El proyecto de Ley de Memoria Democrática prevé la creación de una comisión “técnica” para investigar los crímenes franquistas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Pero en su debate en Comisión, Bildu pactó con el PSOE y Podemos que la referida comisión investigue los presuntos crímenes cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad no sólo hasta 1978 sino hasta 1983, es decir, cinco años después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La portavoz del partido proetarra, Mertxe Aizpurua, estrecha colaboradora de ETA, estaba exultante tras anunciar la formalización de este pacto.
Es difícil permanecer impasible cuando Pedro Sánchez da patente de demócratas a los herederos ideológicos de ETA, que nunca se han arrepentido de sus crímenes ni se han mostrado dispuestos a indemnizar a sus víctimas y que, tras su arbitraria excarcelación, reciben homenajes y parabienes populares. Todo esto ocurre mientras cientos de asesinatos siguen aún sin esclarecer.
Conviene recordar, además, que las Cortes constituyentes aprobaron en 1977 una amnistía total por todos los delitos, judicializados o no, de naturaleza política cometidos hasta ese momento por cualquier persona, que incluía a los miembros de la banda terrorista ETA. No quedó en las cárceles ni un solo etarra. Sin embargo, la banda terrorista no se disolvió. De modo que la continuidad de sus actividades criminales (asesinatos, secuestros y extorsiones) son gravísimas violaciones de los derechos fundamentales que podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad e incluso genocidio por razones ideológicas, pues el terror provocó la huida del País Vasco de dos cuentas mil personas. Decía luchar por la libertad del pueblo vasco. La verdad es que combatían la democracia para imponer su pensamiento totalitario.
Las Leyes de Memoria Histórica y Democrática en el País Vasco sólo sirven para que los asesinos Gregorio Ordóñez y de Miguel Ángel Blanco, o los responsables del secuestro inhumano e ignominioso de José Antonio Ortega Lara puedan tratar de lavar sus crímenes
Considerar a Bildu como interlocutor privilegiado para implantar la sedicente Memoria Democrática es un insulto no sólo a sus víctimas sino a la inmensa mayoría del pueblo español. Cómo pueden dar lecciones de democracia los asesinos de mil personas por el mero hecho de ser vascos y españoles, lo que les convertía en cómplices del Estado opresor y enemigos del pueblo vasco. Las Leyes de Memoria Histórica y Democrática en el País Vasco sólo sirven para que los asesinos Gregorio Ordóñez y de Miguel Ángel Blanco, o los responsables del secuestro inhumano e ignominioso de José Antonio Ortega Lara puedan tratar de lavar sus crímenes por enmarcarlos en una “guerra” con el Estado español y, por tanto, consecuencia de la socialización de un conflicto que inevitablemente llevaba consigo daños colaterales.
Es posible que Sánchez y los cientos de asesores que le rodean en la Moncloa no se hayan percatado del alcance de lo que han pactado con Bildu. Quizás creyeron que desarbolar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tiene importancia. Porque solo la ignorancia o un motivo oculto ha podido llevar a Sánchez a aceptar una investigación que afecta directamente al propio PSOE, pues está fuera de toda discusión que fueron el Gobierno del Partido Socialista y sus principales dirigentes en el País Vasco quienes, enfurecidos por los asesinatos de ETA incluso contra los propios socialistas, y dispuestos a acabar con la actitud del Gobierno francés del socialista Mitterrand que había consentido que el País Vasco se convirtiera en el “santuario” de ETA, decidieron la creación de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), utilizando para ello al Cesid (precedente del actual Centro Nacional de Inteligencia), y a los cuerpos policiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
A punto estuvo Felipe González de ser imputado por el juez Garzón por haber ordenado o consentido la creación del GAL, autor de veintisiete asesinatos hasta su extinción en 1985
El 15 de octubre de 1983, los GAL secuestraron en Bayona a los terroristas de ETA Lasa y Zabala, que fueron torturados en San Sebastián y trasladados a Aguas de Buson (Alicante) donde fueron asesinados y enterrados en cal viva. Los cadáveres aparecieron en 1985 pero hasta 1995 no se consiguió averiguar su identidad. El 4 de diciembre de 1983, los GAL secuestraron en Hendaya (Francia) a Segundo Marey, hijo de un exiliado socialista de la guerra civil), que no tenía nada que ver con ETA. Sus secuestradores lo confundieron con el dirigente de ETA Mikel Lujua. Al conocer su error, fue liberado diez días después.
La Justicia española actuó con independencia del poder ejecutivo y a punto estuvo Felipe González de ser imputado por el juez Baltasar Garzón por haber ordenado o consentido la creación del GAL, autor de veintisiete asesinatos hasta su extinción en 1985. La X de los GAL, es decir, quién ordenó su constitución sigue sin resolver. No se libraron de penas de cárcel el ministro del Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado de Seguridad, condenados a diez años de cárcel por el secuestro de Marey. Felipe González acudió a despedirse de ambos a su entrada en la prisión de Guadalajara. También fueron condenados por esta causa Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE de Vizcaya y el jefe de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo. Damborenea era un personaje mítico por su valentía frente a ETA.
González le propuso ir de número dos en la lista de Madrid en las elecciones generales de 1993. Garzón aceptó. Si hubo ofrecimiento de alguna cartera ministerial (Justicia o Interior) no lo sabemos, aunque él lo niega
En 1988, el juez Garzón, recién nombrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, encontró indicios de delito en los policías Amedo y Domínguez en la fundación de los GAL, a pesar de que éstos no respondieron a las preguntas que les formuló. La Audiencia Nacional en 1989 los condenó a 108 años de cárcel a cada uno. No hubo condenas de sus superiores porque Garzón no había conseguido desvelar su identidad. La investigación estaba paralizada cuando apareció en escena José Bono, en aquel entonces presidente de Castilla-La Mancha, que de acuerdo con González convenció a Garzón para que diera un salto a la política, aparcando su carrera judicial. González le propuso ir de número dos en la lista de Madrid en las elecciones generales de 1993. Garzón aceptó. Si hubo ofrecimiento de alguna cartera ministerial (Justicia o Interior) no lo sabemos, aunque él lo niega. La realidad es que fue nombrado el 31 de julio de 1994 delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (con categoría de Secretario de Estado), que pasó a depender del Ministerio del Interior. Antes de anunciar su paso a la política en la lista de un partido al que consideraba envuelto en una gran maraña de financiación ilegal y corrupción, el 20 de abril de 1993 el juez recibió al policía Domínguez que le manifestó su disposición a revelar la verdad sobre quiénes tomaron la decisión de crear los GAL, que seguían en la cúpula de Interior y les habían dejado en la estacada. La declaración no se produjo entre otras razones porque, días después es cuando le llegó la oferta política a Garzón quien se convirtió así en “viceministro” y “Zar antidroga".
Su paso por la política fue fugaz. El 13 de mayo de 1994 dimitió y se reintegró al Juzgado. Lo primero que hizo fue reanudar la investigación suspendida sobre los GAL. El 18 de abril de 1995 Garzón procesó al exministro de Interior, José Barrionuevo, al secretario de Estado de Interior, Rafael Vera, y a otras once personas más, bajo la acusación de haber ordenado o participado en la creación de los GAL. Todos ellos fueron condenados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (con el voto en contra de 4 magistrados) a penas de cárcel. Garzón no encontró pruebas para imputar a Felipe González, por lo que la X de los GAL sigue sin aclarar.
El control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo era imprescindible para Felipe González. Por eso, en 1985, privó a los jueces y magistrados la facultad de elegir directamente a sus doce representantes del Consejo General del Poder Judicial
La politización de la Justicia está en relación directa con los GAL. El control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo era imprescindible para Felipe González. Por eso, en 1985, privó a los jueces y magistrados la facultad de elegir directamente a sus doce representantes del Consejo General del Poder Judicial. Una decisión contraria al espíritu constitucional por materializarse en un mero reparto de cuotas entre los dos grandes partidos, algo quiere corregir el PP, para seguir los criterios del Tribunal Constitucional que considera este sistema contrario al espíritu de la Constitución.
Hace un par de años, se desclasificó en los Estados Unidos un informe de la CIA de 1984 titulado “España: Terrorismo vasco y respuesta gubernamental”, en el que, si bien se oculta la fuente de la información, se afirma que Felipe González había autorizado la creación del grupo mercenario. En 1995, Julio Anguita, coordinador nacional de Izquierda Unida, acusó a Felipe González de haber mentido en su testificación ante el Tribunal Supremo: “Aquí tenemos a un presidente del Gobierno implicado en un caso de terrorismo de Estado. Objetiva y políticamente, por acción u omisión consciente, el ‘Señor X’ es Felipe González Márquez”.
El giro francés
Los GAL causaron un gravísimo daño a la causa de la democracia en España. El recurso a la “guerra sucia”, aunque tuviera por objeto presionar al presidente galo socialista François Mitterrand para que pusiera fin a la utilización del País Vasco francés como “santuario” de ETA, era inadmisible en un país democrático, donde todos los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley y deben respetar los derechos fundamentales. Lo cierto es que a mediados de 1984 se produjeron las primeras actuaciones francesas contra los miembros de ETA. Ante este giro copernicano en marzo de 1985 los GAL desaparecen.
Consciente o inconscientemente, Sánchez ha pactado que los proetarras puedan despejar la X de los GAL. Porque todo lo demás, en concreto, todo protagonizado por miembros del Gobierno de Felipe González, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad que actuaron siguiendo órdenes, ya fue desvelado, juzgado y condenado.
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