Me gustó el discurso navideño del Rey. En la forma y en el fondo. Me gustó su elegancia al no citar nombres propios. Sin menoscabo de su claridad en la exposición de las ideas-fuerza de su alocución: “La preservación de los valores éticos sin excepción”, “por encima de las circunstancias personales y familiares”. Su apuesta por la renovación. La Nochebuena no es el momento idóneo para meterse en honduras. Aunque Felipe VI deberá hacerlo según transcurran los procedimientos que afectan a su padre (e incluso a no mucho tardar y con independencia de las peripecias administrativas o judiciales que atraviese Juan Carlos I). Lo hará por puro instinto de conservación, por el bien de la Corona y del futuro de sus hijas. Y porque ayer no me pareció ajeno a la estabilidad que España necesita en medio del griterío que predomina en las cuatro esquinas del país. Y, por supuesto, el futuro social de España no dependerá exclusivamente, en modo alguno, de lo que haga el Rey. Hay otros protagonistas de mayor peso.
1.- Lo que el Rey no puede hacer
El Rey reina pero no gobierna. El Rey, más que una persona de carne y hueso, es un fetiche. Es el símbolo de la permanencia y unidad del Estado. El Rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Sin embargo, políticamente es un convidado de piedra. Por eso, su persona no está sujeta a responsabilidad. El Rey es un menor de edad sujeto a la tutela del Gobierno. No tiene capacidad de obrar. La única excepción conocida es su famoso discurso del 3 de octubre de 2017. Entonces se equivocó, no por el contenido de su alocución, sino por su extralimitación constitucional, no siendo pretexto alguno la pasividad de Rajoy ante “la cuestión catalana” (el referéndum ilegal y la arbitraria declaración de la secesión catalana del Estado). España iba de un absurdo a otro. Como reacción al discurso regio, el Parlament aprobó una moción muy dura contra la Corona. El Gobierno la recurrió al Tribunal Constitucional y éste la declaró nula. Toda una aberración porque el Tribunal solo debe pronunciarse sobre actos jurídicos, no en relación con actos políticos (como el discurso del Rey y la réplica del Parlament).
Los actos del Rey son refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. En caso contrario, no tendrán validez. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. El control gubernativo se extiende al tradicional “mensaje de Navidad”. Aunque sin duda Felipe VI dispuso de cierto margen de maniobra sobre el contenido de su alocución navideña, Su Majestad habló (no sabemos si poco o mucho) por boca de su ventrílocua, que en esta ocasión ha sido la Vicepresidenta 1ª del Gobierno (por delegación de Pedro Sánchez).
Los únicos actos libres del Rey, los que no necesitan refrendo, son los enunciados en el artículo 65.2 CE: “El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”. Más adelante reflexionaré en voz alta sobre dicha potestad regia.
Felipe VI no puede despojar a su padre de los títulos honoríficos que adornan su persona. Justo después de su abdicación, el Gobierno, presidido entonces por Mariano Rajoy, modificó el Real Decreto de 1987 que establece el régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real. Rajoy introdujo en 2014 la siguiente disposición transitoria: “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona”. A su vez, “Doña Sofía de Grecia, madre del Rey, continuará vitaliciamente en el uso honorífico del título de Reina, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para la Princesa de Asturias o el Príncipe de Asturias consortes”. ¿Conoce el lector alguna monarquía parlamentaria en la que la Corte, después de almorzar, juegue a los naipes con cuatro cartas adicionales que permitan ganar la partida con una doble pareja coronada?
Con su regularización fiscal y el ingreso de una deuda cercana a los 700.000 euros, Juan Carlos ha reconocido explícitamente que es un defraudador fiscal. Que ha despreciado el interés general
Sea como sea, resulta evidente que el mal llamado “Rey emérito” no merece hoy las distinciones del Decreto de 2014. Con su regularización fiscal y el ingreso de una deuda cercana a los 700.000 euros, Juan Carlos ha reconocido explícitamente que es un defraudador fiscal. Que ha despreciado el interés general. El pago de impuestos revela la naturaleza pública de la relación tributaria. Trasciende el ámbito privado del contribuyente, que pasa de ser un simple particular a un ciudadano obligado por la Constitución (artículo 31.1) a contribuir al sostenimiento del gasto público. ¿Puede un defraudador convicto y confeso merecer el título de Rey y el tratamiento de Majestad? ¿Merece honores una persona que durante muchos años ha recibido una cuantiosa asignación presupuestaria sin tener “el detalle” de aportar algo a los Presupuestos, gracias a los que se financian los servicios básicos prestados a nuestros hijos, como la salud y la educación?
Yo creo que no. Bastaría la derogación del Decreto de 2014 por el Presidente Sánchez. Sin embargo, don Pedro es un maestro en el arte de tirar la piedra y esconder la mano. Si fuera consecuente con su voluntad retórica de “deslindar” la Corona de los actos perpetrados por Juan Carlos I, ya habría derogado el Decreto de Rajoy, porque el régimen de honores de los miembros de la Casa Real es una cuestión indisponible para Felipe VI. Es una tarea que corresponde en exclusiva a la legislación administrativa del Gobierno. Pedro Sánchez, no obstante, ha endosado tácitamente sus obligaciones al monarca actual. Con ello, pudiendo hacerlo, no ha relajado sino todo lo contrario la presión que injustamente soporta Felipe VI. Con estos amigos…
Pedro Sánchez no presiona al Rey por frivolidad. Se mueve, por un lado, con plena conciencia del papel estabilizador de la Corona y, sin embargo, por otro le acosan al presidente la intransigencia del “cabezón morado” y la mitad del electorado socialista, cuyo corazón es tricolor y fervientemente republicano.
2.- Lo que si puede hacer Felipe VI
Felipe VI no puede llevar una agenda política propia. Sin embargo, “de puertas para adentro”, puede hacer y deshacer a su antojo respecto a los asuntos concernientes a la Casa Real, a la Familia Real y a la Familia del Rey, tres instituciones afines entre sí pero distintas. No son lo mismo, pero a menudo la opinión las confunde y no percibe sus fronteras. La Casa Real, fundada en 1978, ha sido objeto de varias reestructuraciones, la última mediante un Real Decreto de 1998. La Casa es la organización interna de la Corona que ayuda al Rey a cumplir sus funciones constitucionales. Su naturaleza es administrativa y su jefe actual, en régimen de monopolio, es el propio Felipe VI. La Casa se financia con cargo a los PGE, con una dotación global que el Rey asigna a sus miembros con absoluta libertad. Juan Carlos I recibía por este conducto más de 190.000 euros anuales. Pero, en junio de 2020, al trascender las donaciones multimillonarias de Juan Carlos a Corinna Larsen, su hijo le “castigó” con la pérdida de su cuota presupuestaria. Felipe VI hizo lo que tenía que hacer y, por encima de su afecto filial, cumplió la obligación moral que le demandaban los ciudadanos. Felipe VI también “renunció” a la herencia paterna. En este punto cometió un dislate porque el Código Civil no permite renunciar a hipotéticos derechos futuros.
La Familia Real constituye el entorno más próximo al Rey, el núcleo de su confianza. Sus miembros pueden representar al Rey en actos oficiales, dentro y fuera de España. Después de su entronización, Felipe VI apartó de la Familia Real a sus hermanas Elena y Cristina, que pasaron a formar parte de la Familia del Rey. Eran los tiempos del “caso Nóos”, por el que se sentaron en el banquillos de los acusados Cristina y su marido Iñaki Urdangarin, condenado en sentencia firme a la pena de prisión de cinco años y diez meses por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. En la actualidad, la Familia Real la componen seis personas: el Rey, su consorte, los padres del Rey y sus hijas Leonor y Sofía.
La Familia del Rey es una estructura mucho más amplia que la Familia Real. La componen todos los parientes del Rey Felipe VI, tanto los consanguíneos como los parientes por afinidad, como Iñaki Urdangarin. En mi opinión, Felipe VI debería trasladar a su padre Juan Carlos I a la Familia del Rey, ya que él mismo ha renunciado, por razones de sobra conocidas, a participar en actos oficiales. Así estarían juntos el gran maestro (presunto) del trinque y su alumno más aplicado (un delincuente condenado).
Felipe VI no puede hacer más. Depende de factores externos: los inspectores de Hacienda, los fiscales, los jueces y el Gobierno. Felipe VI no es el rex legibus solutus de la Monarquía Absoluta. Felipe VI es el titular de una monarquía parlamentaria. Tiene muchas restricciones y está sujeto a las leyes. Felipe VI reina pero no gobierna.
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