La catástrofe de la Dana precipitada sobre Valencia se ha multiplicado con el añadido de la confusión sobre a quién o quiénes están atribuidas las competencias en cada caso: si a la administración municipal, a la autonómica o a la estatal. En breve, como señalaba Alicia, la cuestión sin resolver es la de saber quién manda. Entre tanto, la indefinición de los ámbitos de responsabilidad, la concurrencia, la superposición, la redundancia, la incompatibilidad de caracteres, la pugna, el enfrentamiento exasperado a diferentes escalas, el abandono de las zonas carentes de visibilidad y, por tanto, de explotación ventajosa y la torpeza de las autoridades a diferentes niveles han venido a sumarse, dentro de cada uno de ellos, agravando el caos para desesperación de los afectados aún sobre el fango generado por las riadas y los desbordamientos que operan como venganzas de los cauces invadidos, sin respeto alguno a las normas ni a la ley de la gravedad.
La ciudadanía lleva una semana, desde el martes 29, sometida sin cesar al espectáculo ofrecido por las cadenas de televisión y las redes con imágenes en bucle capaces de enloquecer a los receptores. La primera línea de la respuesta pareció surgir de la espontaneidad cívica, pero se demostró enseguida que era de todo punto insuficiente. La buena voluntad, la generosidad de los más impresionables, movilizados por propia iniciativa, carecía de la efectividad necesaria. Y los ojos de los afligidos se volvieron hacia las Fuerzas Armadas que, además, tienen una Unidad Militar de Emergencia (UME), adiestrada para intervenir en estas ocasiones. Su despliegue sobre el terreno fue decisiva para que pudieran distribuirse las ayudas con orden, sin que nadie acaparase ni nadie careciera, guardando la fila. La presencia de los soldados también es disuasoria para ahuyentar a quienes miran el desastre como una oportunidad provechosa para el saqueo y convierten la penuria de los desheredados en magnífica oportunidad de negocio para los pícaros.
Los uniformados, estos días en Valencia igual que hace años en Bosnia, están garantizando el orden y concierto, disuadiendo a los abusadores y alentando el buen comportamiento ciudadano. Lástima que la efectividad de estas tareas se haya visto perjudicada por el conflicto inexplicable abierto entre las autoridades a diferentes escalas y por las interferencias inducidas en la cadena de mando militar. En ese ámbito, habrá que aclarar si, como señalaba el martes por la mañana el diario ABC, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apartado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro Esteban López Calderón, de quien se asegura que “ni es informado de las operaciones ni convocado a reuniones”.
La consulta al artículo 12.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, deja muy claro que “el Jefe de Estado Mayor de la Defensa ejercerá el mando del Estado Mayor de la Defensa, en cuya organización contará con un Cuartel General y un Mando de Operaciones subordinado”. Además, el apartado 3 de ese mismo artículo señala que “al JEMAD corresponde la función de asesoramiento militar al Presidente del Gobierno y al Ministro de Defensa, a los que auxiliará en la dirección estratégica de las operaciones militares”, así como “ejercer, bajo la dependencia del Ministro de Defensa, el mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y la conducción estratégica de las operaciones militares”.
El JEMAD constituye el primer eslabón de la cadena de mando militar y en absoluto puede ser relegado a la condición de figura decorativa. Lo que sí pueden hacer siempre las autoridades políticas superiores, es decir el Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa, es relevarle. Así lo hicieron de improviso, el 26 de enero de 2021, con su predecesor, el teniente general del Aire Miguel Ángel Villarroya Vilalta, cuando trascendió que se había vacunado contra el Covid sin esperar a que fuera su turno.
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