. En España contamos, además de la administración central, con las autonómicas, las diputaciones, los consejos comarcales, los cabildos, los ayuntamientos y me dejo muchas. El modelo pesebrista que obliga a disponer de numerosos cargos públicos para contentar a militantes y amigos es imposible de mantener. Lo dice Bruselas desde la anterior crisis y lo repiten hoy con mayor insistencia.
Si existe un gasto superfluo que se debería recortar con premura quirúrgica es el desmadre que supone tener diecisiete autonomías"
Reducción de medios de comunicación de titularidad pública. No tiene ningún sentido que en el complejo mundo audiovisual actual, en el que con un móvil y un canal de YouTube una sola persona puede generar información, cultura, entretenimiento o ficción, existan mastodontes como RTVE, TV3 o Euskal Telebista, con plantillas sobredimensionadas, delegando sus contenidos en productoras externas propiedad de adictos al partido gobernante, con el consiguiente despilfarro. Y todo con el único fin de servir de correa de transmisión al partido dominante. Sale muy caro a nuestros bolsillos.
Finalmente, la madre el cordero. Si existe un gasto superfluo que se debería recortar con premura quirúrgica es el desmadre que supone tener diecisiete autonomías, lo que representa diecisiete parlamentos, diecisiete gobiernos, diecisiete parques móviles o, como se ha visto a lo largo de la pandemia, diecisiete modelos sanitarios, educativos, judiciales, policiales y de gestión que encarecen tremendamente los costos. No hay Estado en la Unión que pueda soportar el lastre de ese modelo creado durante la Transición para contentar a nacionalistas vascos y catalanes y extendido después a todo el Estado. No ha servido para que el ciudadano disfrute de una administración más próxima y eficaz, que es el principio de la descentralización, sino todo lo contrario. El Estado debe recentralizar competencias empezando, verbigracia, por las sanitarias. Y si algún consejero autonómico se queda sin casoplón con piscina, que se joda, que más se joden nuestros enfermos de la covid-19 por falta de medios.
El aparato del Estado hace aguas hace muchos años y solo se mantiene por los políticos que usan y abusan de las gabelas que obtienen del mismo, de las sinecuras que ofrece tanto y tanto despacho que el contribuyente sufraga, cada vez más arruinado. No necesitamos tanto político ni tanta autonomía, lo que se necesitan son más hospitales, más escuelas, más becas, más investigación, más obra pública, más comunicaciones, más inversión en el campo, en defensa, en pymes, más puestos de trabajo, más honradez y más transparencia. Ahí sí que no hay que recortar ni una millonésima parte.
Al resto, decirles eso que se está oyendo tanto estos días: “Está usted despedido”. Por una sola vez, siquiera, convendría que los recortes se aplicasen a los que viven del cuento y no a las clases productivas.
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