Aquel rescate bancario que no iba a costar “ni un euro al contribuyente”, según se afirmó con reiteración desde el Gobierno Rajoy en 2012 para frenar el espanto producido por la petición a la UE de una línea de crédito de hasta 100.000 millones para recapitalizar a la banca española, nos va a salir por un pico. El lunes, el Tribunal de Cuentas (TC) dio una primera aproximación al “negocio” asegurando que, a diciembre de 2015, el coste del proceso de reestructuración de las antiguas Cajas ascendía a 60.718 millones, de los que 41.786 han sido aportados por el FROB y 18.932 por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de la banca, aunque el TC eleva hasta los 122.122 millones el total de recursos “comprometidos” en el rescate por el Estado y el sector. La cifra real de lo perdido por los contribuyentes sigue siendo un misterio que no se desvelará, en el mejor de los casos, hasta que el Estado no privatice el 65% que sigue teniendo en Bankia y en BMN (antigua Caja Murcia) y se liquide la Sareb (el banco malo). En todo caso, el Tribunal se atreve a realizar un cálculo de lo que se podría perder en el proceso si se cumplen las previsiones actuales, elevando la suma final a unos 41.800 millones tras alambicada sumas y restas capaces de marear al más pintado. Como es de imaginar, las cifras del TC no coinciden con las que expide Economía o el Banco de España (BdE). Un galimatías que, en todo caso, se resume en una frase: una ingente cantidad de dinero. Una vergüenza de dinero.
Lo escandaloso de las cifras ha movido a Ciudadanos y Podemos (el PSOE, tan culpable como el que más, ha decidido adherirse, faltaría más) a pedir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para ver cómo ha sido posible tal disparate, cómo se ha podido llevar a cabo una estafa de tales proporciones y perpetrada por tanta gente: los gestores colocados a dedo en la cúpula de las Cajas por el político correspondiente; obviamente los propios partidos, patronal y sindicatos, y naturalmente las instituciones supervisoras que en teoría debían controlarles, con el BdE a la cabeza. Hace casi 5 años, cuando en mayo de 2012 se procedió al rescate de Bankia tras el escándalo de las preferentes y la salida a bolsa, UPyD pidió en solitario al resto de grupos que apoyaran la creación de esa comisión. Todos se negaron sin excepción. Incluso un tal Garzón, entonces en IU, que tanto se indigna ahora desde la obediencia a Podemos. IU no podía apoyar la iniciativa porque también había estado chupando del bote de Cajamadrid, primero, y de Bankia, después. También había tenido su parte en el pastel de las black. Fue la constatación de que la vía política estaba cerrada a cal y canto lo que llevó a UPyD (con el diputado Andrés Herzog a la cabeza) a presentar una querella ante la Audiencia Nacional (AN) para tratar de esclarecer lo ocurrido.
UPyD pidió al resto de grupos que apoyaran la creación de una comisión de investigación. Todos se negaron sin excepción. Incluso un tal Garzón, entonces en IU
Con Bankia como quintaesencia del affaire, los imputados en el caso de las tarjetas black (el chocolate del loro comparado con las cifras milmillonarias del rescate) han pagado ya un alto precio en términos de censura social, al punto de que para la mayoría de ellos la condena final vendrá a suponer una especie de liberación. Sin embargo, los responsables del Banco de España, FROB incluido, la “policía” del sistema financiero, están a punto de irse de rositas con el apoyo, activo o silente, de una clase política y judicial que se niega en redondo a sentarlos en el banquillo. Tan cerca como este jueves, el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), uno de los grandes responsables, aunque no el único, del desastre, escribía artículo en El País (“La inaplazable reforma del Parlamento”) para enseñarnos a mejorar el funcionamiento de nuestra democracia representativa. Él siempre dando lecciones, al amparo de Cebrianes, Estefanías y demás sedicentes elites de izquierda, siempre prestas a proteger con un muro de silencio las tropelías de los amigos. La patente de impunidad de la progresía ilustrada. “Las políticas que aplicamos en España son peores que las de otros países avanzados y esto explica que tengamos muchos problemas que ellos no tienen, o los tienen en menor grado”. Con un par. ¿Alguien se imagina un artículo de Miguel Blesa en El País hablando del ahorro de costes en una Caja?
Las incontables maniobras dilatorias de los actuales responsables del BdE (con Luis María Linde, nombrado por el Gobierno del PP, a la cabeza) para aligerar la carga de los gestores imputados y eximir de responsabilidad judicial a los antiguos mandos, todos o casi filosocialistas, del caserón de Cibeles (el citado MAFO; Javier Aríztegui, exsubgobernador y presidente de la Comisión Rectora del FROB; Jerónimo Martínez Tello, ex director general de Supervisión, como más notorios, más el expresidente de la CNMV Julio Segura, y su número dos entre 2008 y 2012, Fernando Restoy, después subgobernador del BdE con Linde de 2012 a 2016, y a partir de enero premiado con un buen puesto en el Banco Internacional de Pagos de Basilea) vienen a poner en evidencia la corrupción institucional y la pobre calidad de nuestra democracia. El problema es que si no se sienta en el banquillo a la cúpula del Banco de España también se irán de rositas los gestores de las Cajas, con Rodrigo Rato y José Luis Olivas a la cabeza, que podrán argumentar con razón que todas sus decisiones (tal que la emisión de preferentes y la salida a bolsa de Bankia) gozaron de la autorización del supervisor. Desaparecida UPyD, Herzog intenta mantener viva la denuncia ante la AN con el respaldo de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) y casi nulos recursos.
El Banco de España sigue negando información al juez
Casi cinco años después del inicio de la instrucción, el juez Fernando Andreu sigue reclamando al BdE información esencial para el esclarecimiento de lo ocurrido, que desde Cibeles le niegan o le escatiman. Esta misma semana y en providencia dirigida al gobernador Linde, el magistrado reclama el acta de la reunión de la Comisión Ejecutiva del banco en la que se autorizó a las cajas que dieron lugar al SIP de Bankia a cargar contra reservas (y no contra la cuenta de resultados) los deterioros detectados en el ejercicio de 2010, lo que significó consumir casi el 51% del patrimonio conjunto de las Cajas fusionadas contabilizado hasta 2009, equivalente a la friolera de 15.046 millones. El responsable de la Dirección Financiera y de Riesgos de Cajamadrid, Ildefondo Sánchez Barcoj, dirigió una carta al gobernador MAFO proponiendo tan peculiar arreglo contable, y MAFO dio su visto bueno, amaño que permitió a Rato dar beneficios, cobrar el bonus de fin de año (él y el resto de la cúpula), y pagar los intereses de las preferentes. En definitiva: descapitalizar gravemente a las entidades. Un episodio nuclear en el desastre de Bankia.
¿Alguien se imagina un artículo de Miguel Blesa en El País hablando del ahorro de costes en una Caja?
Por si no hubiera sido suficiente el informe de los peritos (inspectores del BdE), designados por el juez, Antonio Busquets y Victor J. Sánchez, que en diciembre de 2014 concluyeron que las cuentas de BFA-Bankia correspondientes al ejercicio 2011 contenían “errores contables y no reflejaban la imagen fiel de la entidad” (informe ratificado por el complementario por ellos elaborado en marzo de 2016), el caso dio un vuelco el pasado 5 de septiembre con la declaración en calidad de testigo de José Antonio Casaus, máximo responsable (inspector de “cabecera”) de la inspección sobre el terreno de BFA-Bankia, el cual reveló la existencia de 4 correos electrónicos dirigidos a sus superiores en los que advertía de la inviabilidad de Bankia antes de la salida a Bolsa, que han venido a confirmar el cabal conocimiento que MAFO y sus adláteres tenían sobre la verdadera situación patrimonial de la sociedad y sobre las graves consecuencias que iba a acarrear la operación de salida a bolsa, tanto a los titulares de subordinadas y preferentes como a los propios accionistas, y finalmente del “quebranto al contribuyente”. Tales correos desmontan, además, el argumento del “sesgo retrospectivo” (no era posible prever el fiasco registrado en el parqué) esgrimido tanto por el BdE como por los Rato y compañía. Con base a esa declaración, la acusación popular (Herzog, en nombre del sindicato CIC) presentó escrito el 19 de octubre pasado pidiendo la imputación del tantas veces citado MAFO y su claque.
Sorpresa mayúscula, o no tanto, porque el 28 de noviembre el juez Andreu rechazó la pretensión, calificando los correos desvelados por Casaus de “reflexiones transmitidas de manera informal” y de meras “opiniones personales”. Para el magistrado, solo tienen valor los “informes de seguimiento, en donde se expresa, con el debido rigor, el resultado del trabajo de la Inspección del Banco de España desplazada a Bankia”. Quien estos suscribe lleva denunciando, desde antes incluso del estallido de la burbuja financiera, las prácticas de los responsables del antiguo banco emisor -antes, durante y después de MAFO-, para constreñir, limitar o incluso obligar a cambiar bajo presión los informes de situación redactados por los inspectores al terminar su labor fiscalizadora en las entidades. La fórmula más habitual consistía en promocionar a los dóciles, los que se avenían a firmar el documento que la superioridad les ponía delante, y en condenar al ostracismo a quienes se negaban a cambiar una coma. Solo esto explica en gran medida las razones de la quiebra del sistema de Cajas, cuyos gestores, con el apoyo del partido de turno, pudieron incursionar con casi total impunidad en todo tipo de operaciones especulativas, casi todas relacionadas con el ladrillo, cuyo final conocemos de sobra. Es el caso de Pedro Comín (para quien también se pide la imputación), destinatario de los correos de Casaus como Jefe de Grupo que era a cargo de la supervisión de Bankia en el momento de su salida a Bolsa, quien, tras diversas promociones, es hoy director general adjunto de Supervisión. Un tipo que hará carrera.
Prevaricación por omisión
En poder del juez obra, entre abundante documentación del mismo tenor, el Informe de Seguimiento de 21 de diciembre de 2011, en el que el equipo de inspección del BdE considera que “la solvencia del grupo BFA-Bankia debe ser calificada de mala”, critica la “falta de coraje” y denuncia a los gestores por “anteponer sus propios intereses a los de la entidad, en especial respecto a las “excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones”, para concluir que Bankia “no podrá devolver las ayudas aportadas por el FROB” (nada menos que 4.465 millones). Ello en diciembre de 2011, siete meses antes de la salida a Bolsa (julio 2012), y con MAFO al frente del BdE desde julio de 2006. La conclusión es obvia: los organismos supervisores conocían al dedillo la verdadera situación de Bankia desde su creación, no obstante lo cual siguieron autorizando todas y cada una de las decisiones adoptadas por sus gestores: la creación del SIP, la segregación de activos, la recompra de preferentes, las políticas retributivas, la salida a Bolsa… ¿No estamos, pues, ante un caso de cooperación necesaria en los mismos ilícitos penales que se imputan a Rato y Cía? ¿Por qué para el juez reclamar la imputación de MAFO y sus cuates es “una criminalización de decisiones erróneas”, mientras no tiene empacho en empapelar al auditor (tanto Deloitte como su socio), a quienes ha colocado la etiqueta de “investigados”? ¿Alguien lo entiende?
En su auto del 28 de noviembre, el juez Andreu reprocha además a la acusación popular el que “omita referir el título de imputación que pretende se haga recaer sobre los citados investigados, es decir: se omite especificar cuál es el delito cuya comisión les atribuye”, una afirmación sorprendente por cuanto en nuestro sistema procesal la “determinación de los hechos punibles” viene establecida al final de la fase de instrucción, y ello porque la imputación de una persona sospechosa de conducta criminal no requiere más que una mínima base indiciaria. Para salvar el escollo o subsanar el error, en recurso de apelación presentado el 7 de diciembre al Juzgado Central de Instrucción nº 4, la acusación popular habla de “complicidad omisiva” de los responsables del BdE derivada de su posición de garante del correcto funcionamiento del sistema (el banco central dispone de un régimen disciplinario y sancionador que puede llegar hasta la intervención de las entidades y el relevo de sus administradores), haciendo concreta referencia al delito supuestamente cometido: prevaricación por omisión. ¡Ahí la tienes, Fernando Andreu, báilala! A estas alturas de la película, está muy claro lo que pasó en la quiebra de las Cajas, y no sería de recibo que los responsables de semejante atraco al contribuyente se fueran de rositas, o solo pagaran la cuenta una parte de ellos. Hay que pedir un gesto de valor al juez, y exigir a nuestra dirigencia voluntad política bastante para afrontar lo ocurrido y sentar en el banquillo a los MAFOS, todos, que participaron en tan escandalosa estafa. Un simple ejercicio de democracia.
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