Están clavadas dos cruces en el monte del olvido cantaba Antonio Molina y en la misma línea figuraba la regeneración que se disponen a aplicarnos desde el Gobierno a los jueces y periodistas que aún se resisten a bailar al son del pandero monclovita. Repasemos, el anuncio de que iban a regenerarnos se hizo el lunes en la reunión de la interparlamentaria socialista; los acuerdos pertinentes para aterrizarlo, como ahora se dice, se adoptaron en el Consejo de Ministros del martes; y los primeros ecos estarán resonando el miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados, durante la sesión de control con preguntas orales al presidente y a los demás miembros del Gabinete de coalición progresista. Pero, que nadie se alarme con barruntos extravagantes, dado que, como escribió Julio Cerón el 8 de abril de 1985 en el diario ABC (Colección Pluma Rota. Ediciones Libertarias, Madrid), “La ley de la gravedad no es nada en comparación con lo que nos espera”.
O sea que el Plan de Acción por la Democracia que desde Moncloa se vende como si se tratara de reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información queda carente de sentido excepto el de amedrentar a medios y periodistas
En un diario que sería injusto tachar de hostil al Gobierno, el periodista al cargo de estos asuntos escribía con conocimiento de causa que “el plan de regeneración del Ejecutivo de Pedro Sánchez impondrá la transparencia sobre la propiedad de los medios y la publicidad institucional”. O sea, que María Cristina nos quiere gobernar y esa pretensión pudiera hacer que el tiro le saliera por la culata, porque terminara descubriéndose dónde anidan los amigos del Gobierno y en qué medios informativos tienen puestas todas sus complacencias. Aunque se cumpla siempre la viñeta de El Roto publicada en El País a tenor de la cual “Todo elogio es insuficiente; toda crítica, excesiva”. Sucedería también que los posibles inversores que hasta ahora se han movido en la opacidad si se vieran al descubierto tenderían a retraerse temiendo que si pasara a ser del dominio público su participación en la propiedad de un medio, infundiría sospechas a sus clientes o usuarios de orientación diferente además de facilitar el ejercicio de presiones al medio por parte del poder Ejecutivo.
Respecto al propósito de propugnar la transparencia en materia de “publicidad institucional” se trata de algo al alcance del Gobierno, que tiene en su mano la operación aritmética de sumar toda la de procedencia ministerial o remitida por empresas públicas o participadas en porcentaje significativo por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Y a simple vista se advierte que el monto económico que representa esa publicidad en cada medio informativo es directamente proporcional a la proximidad de su línea informativa y editorial con el Gobierno. O sea que el Plan de Acción por la Democracia que desde Moncloa se vende como si se tratara de reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información queda carente de sentido excepto el de amedrentar a medios y periodistas. Continuará.
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