Las empresas españolas han tenido que soportar las decisiones económicas de Sánchez aproximadamente cinco años. Y las elecciones generales parecen el momento para repasar lo que han supuesto para ellas. Que se resume, por un lado, en bastante intervencionismo y una menguante seguridad jurídica; y, por otro, en una mala política económica que ha deparado al sector empresarial un marco desfavorable para llevar a cabo su actividad.
Intervencionismo
Nuestro aún presidente ha asumido el relato de Podemos y calificado a los dirigentes empresariales como “señores con puro que conspiran contra él”. Pero, la realidad es que los ciudadanos han observado actuaciones en contra de las empresas, sobre todo las grandes, con objetivos populistas o electoralistas. Y poniendo en la diana a algunos directivos, incluso nominativamente.
Ha inventado nuevos impuestos, probablemente inconstitucionales, con justificaciones peregrinas, e intentando engañarnos al “vender” que recaen sobre beneficios extraordinarios, cuando en realidad se aplican sobre los ingresos ordinarios. Además, en el sector eléctrico ha propuesto una reforma muy intervencionista del mercado mayorista que, afortunadamente, Bruselas va a mandar al cesto de los papeles. Por último, también ha establecido una doble imposición (por el 5%) en los beneficios que nuestras empresas obtienen en el exterior.
También ha subido las cargas sociales. Con una contrarreforma en la Seguridad Social y una subida muy significativa en el importe de las pensiones. Sánchez pretende presentarlo como un éxito de gestión, cuando es obvio que se trata de una patada hacia adelante porque atenta contra la sostenibilidad del sistema mientras aumenta los costes para las empresas y los actuales cotizantes.
Su cruzada anti empresarial ha incluido la promoción de observatorios sobre márgenes y beneficios empresariales, para amedrentar a las compañías o justificar nuevas medidas contra ellas. Sin olvidar tampoco la autoridad de defensa del cliente bancario, a pagar por las entidades, contraria al modelo de “twin peaks”, redundante y absurda, aunque ha quedado en el olvido por la propia convocatoria de elecciones.
El llamado escudo antiopas, pudo servir para proteger a las empresas de tomas de participación extranjera durante el covid, pero se sigue manteniendo después. Sin duda, porque le interesa tener cierto control sobre ciertas participaciones accionariales…
En fin, ahí tenemos también los casos concretos de Ferrovial e Indra. En el primero, el Gobierno, a falta de argumentos serios, llevó a cabo un despliegue de declaraciones ministeriales que sonrojan, así como de “matonismo fiscal” amenazando con represalias. Intentando asustar a otras empresas que pudieran estar pensando en hacer lo mismo.
Y en Indra, el gobierno y la Sepi han protagonizado un esperpento, con la CNMV poniéndose de perfil, por cierto. Todo al calor del supuesto negocio que para la compañía tendría la inversión en Defensa. Pero eso no justifica el mal gobierno corporativo apoyándose en el socio que sostiene Prisa al servicio de Sánchez.
Resumiendo, activismo ideológico en lugar de propuestas para ayudar a las empresas, mejorar gobiernos corporativos o eliminar malas prácticas empresariales
Resultados económicos del Gobierno
Por lo que respecta al marco económico que ha brindado a las empresas, el balance de gestión del Gobierno viene bastante influido por la pandemia, que asoló todo el mundo durante la mayor parte de su mandato. Hubo países que primaron la salud de la población a costa de dañar más la actividad económica. Y otros que intentaron preservar esta última aun a riesgo de encontrarse con mayor número de contagios y fallecidos.
Sánchez queda mal en ambos. En un estado autonómico, por no hacer, ni siquiera logró una buena coordinación, con el consiguiente descontrol sanitario. Nos sometió a uno de los confinamientos más duros de la eurozona, lo que no impidió un registro de fallecidos por habitante entre los peores de nuestro entorno. Y, sin embargo, en la Champions europea de crecimiento económico, ocupamos el puesto 26º entre los 27 miembros de la Unión. Seguro que Sánchez lo considera un logro para este gobierno, porque hace poco parecía probable que fuéramos el 27º…
La principal estrategia ha sido gastar, impulsando cierta actividad a corto plazo. Con ello, por ejemplo, el 55% del empleo creado desde la pandemia es público. La segunda principal estrategia ha sido recaudar, aumentando impuestos, tanto directamente como por la vía de no deflactar las tarifas. Subiendo unos siete puntos sobre PIB los ingresos fiscales. Pero, como todo lo ingresado y más se lo han gastado, el resultado de esas actuaciones ha sido el mayor incremento de deuda de la eurozona durante el mandato de Frankenstein y un déficit estructural elevado. Es un clamor que hace falta alguien que lo embride.
Y, para colmo, una lenta y criticada gestión de los fondos Next Gen. Así pues, todo ello ha supuesto un marco bastante negativo para el sector empresarial.
Necesidad de cambio
La realidad es que no podemos aspirar a una economía con crecimiento sostenido sin un campo de cultivo adecuado para la iniciativa privada. Garantizando la seguridad jurídica, la libertad empresarial, la ausencia de intervencionismos innecesarios y evitando sobresaltos legislativos a las empresas. Los inversores quieren reglas de juego claras y que no aparezcan regulaciones específicas contra alguien. Ni abusos que lleven a arbitrajes internacionales perdidos, que también retraen la inversión extranjera.
O sea, en general, justo lo contrario de lo que ha hecho este gobierno. Solo así se logrará una creación de empleo real, no la exhibida para incautos por este gobierno a base de empleo público, reparto de horas trabajadas, absentismo, o exhibición de cifras de ocupados sin trabajo. Todo ello, con una productividad que sigue estancada o es decreciente, perjudicando sobre todo a las pymes, soportes del empleo nacional.
Resulta evidente que un gobierno liderado por la actual oposición tendría un enfoque más business friendly, lo que conllevaría un efecto positivo sobre la inversión empresarial, como decía recientemente JP Morgan. Y esperemos que no dejara pasar la oportunidad para acometer reformas que impulsen la productividad, que es imprescindible, y refuercen las buenas prácticas empresariales.
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