Grandísima noticia: la Comisión General de Codificación, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, que va a revisar los delitos sexuales, abusos y agresiones contra las mujeres, con objeto de reformar, si procede, el Código Penal, contará con mujeres. ¡Aleluya!
Iban a reunirse veinte catedráticos y expertos en Derecho Penal, todos varones, y a nadie se le había ocurrido, hay que ver qué despiste, contar con las protagonistas de su estudio, que además son mayoría en el ámbito jurídico. Sólo las protestas de la oposición, especialmente de la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, haciendo referencia, entre otras evidencias, al incumplimiento de la Ley de Igualdad, han hecho que se modificara la exclusiva masculinidad del cónclave. La primera reunión se celebrará el próximo jueves y las propuestas deberán estar redactadas antes del 15 de junio.
Tras enmendarse la situación, se incorporarán a la Comisión mujeres penalistas y de otros ámbitos del Derecho, cuya participación en el órgano consultivo será sólo temporal, y se escuchará, además, la opinión de asociaciones de mujeres juristas y de víctimas de delitos sexuales. Éstas últimas tendrán, seguramente, ocasión de explicar urbi et orbi cuánto jolgorio y regocijo vivieron al ser agredidas, y qué gran excitación experimentaron cuando el o los canallas de turno abusaron de ellas, aportaciones que darán para muchos matices en futuras e hipotéticas sentencias.
Parece imprescindible formar a los jueces en perspectiva de género y sensibilizarles ante la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito familiar como fuera de él"
Algunos sectores profesionales y sociales dudan de la oportunidad de lo que se conoce como legislar en caliente. Los casos de Diana Quer o, más recientemente, de Gabriel Cruz, el niño de Almería asesinado por la novia de su padre, provocaron al día siguiente masivas peticiones a favor de la cadena perpetua (o de esa diferencia casi exclusivamente semántica llamada prisión permanente revisable). Ante la sentencia de La Manada, y la alarma social que, sin duda, ha causado, nos ponemos a pergeñar la reforma del Código Penal, tocado ya 31 veces desde su reforma de 1995.
Cabe preguntarse si no sería más bien el caso de ver qué interpretación jurídica se hace y qué tipos penales se aplican ante situaciones como las descritas y asumidas por la sentencia de La Manada, relatando minuciosamente las vejaciones y agresiones sufridas por la víctima el 7 de julio de 2016 en las fiestas de San Fermín, Pamplona. Parece imprescindible formar a los jueces en perspectiva de género y sensibilizarles ante la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito familiar -en el que ya existen juzgados especializados, con distinto grado de funcionamiento y operatividad- como fuera de él.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que, al convocar a la Comisión General de Codificación, ha anunciado la posible modificación del Código Penal, tendría que modificar también su alegría declarativa, su desparpajo verbal irrumpiendo en la ya magullada separación de poderes de nuestro país, al arrojar sospechas que le han contado, que ha oído sobre Ricardo González, el magistrado del escalofriante voto particular de la sentencia de Pamplona, sin aportar concreción o prueba alguna. El ministro, que en su día fue ya reprobado por el Parlamento, ha tenido ahora la habilidad de echarse encima a todas las asociaciones de jueces y fiscales, sin que ello parezca perturbar mínimamente la imperturbable existencia de su jefe de filas político.
El Código Penal puede acabar sometido a su trigésima segunda reforma en veintitrés años. Bienvenida sea, no obstante, si sirve para clarificar y aquilatar los delitos de agresión sexual a las mujeres. Y si solapa o sustituye con su imperativo legal la falta de sensibilidad de algunos jueces, por cierto no sólo varones.
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