Lo primero que debe hacer un Gobierno que quiera aplicar una política económica positiva es conocer cuáles son nuestras mayores carencias. Sin duda nuestro mayor problema económico se llama baja productividad. Las causas pueden ser discutibles y probablemente son una suma de factores: la pequeñez de nuestras empresas, el alto desempleo estructural, la ausencia de grandes empresas de tecnología (el porcentaje del PIB asignado a I+D es del 1,3% del PIB, contra un 2% promedio en la eurozona), la pésima gestión del sector público y de las cuentas públicas (16 años sin superávit presupuestario llevamos) … pueden ser algunos de ellos. Empresas más grandes e innovadoras, una política que las ayude a contratar y una revisión completa del papel del Estado (incluyendo sus empresas y el número y eficiencia de sus empleados) son, por tanto, posibles soluciones a esta baja productividad. Y mientras ésta no se eleve, nuestro vergonzoso cuarto puesto dentro de la UE como país con la tasa de pobreza más elevada tampoco mejorará.
Por otra parte, la situación actual de la economía española no es buena: hemos recuperado el PIB anterior a la pandemia con un aumento de la deuda brutal y recurriendo de nuevo al turismo como motor económico, sector que incluye una gran cantidad de empleos temporales. Es por eso que, habiendo más empleados que nunca en el país, aún se trabajan menos horas que en 2008, con el enorme obstáculo de una mayor población pasiva (los pensionistas) dependiente de esa población activa. A eso se añade que las tensiones inflacionarias de los dos últimos años han acelerado la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, a quienes se les han aumentado los impuestos y las cotizaciones. ¿Cuáles son las medidas económicas que plantean PSOE y Podemos para solucionar estos problemas?
“Reducir de forma gradual la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 38,5 horas en 2024 y en 37,5 horas en 2025”. Esto no soluciona nada y empeora la situación de los empresarios que deben pagar lo mismo a unos empleados que trabajan menos horas. ¿Alguien cree que esta medida aumentará el empleo? Más bien al contrario. Lo mismo se puede decir del apartado “tocar el despido”, en la crisis de 2008 se perdieron millones de puestos de trabajo aunque las indemnizaciones eran mucho más altas que ahora, está demostrado que encarecer el despido no cambia nada y retrae las ganas de contratar.
También quieren “subir más el Salario Mínimo Interprofesional”, de nuevo algo que encarece la actividad del empresario (que en España mayormente es pequeño) y que es contraproducente dada nuestra altísima tasa de paro juvenil, puesto que un mayor coste dificulta que un empleador dé oportunidades a alguien sin experiencia.
“Organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres”, estas palabras vacías se describen por sí mismas, igual que lo de “Aprobar un plan de choque contra el desempleo juvenil, el Estatuto del becario y un plan de choque frente al paro de larga duración”, así como lo reforzar los “incentivos al empleo”.
La brecha de género
“Seguir actualizando las pensiones con el IPC y seguir aumentando las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas”, y “reducir la brecha de género de las pensiones”. Esto, como ya hemos explicado, se hace a costa de las cotizaciones de los trabajadores, de más impuestos y de más deuda, deuda que cada vez es más cara de colocar en los mercados. Esta medida es económicamente insostenible sin una mejora de la productividad y sin una recuperación del poder adquisitivo de la mayoría (y no sólo de los pensionistas) de los españoles. Lo de la brecha de género de las pensiones, cuando en España se cobra según lo cotizado, no tiene sentido para mí.
“Aumentar el parque público de vivienda para alquiler asequible con una política de inversión pública a medio y largo plazo en inmuebles de nueva construcción y movilizando vacíos”. Esto lo prometen siempre pero nunca cumplen, de nuevo implica un mayor gasto de una economía muy endeudada, en cualquier caso no le doy importancia porque ya lo prometieron hace 4 años.
“Establecer un sistema de seguimiento, información y evaluación de los precios de los alimentos básicos que contribuya a disponer de una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad”. Mientras esto no implique intentar topar precios, algo que históricamente ha sido siempre un fracaso absoluto, mucho daño no hará.
“Extender el permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas y remunerar al menos cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso parental por cuidado de hijos a partir de agosto de 2024”. De nuevo una medida que dificulta la labor del empleador y la de mejorar la productividad.
“Identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas para regular los precios de los alquileres”. Una muy mala medida que ya está encareciendo los alquileres ya que reduce la oferta. No han tenido en cuenta a nadie del sector que lleva meses avisando de ello. Aumentará la pobreza de las familias.
“Ampliar hasta la renta media (37.800 €) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas”, medida que ya ha sido un fracaso y que es injusta para el que optó por una hipoteca a tipo fijo en lugar de arriesgarse con una variable que durante años le ha beneficiado enormemente.
“Revisar y prorrogar de forma indefinida los gravámenes extraordinarios sobre la banca y sobre las empresas energéticas.” Como imaginábamos, era mentira lo de temporal. Malo para la inversión.
“Impulsar la prohibición de los vuelos de menos de 2,5 horas que tengan alternativa por tren”. De nuevo sin tener en cuenta la realidad ni el fracaso acecido allí donde se ha intentado imponer lo mismo. No tengo espacio para tantos argumentos en contra como hay.
“Mantener la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024, medida que será después permanente para determinados colectivos.”. Ayudas que no son por renta son, por definición, injustas.
Impuestazo a las empresas
“Endurecer el impuesto de sociedades para que alcance el 15% sobre el resultado contable de las grandes empresas”. Es absurdo hablar del resultado contable como sabe cualquier fiscalista, hay que hablar de la base imponible. Esta medida puede incluso promover el traslado de la sede social a varias multinacionales del país.
De todas las reacciones que ha despertado este acuerdo me quedo con la de Josu Jon Imaz, expresidente del PNV y exconsejero del gobierno vasco, y que, tras entrar en Petronor (filial de Repsol) en 2008 fue ascendiendo hasta el puesto de consejero delegado de Repsol (la empresa del Ibex que más impuestos ha pagado en España en lo que llevamos de año) en 2014. No sólo ha protestado por algunas de estas medidas, ha dejado claro que la arbitrariedad fiscal y jurídica del Gobierno puede ser contestada por su multinacional con la marcha de algunas de sus inversiones al extranjero. Así pues, ya no hablamos de algo teórico, estamos ante una gran empresa que reacciona y advierte: “si se prevé mantener un impuesto especial para las energéticas y la banca más allá de 2023, tomaremos las medidas oportunas". Incluso mencionó la posibilidad de llevarse parte del negocio industrial de Repsol a Portugal ya que este país bonifica y da ayudas fiscales a las grandes empresas que se instalan en su territorio.
No me extiendo más. Podrán gustar más o menos estos “compromisos” del PSOE y Sumar pero todo se fía a que las empresas ganen menos: ni reforman el sector público ni mejoran la productividad ni ayudan a crear más empleo ni modernizan al país ni a sus empresas. Corremos un riesgo real de huida de inversiones del país y, una vez más, quienes más se verán perjudicados serán los pequeños empresarios con su negocio centrado en España (es decir, la inmensa mayoría). Pinta mal.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación