Desde mediados del año 2021 venimos sufriendo diversos shocks que están afectando profundamente a las economías del mundo. La súbita recuperación tras lo peor de la pandemia, las disrupciones provocadas por esta y otros factores acaecidos durante dicho ejercicio presionaron los precios de no pocas materias primas y productos básicos que alentaron la subida de la inflación.

Sin embargo, no cabe duda de que en el inicio de este curso un evento ha venido a exacerbar este hecho, y que no es otra que la invasión rusa de Ucrania. La inmediata subida de precios asociados a los productos energéticos, ciertos alimentos o insumos como son los fertilizantes, han insuflado brío en esta escalada de la inflación de tal modo que buena parte de los países occidentales han acariciado los dos dígitos en este indicador.

La consecuencia más importante de estos últimos eventos es que lo que inicialmente vendría a ser un shock asimétrico de precios temporal amenaza con trasladarse hasta los tuétanos de unas economías que habían perdido todo atisbo de recuerdo de lo que era un episodio inflacionista. El enorme riesgo que corremos es que esta subida de precios termine trasladándose a las mismas expectativas de los agentes. Estos efectos de segunda ronda serán tanto más probables cuanto más duren estos shocks y más nos acostumbremos por ello a ver cifras desorbitadas en nuestras tasas de inflación.

Es el motivo por el que inmediatamente, al corroborar que tras la invasión la inflación tardaría aún un tiempo más en normalizarse, no pocos economistas y responsables políticos, así como numerosas instituciones hayan demandado una política de rentas. El objetivo es evitar que una inflación temporal se transforme en una permanente, iniciando así un oscuro proceso de retroalimentación que acabe en una estanflación cuya única resolución será la de crear una recesión dura e intensa para combatirla.

Mientras los salarios (también los públicos, aunque queramos pensar lo contrario) apenas suben del 2,5 %, las pensiones amenazan con subidas muy superiores, lo que resultaría difícil de entender

Pero todo pacto de rentas debe ser trasversal, incorporando sin excepción a todas aquellas que son tanto negociadas como determinadas por ley. Entre ellas tenemos sueldos y salarios, márgenes empresariales y sus derivadas en dividendos y beneficios repartidos, rentas diversas y, también, por supuesto, las pensiones.

Y en este caso, los ajustes van por barrios y el riesgo de una traslación de los costes asimétricos entre los agentes es elevado. Así, por ejemplo, mientras los salarios (también los públicos, aunque queramos pensar lo contrario) apenas suben del 2,5 %, las pensiones amenazan con subidas muy superiores, lo que resultaría difícil de entender.

En cuanto al control de los márgenes, este se antoja más complicado. Según algunos análisis aparecidos en estas semanas se señala a estos como causantes de buena parte de la inflación observada, por lo que indudablemente debería entrar en la negociación. Sin embargo, sin indicadores para los márgenes como sí tenemos para los salarios, estos análisis son indirectos y agregados (datos de contabilidad nacional), lo que no permite realizar un análisis fino para comprender su evolución. En mi opinión resulta complicado aceptar que estemos ante un aumento de precios generalizados por aumento de márgenes por el conjunto del tejido productivo. Y es que la subida de los precios no energéticos, a pesar de aumentar en estos últimos meses, no encajaría con la idea general descrita. Es decir, que parte de la subida del coste energético y de otros insumos se han absorbido por un ajuste en buena parte de los márgenes empresariales. En todo caso, y hasta dentro de un tiempo, no lo podremos saber.

Los márgenes de las eléctricas

Dada que la naturaleza "descentralizada" y multicausal de la determinación de los márgenes empresariales no son fácilmente domesticables, resulta complejo limitarlos dentro de un pacto de rentas. Frente a ello, la mejor opción que tenemos son ciertas políticas de fomento de la competencia. Así, y por poner algunos ejemplos, se debe hablar en el pacto de simplificación de la regulación, de la eliminación de barreras de entrada, de limar posiciones de poder de mercado en sectores como la distribución o las grandes tecnológicas, o favorecer la unidad de mercado.

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, sí existe una parte de esos márgenes que sabemos que han experimentado un aumento extraordinario en estos meses y que, en consecuencia, han jugado un papel crítico en la evolución de la inflación reciente. Hablo de los márgenes de las eléctricas.

Buena parte de la subida de precios está asociado a una clara transferencia de rentas entre ciudadanos y empresas no energéticas (sus márgenes caen) hacia otras cuyos márgenes se disparan

Como sabemos, pagamos toda la luz que consumimos a precios de una tecnología minoritaria, pero más cara, como es la del gas. Esto genera beneficios caídos del cielo, donde tecnologías como la nuclear, la hidroeléctrica e incluso las renovables al entrar al mercado lo hacen con unos costes medios muy inferiores al precio recibido y marcados por el coste marginal del gas. Esto genera dos efectos que están profundamente ligados en un escenario de precios del gas disparados: los márgenes de las grandes eléctricas se disparan mientras que la inflación hace lo propio. Dicho en otras palabras, buena parte de la subida de precios está asociado a una clara transferencia de rentas entre ciudadanos y empresas no energéticas (sus márgenes caen) hacia otras cuyos márgenes se disparan. No nos olvidemos, además, que pagamos CO2 por tecnologías que no emiten, una consecuencia más de un mercado marginal donde una tecnología muy diferente marca el precio. Para un análisis amplio sobre estas cuestiones aconsejo leer los diversos análisis de Natalia Fabra (U. Carlos III), Pedro Linares (U.P. Comillas) o la serie de columnas de Luis Puch (UCM) y Antonia Díaz (U. Carlos III) en Nada es Gratis.

El tope al gas

Y es que, según cálculos realizados por la propia Natalia Fabra presentados en un seminario del Banco de España en septiembre de 2021, la sobre-retribución anual de nucleares e hidroeléctricas podrían suponer, con un precio medio de la luz de 150 €/MWh, de entre nueve mil y algo más de once mil millones según el método de cálculo. Piensen que ahora estamos en una media de 200 euros y que ahí no están incluidas renovables. No se extrañen que, si se hicieran esos cálculos incorporando tecnologías y nuevos precios dicha sobre-retribución supere con creces los 20 mil millones anuales y que incluso se acercaran a los 30 mil millones. Estamos hablando de entre un 1,6 y 2,4 puntos porcentuales del PIB español. Es decir, si queremos hablar de pactos de rentas y queremos luchar contra la inflación en el centro del debate no debemos dejar de hacerlo sobre estos beneficios caídos del cielo. El tope al gas que entra a funcionar esta semana, no sin un retraso que lo ha debilitado, podría ser un buen inicio, aunque no suficiente.

En resumen, podemos estar exigiendo a los diferentes agentes que contengan sus ansias de recuperar su poder adquisitivo perdido porque sabemos que ante un shock asimétrico de precios no es posible; solo llevaría a elevar el coste de un ajuste necesario. Pero lo que no es menos cierto es que no podemos pedirles a unos que lo hagan y a otros que no lo hagan. Los pensionistas están en el centro de este debate, pero no debemos olvidar que buena parte de la inflación actual ha sido fabricada en un mercado eléctrico con tecnologías muy diferenciadas y que con precios del gas desorbitados generan una transferencia de rentas que empobrece a una buena parte de la sociedad sobre-retribuyendo a la otra. Esto, en mi opinión, es crítico entenderlo.

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