Como dijeron la princesa Leonor y la Infanta Sofía, ‘perdón por colarnos’ con este artículo en el décimo aniversario del reinado de Felipe VI que el Rey superó con una excelente nota, aunque al portavoz de PSOE Patxi López le pareciera simplemente ‘correcta’.
Nos ‘colamos’ en esta efeméride para hablar de un modelo inédito para una ‘Monarquía presidencialista’ porque los graves acontecimientos que hoy invaden las instituciones españolas por causa de la deriva autocrática de Pedro Sánchez, como la Ley de Amnistía, ponen en evidencia importantes carencias (la mala ley electoral, control político de la Justicia y no separación de los Poderes del Estado) del vigente sistema político español nacido en la Transición. El que parece agotado a pesar de los notorios éxitos con los que se superó la dictadura, se recuperaron las libertades y se alumbró la nueva vida democrática tras el sellado de la reconciliación entre los españoles.
Pero la Transición se hizo en aquellas difíciles circunstancias de su tiempo ‘como se pudo y con urgencia’. Mas sin un ‘periodo constituyente’ para la Constitución de 1978 redactada y pactada ‘en secreto’ entre líderes de los partidos políticos y sin un debate previo en el Parlamento, ni en la opinión pública antes de ser aprobada, casi por aclamación, en un Congreso de los Diputados nacido de los comicios legislativos de 1977 y que, ‘de facto’, se autoproclamó ‘constituyente’.
Pero ahora resulta que, por el empeño de Pedro Sánchez de permanecer en el poder a cualquier precio y tras haber perdido las elecciones generales de 23-J de 2023, el que fue consenso constitucional de 1978 ha saltado por los aires al aprobarse una Ley de Amnistía inconstitucional en beneficio, no de la aludida ‘conciliación’ en Cataluña sino de la presidencia de Sánchez y de la amnistía a sus aliados y delincuentes malversadores y autores del golpe de Estado catalán de 2017, el que el Rey Felipe VI denunció en octubre de 2017 en un memorable discurso.
Delincuentes y malversadores
Una amnistía inconstitucional por dos flagrantes motivos: porque de tan excepcional medida de gracia, no contemplada en nuestra Constitución, solo se pueden beneficiar los delincuentes (condenados o procesados) y malversadores del golpe de Estado catalán de 2017 y excluye a cualquier otro delincuente malversador del resto de España. Lo que rompe el principio de ‘igualdad de los españoles ante la ley’ que consagra la Constitución.
Y también porque el propio texto -redactado de chapucera manera por los golpistas- exime de la aplicación y beneficio de dicha Ley de Amnistía a los propios malversadores que se enriquecieron (para dar el golpe) y al tiempo dañaron los intereses de la Unión Europea, amenazando con la independencia de Cataluña. Como lo han denunciado los cuatro fiscales del Tribunal Supremo a los que el Fiscal General ha despreciado, y como muy probablemente lo acordará la Sala Segunda del Tribunal Supremo negando así la aplicación de la Ley de Amnistía a todos los malversadores procesados y condenados en el procés.
No obstante y a pesar de lo que decida el TS se corre el riesgo -salvo que la Justicia de la UE liquide la Ley tras aceptar una ‘cuestión prejudicial’ de los tribunales españoles- que el Tribunal Constitucional declare constitucional semejante esperpento legislativo, por la ‘obediencia política’ a Sánchez de su presidente Conde Pumpido y de varios de sus magistrados pro PSOE. Como el ex ministro de Justicia, Julián Campo, quien pasó directamente desde el Gobierno al TC, como prueba irrefutable de la no independencia judicial y de la fragilidad democrática de nuestra Constitución y ordenamiento jurídico.
En España no se votan a los candidatos sino a las siglas de los partidos. Los que para colmo no acatan la prohibición del ‘mandato imperativo’ que figura en la Constitución
A lo que cabe añadir el hecho flagrante -que muchos ignoran- de que España es el único gran país europeo donde sus ciudadanos no eligen directamente a ninguno de sus gobernantes y de sus representantes. Ni al presidente del Gobierno, ni a los diputados, ni plenamente a los senadores, ni a los presidentes autonómicos, diputados autonómicos, ni a los alcaldes y concejales. Porque en España no se vota a los candidatos sino a las siglas de los partidos. Los que, para colmo, no acatan la prohibición del ‘mandato imperativo’ que figura en la Constitución. Una ley electoral española exactamente contraria a las que imperan en las primeras naciones democráticas europeas de Francia, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, entre otras.
Y a lo que falta por añadir también en nuestro escaso baremo democrático que en España no existe una efectiva separación de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sino solo la separación de sus ‘funciones’ pero no de los poderes en sí. Lo que constituye una aberración política que ha beneficiado a los gobernantes de turno, en sus alternancias respectivas, del PSOE y del PP.
Más cerca de la oligarquía
Todo ello empeorado por la reforma de la inicial Ley Orgánica del Poder Judicial que llevó a cabo Felipe González en 1985, para imponer el reparto del CGPJ entre los dos grandes partidos, eliminado así la primacía del ámbito judicial. Y lo que tampoco quiso rectificar José María Aznar -‘ahora me toca a mí’ vino a decir- cuando llegó al poder en 1996. Y a no olvidar la ocupación de las instituciones ‘medianas’ (CNI, CIS, Efe, RTVE, etc...) por dirigentes del partido en el Gobierno.
El sistema político español está, pues, más cerca de una ‘oligarquía’ o de una ‘partidocracia’ que de una democracia plena. Y hora es que, visto lo que está pasando con el modelo autocrático de Pedro Sánchez, que los españoles (y el PP ahí incluido de especial manera) comiencen a debatir un proceso de ‘refundación democrática’. Incluida la posible instauración en España de una ‘Monarquía presidencialista’ como la que en 1976 le propuso el prestigioso constitucionalista francés del Siglo XX Maurice Duverger al conde de Barcelona don Juan de Borbón en un encuentro organizado en Paris por la Junta Democrática de España. En el que Duverger explicó a don Juan que en una ‘Monarquía presidencialista’, el Rey asume la Jefatura del Estado, pero el presidente del Gobierno sería elegido por sufragio universal de todos los españoles y a ‘dos vueltas’ como en Francia. Además habría elecciones generales legislativas, por circunscripciones, para el Congreso de los Diputados.
Lo que garantizaría, con su propia y singular legitimidad de origen democrático, la separación de los poderes Ejecutivo y Legislativo que debería completarse con plena autonomía del Poder Judicial, y garantías legislativas y económicas para el libre ejercicio de la libertad de prensa, el ‘cuarto poder’, en toda democracia que se precie de serlo.
Impediría que en nuestro país vuelva a ocurrir un ‘golpe de mano’ autocrático como al que ahora asistimos bajo la presidencia de Pedro Sánchez y de su ‘presidencialismo’ autoritario
Una reforma democrática y de la ley electoral y para la efectiva separación de los Poderes del Estado requiere de un gran pacto nacional entre el PSOE y el PP (hoy inimaginable con Sánchez) que garantizaría la presencia de España en el club de excelencia democrática de Occidente y la estabilidad de la Monarquía, amparada por las nuevas y reforzadas instituciones.
Pero, sobre todo, impediría que en nuestro país vuelva a ocurrir un ‘golpe de mano’ autocrático como al que ahora asistimos bajo la presidencia de Pedro Sánchez y de su ‘presidencialismo’ autoritario. Del que disfruta gracias a la compra de votos a los partidos nacionalistas golpistas a los que Sánchez les ha concedido indultos y una fraudulenta ley de amnistía. Y a los que ahora pretende entregarles las llaves de la unidad fiscal española -más desigualdad- en el solo beneficio de Cataluña y para que Salvador Illa del PSC presida la Generalitat y Pedro Sánchez pueda agotar la legislatura, con algunos pagos añadidos de por medio en beneficio de estos partidos que incluyen la ruptura de la unidad de España como su objetivo principal.
Una quimera imposible parece, por más que se nos antoje necesaria, la ‘refundación’ del sistema político español pero los hechos demuestran que algo importante hay que hacer en beneficio de todos y cuando antes mejor.