El creciente riesgo de un corte abrupto del suministro de gas natural por parte de Rusia constituye una de las principales amenazas socioeconómicas para la UE, cuya coyuntura sigue marcada por la ralentización de la actividad y la inflación en máximos.
Una reacción que podría adoptar el Gobierno de Vladímir Putin, no sólo como respuesta al apoyo militar a Ucrania, al último paquete de sanciones de la UE y a la decisión de Lituania de bloquear el transporte de mercancías a través de su territorio hacia el enclave ruso de Kaliningrado, sino también para evitar que los Estados miembros logren alcanzar sus objetivos de almacenamiento de gas de cara al próximo invierno.
Ante este posible escenario, en una coyuntura en la que el precio del gas natural en Europa se ha encarecido 6 veces respecto a su promedio entre 2015 y 2019, países como Alemania, Austria, Países Bajos e Italia han optado por la reapertura de sus centrales de carbón. Todo ello en un contexto en el que la Comisión Europea ha recalcado la necesidad de acelerar el despliegue de las energías renovables y el desarrollo de medidas de ahorro energético, en línea con las ya diseñadas por el Ejecutivo alemán. Al mismo tiempo que la Agencia Internacional de la Energía ha advertido que Europa debe prepararse al impacto de un posible un bloqueo total del gas de Rusia, a pesar de que los últimos datos de la consultora ICIS señalan que el continente ha reducido su dependencia en el suministro un 20% del total importado frente al 40% anterior a la invasión de Ucrania.
Los costes de la energía
De esta forma, los nuevos pasos de la guerra económica de Rusia, que se unen al bloqueo del transporte de grano desde Ucrania por el mar Negro, añaden nuevas presiones sobre los precios energéticos, los costes de producción y la capacidad de compra de los hogares. Al mismo tiempo que provocarían una aceleración de las actuales tensiones inflacionistas, en un entorno en el que el pasado mes de mayo la inflación de la Eurozona alcanzó un nuevo máximo histórico de un 8,1% anual. Una evolución explicada principalmente por el repunte de los costes de la energía (39,2% interanual) y de los alimentos (7,5% interanual), que ha ido acompañada de la subida de los precios de los servicios asociada al aumento de su demanda con la plena reapertura de las actividades de consumo social.
Deberían priorizar las políticas de oferta y de ganancias de productividad y no el diseño de nuevos mecanismos o cargas fiscales que puedan introducir rigideces y lastrar la competitividad del tejido empresarial
Así, la combinación de crecientes vientos de cara en torno a la crisis energética, la menor demanda externa, los elevados niveles de incertidumbre y el significativo deterioro de la renta disponible y de los márgenes empresariales proyectan una moderación de la senda de crecimiento de la Eurozona a corto plazo. Por ello, será clave el grado de resiliencia del mercado laboral, la aceleración de los planes de recuperación y las medidas de política económica que se adopten para contribuir a moderar el impacto de la crisis energética y el crecimiento de los precios, que en su caso deberían priorizar las políticas de oferta y de ganancias de productividad y no el diseño de nuevos mecanismos o cargas fiscales que puedan introducir rigideces y lastrar la competitividad del tejido empresarial.
De ahí que, al igual que los bancos centrales, los gobiernos de las economías avanzadas tienen que afrontar en su caso cómo lograr un adecuado equilibrio entre amortiguar la pérdida de renta disponible de los hogares y evitar introducir cambios regulatorios que impacten en la inversión privada, en un contexto marcado por elevados niveles de incertidumbre y en el que su papel es clave en el desarrollo de los planes de recuperación Next Generation EU y en la adaptación del tejido socioeconómico al escenario geopolítico que lentamente se abre paso.
Todo ello sin olvidar que, tras el incremento de la actividad esperado en la temporada estival, el grado de deterioro de la economía real a partir del otoño determinará la magnitud de la recesión en 2023. En este sentido, serán determinantes las nuevas reacciones energéticas que adopte Rusia, que podrían situar a la zona monetaria europea en un claro escenario de estanflación. Según el BCE, en caso de que se produjera un bloqueo del suministro de gas natural el avance del PIB de la Eurozona podría limitarse a un 1,7% anual este año frente al 2,8% proyectado actualmente. Al mismo tiempo, la inflación general promedio de 2022 se situaría en un 8,0% anual, 1,2 puntos porcentuales superior a lo previsto de un 6,8% anual.
Este escenario adverso deterioraría significativamente las expectativas de crecimiento y de evolución de los precios en 2023, al prever que la zona monetaria europea sufriría una contracción de su PIB de un 1,3% anual y una tasa de IPC promedio anual de un 6,4%. Un entorno de estanflación ausente desde la década de los 70, que no sólo retrasaría la recuperación de los niveles de producción previos a la pandemia, sino que también abre nuevos retos socioeconómicos y políticos. Por ello, no deberíamos esperar a que se materialice el riesgo de estanflación para recuperar el consenso y la necesidad de adoptar medidas apoyadas en la colaboración público-privada. El otoño está a la vuelta de la esquina.
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