Pido a Margarita Robles que resista, que aguante. No lo ha dicho el ministro del Interior, el presidente del Gobierno o miembros del Ejecutivo de coalición. Quien ha pronunciado esta frase es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por el caso del espionaje a independentistas catalanes. Sorprende que lo haga un líder de la oposición y que no se escuche, con declaraciones públicas y notorias a su propio Gobierno, incluidos los del bloque de Podemos. Pedir explicaciones y fiscalizar el funcionamiento de las instituciones del país es de demócratas, pedir que rueden cabezas sin más y reclamarlo desde el seno del propio Gobierno del que forma parte, como ha hecho Ione Belarra, choca con las mínimas formas de respeto y lealtad que deberían brillar en política.
Las declaraciones definen a las personas. Mientras que en el escándalo de las comisiones por las mascarillas, el alcalde de Madrid defiende a muerte al cargo administrativo del Consistorio que hizo la gestión, en el caso del espionaje han abandonado a su suerte a la ministra Robles. La han dejado sola. Ella misma ha asegurado que muchos de los que hablan se quedarían asombrados si conocieran la información clasificada. Desde las tribunas, del Congreso y del Parlamento catalán se lanzan declaraciones de uno y otro color en base tan sólo a una información periodística, cuando deberían esperar a que el asunto se trate en la Comisión de Secretos Oficiales que no funciona desde el 2019, pese a que debería reunirse cada seis meses, cuya misión es que los grupos parlamentarios fiscalicen la labor de los servicios de inteligencia.
La misión del CNI es la de proteger nuestra seguridad y los políticos deben velar porque así sea. Y debe hacerse sin ningún tipo de sectarismo ni de introducir vetos
Además, quienes participan en dicha comisión firman un compromiso de confidencialidad, penado bajo ley en caso de incumplirlo. Por ello, pese a que la titular de Defensa ha demostrado nuevamente su capacidad como magistrada al insistir por activa y por pasiva en que todo lo que hace el CNI lo hace cumpliendo la ley, cabría esperar que, además de su comparecencia voluntaria ante el Congreso, se produjera una intervención conjunta de las tres carteras con responsabilidades en la materia -Interior, Defensa y Justicia-, y que se acaben los vetos, se forme la comisión y se estudie el caso en el ámbito que la ley señala.
Comprensible es que en medio de una pandemia puedan dejarse apartados aspectos fundamentales del engranaje del Estado de derecho pero no es admisible la parálisis total. Se deben dar explicaciones donde corresponde, ante los representantes que se señale, de acuerdo con la normativa vigente, bajo el estricto cumplimiento de no revelar ningún tipo de información. La misión del CNI es la de proteger nuestra seguridad y los políticos deben velar porque así sea. Y debe hacerse sin ningún tipo de sectarismo ni de introducir vetos a determinadas fuerzas políticas. Pónganse a trabajar que falta hace. Por ahí hay una mesa de diálogo que acumula ya toneladas de polvo, los meses pasan y el parón político del verano está a la vuelta de la esquina. Cuídense.
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