Cometería Pedro Sánchez un grave error de apreciación si pensara que ha llegado a La Moncloa por méritos propios. El líder socialista es presidente del Gobierno gracias a la errónea gestión que el Partido Popular -una vez más- hizo de la crisis abierta tras la sentencia del caso Gürtel. Sánchez no es presidente porque todos los que podían apoyarle querían que lo fuera, sino porque no podían negarse a que lo fuera.
Más que por la extrema dureza de una sentencia, excesiva en apreciaciones subjetivas, el líder socialista ha conquistado sorpresivamente el poder porque el veredicto de la Audiencia Nacional, y otros episodios escasamente edificantes que han venido triturando insistentemente la credibilidad del PP, habían generado un clima social y político irrespirable.
No, no ha sido la primera sentencia de la Gürtel ni otras decisiones judiciales las que le han “regalado” a Sánchez la Presidencia del Gobierno, sino un estado de ánimo generalizado de hartazgo y repugnancia ante la corrupción; a Mariano Rajoy le puso de patitas en la calle un país que durante unos días entró en trance y decidió que no era aceptable seguir así ni un minuto más.
Para salir bien parado de esta arriesgada apuesta, el presidente ha de tener también en cuenta que la sociedad española puede estar harta de corrupciones, pero la evolución ideológica del electorado no está precisamente en consonancia con las posiciones hasta ahora defendidas por el líder socialista. Invariablemente, las encuestas vienen confirmando que la suma PP-Ciudadanos ronda el 50 por ciento del apoyo ciudadano, frente al 37-38 por ciento del tique PSOE-Podemos. También es un dato de no poca relevancia el hecho insólito de que el primer partido de la Oposición cuente con más escaños que el que sustenta al Gobierno de la nación (ni más ni menos que 53 más en el Congreso y 87 en el Senado).
A la vista de las dudas que suscitan los apoyos recibidos, resulta imprescindible que Sánchez clarifique cuanto antes la posición de su gobierno en los grandes asuntos de Estado
Es por consiguiente esta una situación anómala, y la primera obligación de Sánchez debe ser la de mitigar, desde un planteamiento prudente y realista, y en aras de la estabilidad del país, los efectos perniciosos de este insólito escenario. En esta clave, y a la vista de las dudas que suscitan los apoyos recibidos para descabalgar al PP, resulta imprescindible que Sánchez clarifique cuanto antes la posición de su gobierno en los grandes asuntos de Estado, empezando por el más urgente y grave de todos ellos: la crisis provocada por el secesionismo catalán.
Va a ser sin lugar a dudas la gestión del nuevo Gobierno en lo que se refiere a Cataluña la que en última instancia determine el éxito o el fracaso de Sánchez. De momento, el nombramiento de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores es un buen punto de partida, por cuanto la figura del veterano político traslada al independentismo un nítido mensaje de firmeza al tiempo que de tranquilidad a la opinión pública española, especialmente al constitucionalismo catalán. Con Borrell, además, Pedro Sánchez incorpora al mejor cortafuegos de los posibles frente la estrategia internacional del soberanismo, aspecto este en exceso descuidado por el Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy.
Junto a Cataluña, será la economía la otra asignatura clave que evaluará la acción de este Gobierno. El presidente deberá extremar la cautela en esta materia. Revertir, por ejemplo, y por razones de estricta índole ideológica, una reforma laboral que, con los defectos que se quiera, ha demostrado una indiscutible eficacia a la hora de impulsar la creación de empleo, no solamente enviaría una malísima señal a la Unión Europea y a los mercados; sería además una iniciativa de alto riesgo estratégico, ya que cualquier destrucción de puestos de trabajo que pudiera ocasionar un empeoramiento del ciclo económico, en absoluto descartable, se achacaría a los cambios introducidos por Sánchez en la legislación laboral para contentar a los sindicatos y a Podemos.
Ha de reconocerse en todo caso que los nombramientos de Sánchez en el área económica han tranquilizado a casi todo el mundo, desde Bruselas a Andalucía, pasando por las entidades financieras. La solvencia y profesionalidad que se le adjudican a la ministra de Economía, Nadia Calviño, son la mejor tarjeta de presentación del nuevo Gobierno socialista fuera de nuestras fronteras. Con María Jesús Montero, titular de Hacienda, el presidente concede a Susana Díaz una de las principales fichas de gestión política, clave en el nuevo reparto que habrá de hacerse de la financiación autonómica, y de paso envía un claro mensaje de concordia al partido en Andalucía, territorio clave para afrontar con expectativas de éxito unas futuras elecciones generales.
Este es un gobierno-puente cuya principal misión debe ser conducirnos hacia una próxima cita con las urnas en la que los españoles, sin intermediarios, tomen la palabra
Si hay que ponerle a priori un pero a los nombramientos en el ámbito económico, este es el de la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, una defensora a ultranza de la derogación de la Reforma Laboral y que parece elegida para contentar a los sindicatos. Las posiciones políticas de Valerio auguran futuras tensiones con los encargados de defender ante las instituciones de la Unión Europea la viabilidad del proyecto socialista.
Por lo demás, el resto del Gobierno, salvo alguna esotérica excentricidad (no nos referimos a Pedro Duque), se compone en líneas generales de personas con experiencia a las que cuando menos es razonable conceder un margen de confianza. Tiempo habrá de analizar sus respectivas gestiones llegado el momento. Por ahora, no está de más felicitar al presidente por incluir en el Ejecutivo a un número de mujeres mayor que el de hombres, algo insólito en la historia de España a lo que se debe dar más trascendencia que la de un mero gesto para la galería.
Lo que no debe aplazar Pedro Sánchez en exceso es su promesa de no agotar la legislatura y buscar la convalidación de su mandato en las urnas. No ahora; no antes de estabilizar la situación en Cataluña. Pero lo que no debiera hacer en ningún caso es alargar por razones exclusivamente tácticas una situación que, dados los exiguos apoyos del PSOE en el Congreso y la mayoría absoluta del PP en el Senado, puede derivar más pronto que tarde en el bloqueo de la acción del Gobierno y en el deterioro de la política y las variables económicas.
Quiera o no, Sánchez es un presidente transitorio. No se le ha aupado al poder para que se quede, sino para echar a Rajoy. Este debe ser un gobierno-puente cuya principal misión debe ser conducirnos en las mejores condiciones de estabilidad y convivencia hacia una próxima cita con las urnas en la que los españoles, sin intermediarios, tomen la palabra.
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