La XV legislatura se inicia con la investidura de Sánchez "comprada" a los enemigos declarados de España, y su continuidad en el tiempo hipotecada, por contrato público y oculto, para el cambio de régimen político. Primera fase: ley amnistía, esto es, impunidad para sus socios, delincuentes condenados por sentencia firme contra el orden constitucional que debían defender. Sabe que no puede justificarse democráticamente dentro del orden constitucional (así lo había dicho antes) porque rompe la integridad del Estado de Derecho, la igualdad de todos los ciudadanos, la independencia judicial y la seguridad jurídica. Ahora, para justificar lo injustificable, propala el relato falaz del reencuentro para tranquilizar a adictos y cazar a ingenuos. Cuando se apruebe y, previsiblemente, el TC con mayoría “progresista” haga una interpretación conforme que la valide,” -a no ser que el Sánchez en mitin lo consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendremos la primera ley habilitante del nuevo régimen autoritario. Sin cambiar la Constitución porque no puede, quedará fosilizada, mutatis mutandis, como la de Weimar por el nuevo orden nazi. En nuestro caso, por el nuevo orden progresista que instituye la arbitrariedad sin más límites que los que el poder establezca según sus intereses, sorteando los principios y valores constitucionales con argucias de leguleyos. Así la democracia real es cancelada por otro régimen sociopolítico de perfil totalitario.
Mientras la ley de amnistía sigue su proceso legislativo urgente y sin contrapesos, Sánchez abre la segunda fase: el PSOE entrega Pamplona a Bildu, partido de ultra de izquierda, secesionista con historial y vínculos con el terrorismo etarra (853 asesinados, 3.500 atentados, miles de víctimas y 379 casos de asesinatos sin resolver. Informe del Comité de Peticiones del Parlamento europeo, 21.04.2022). Y la tercera: mete a los enemigos del Estado en la Comisión de Secretos Oficiales.
Todo va muy rápido. Sánchez va autorizando la sucesión de los escándalos destructivos, que no ha hecho más que empezar, en una secuencia calculada para que sus socios le sigan votando. Así las cosas, interesa verlo en perspectiva: de dónde viene el PSOE y adónde nos conduce.
Hacia un poder autocrático
El PSOE de la Transición mutó del marxismo revolucionario a la socialdemocracia, pero ahora con Sánchez, amparado por Zapatero, vuelve a sus orígenes revolucionarios. Antes, con Largo Caballero estaba por la revolución bolchevique contra la República con arreglo al modelo revolucionario de la primera mitad del siglo XX: revoluciones generadoras de guerras civiles, que asolaron Europa de muerte y destrucción, como la guerra civil francesa de la Comuna de París (1871) durante la Tercera República, las dos revoluciones rusas (1905 y 1917), la guerra civil española (1936-1939). Ahora, con Pedro Sánchez, está por una revolución postmoderna contra la Nación española y los valores superiores de la Constitución. Consiste en la transformación desde el poder democrático hacia un poder autocrático, manteniendo ciertos formalismos democráticos, como las elecciones, pero condicionadas por redes de poder clientelar, uso político del dinero público (subvenciones, red calculada de beneficiarios), y propaganda progresista a través del uso partidista de las instituciones y el control ideológico de los medios. Responde a una estrategia de control para amoldar el marco mental de la población a una realidad fluida, que se construye al toque de los intereses cambiantes del poder como estamos viendo. Cumple una función de hegemonía ideológica para perpetuar la dominación.
Este modelo es real; se ha implantado, por ejemplo, en países hispanoamericanos, donde según The Economist el 98% de los ciudadanos no viven en una democracia completa; sólo se salvan Uruguay y Costa Rica. Otro caso notorio es la pseudodemocracia rusa de Putin.
Una masa social adicta
En Cataluña tenemos otro ejemplo de democracia defectuosa: Pujol instauró un régimen autoritario durante más de 20 años: el nuevo orden nacional-separatista, contrario al orden constitucional. Con el poder cedido por el Estado, dinero y propaganda nacionalista en los medios públicos y subvencionados, amoldó el marco mental de una masa social adicta, nutrida de supremacismo(som una nació mil·lenària sotmesa a un Estat repressor), victimismo (l’Estat nos ens entén...ens roba...) y un enemigo como cohesionador interno (Espanya és l’enemic). Máquina eficaz para gobernar incluso en minoría (en 44 años sólo ha habido tres mayorías absolutas, las de Pujol entre 1984 y 1992). No obstante, desde 1980 el nacionalismo antiespañol ha mandado siempre con pactos de distintos collares (CIU, PSC, ERC, ICV, Junts). Este ha sido el paradigma de las élites políticas y económicas catalanas desde el siglo XIX: imponer su voluntad, vivir del privilegio por cesión del Estado y a costa de los españoles. Los otros ciudadanos quedan fuera del nuevo orden instaurado y sufren las consecuencias de exclusión.
Sánchez, calculador y adicto al poder, está haciendo con España lo que los nacionalistas catalanes han hecho durante décadas. La implantación del nuevo orden progresista exige patrimonializar el poder, imponer su voluntad y hacer imposible la alternancia política. No hay día que no hurgue en la división entre PP y VOX: criminaliza a VOX y culpa al PP. El PP se defiende y ahonda la división (divide et impera).
Sánchez aprendiz de sus socios nacionalistas usa el victimismo contra VOX y PP: lo que para el progresismo es odio de la derecha (v.g. declaraciones de Abascal en Argentina), para la ultraizquierda sanchista es libertad de expresión (v.g. dirigentes del PSOE: guillotina para Rajoy; dirigente comunista: ejecutar al Rey…; ministra del PSOE: colgar a Esperanza Aguirre de la catenaria).
Sánchez lleva mal la pérdida de poder autonómico y local; ve que los ciudadanos han normalizado los pactos entre PP y Vox en regiones y municipios, por eso arrecia su control del poder estatal, amplia la red clientelar con dinero público, y la propaganda del supremacismo progresista es omnipresente en los medios públicos y controlados con subvenciones. Se afana en consolidar un muro o foso de separación entre bloques, consolidado en Cataluña y País Vasco, se quiere imponer en España, y también en la UE como pudimos apreciar el pasado 13 de diciembre en la última comparecencia de Sánchez en el Parlamento Europeo.
La estrategia es nítida: adopta el “triángulo de hierro” de los nacionalistas para afianzarse en el poder: supremacismo progresista, victimismo, y un enemigo externo criminalizado, PP y Vox, reducido a un papel vicario, sometido a la hegemonía del nuevo régimen.
El PP puede mejorar las expectativas electorales, pero necesitará a Vox. Han de ser capaces, sin complejos, de pactar un programa básico común y ofrecerlo a los ciudadanos como alternativa
Lo que dure esta legislatura será para implantar el nuevo orden progresista, esto es una revolución postmoderna antidemocrática. Su tolerancia con la violencia terrorista (blanquear a Bildu ¾terroristas en listas electorales¾, y Junts ¾Tsunami democràtic¾) les conecta con su historia revolucionaria de los años 30 del siglo pasado, así como el acoso y fiscalización a la judicatura como hizo el Frente Popular en 1936. Su avance dogmático en todos los frentes (político, jurídico, social y cultural) va degradando la democracia constitucional. El deterioro ya es notable. Veremos hasta dónde llega el poder de esta deriva totalitaria en el marco de la UE.
Reconstruir las condiciones de una democracia liberal plena es el reto si queremos una España de ciudadanos libres e iguales, fuerte y competitiva. Es necesario que los valores superiores del ordenamiento constitucional (libertad, igualdad, justicia y pluralismo) vuelvan a guiar y ser decisivas en todas las instituciones del Estado, autonomías y ayuntamientos.
Es bien sabido que es más difícil reconstruir y enmendar lo que se ha roto o estropeado. Por eso son necesarias para este fin las sinergias entre fuerzas políticas y sociales. El PP puede mejorar las expectativas electorales, pero necesitará a Vox. Han de ser capaces, sin complejos, de pactar un programa básico común y ofrecerlo a los ciudadanos como alternativa. Y no cometer errores.
La capacidad de movilización ciudadana de las organizaciones sociales es un activo para el cambio democrático, pero deben unirse en una plataforma con propuestas básicas ordenadas en un Manifiesto común.
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