Pedro Sánchez se encuentra en el punto más bajo de sus casi cinco años de Gobierno. El desgaste le pesa, los problemas se le acumulan, la coalición de Gobierno tiene demasiadas vías de agua y últimamente nada sale como tenía pensado. Hace ya dos semanas estalló un escándalo de corrupción que afecta directamente a su partido, el caso mediador, más conocido en la calle como caso del Tito Berni por el nombre informal de uno de sus protagonistas, Juan Bernardo Fuentes, diputado por Fuerteventura hasta hace unas semanas. Según se desprende de la investigación, la trama formada por Fuentes, su sobrino y un general jubilado de la Guardia Civil se dedicaba a extorsionar empresarios a cambio de favores políticos como conseguirles subvenciones o quitarles sanciones que la administración les había impuesto. Una parte del dinero que sacaban a los empresarios se lo gastaban en opíparas cenas y fiestas nocturnas.
El caso mediador ha llenado de plomos las alas de un presidente de Gobierno que nunca pudo volar muy alto porque lleva hipotecado desde el mismo día en el que aposentó sus reales en el palacio de la Moncloa. Su llegada al poder fue accidental, de pura carambola. Aprovechó un momento de extrema debilidad de Mariano Rajoy a cuenta de la sentencia del caso Gürtel allá por 2018, cerró una moción de censura a toda prisa y la jugada le salió bien. Tardó casi un año en convocar elecciones y cuando lo hizo las cosas no le salieron como tenía previsto. Su mayoría fue mínima y si podía seguir gobernando se debía exclusivamente a que el PP se había derrumbado. Volvió a tentar a la suerte seis meses después y le fue peor aún. En ese momento se vio forzado a llegar a un acuerdo de Gobierno con Podemos, de quien había renegado hasta ese momento.
Desde entonces todo han sido bandazos, decretazos y escandalazos por un rosario infinito de razones que van desde los delirios ideológicos de sus socios de Gobierno, hasta su empeño por ajustarlo todo al gusto de los independentistas catalanes y vascos sin cuyo apoyo en el Congreso no podía sobrevivir. Todo, eso sí, envuelto en grandilocuencia y propaganda, algo en lo que es un consumado maestro. De esa misma guisa se presentó el sábado pasado en un acto de partido para anunciar que iban a remitir a las Cortes un proyecto de ley que garantizase paridad en las listas electorales, el consejo de ministros, los de administración de las grandes empresas y hasta los jurados de los certámenes y concursos financiados con dinero público, es decir, la práctica totalidad de los espacios públicos y privados donde se despacha algo de poder e influencia.
La idea no es nueva, viene directamente de Bruselas, se trata de una de las muchas directivas de la Unión Europea que poco a poco se van transponiendo a las legislaciones de los Estados miembros. Tarde o temprano llegaría a España tanto con el PSOE como con el PP porque fue el Partido Popular Europeo quien la propuso hace unos años. Si Sánchez tiene que apropiarse de algo que viene de fuera y de sus adversarios es que ya no le quedan cartuchos en la canana. Después de tantos años de feminismo como ideología de Estado todo lo que se podía hacer ya se ha hecho o, como mínimo se ha propuesto.
Esta de la paridad, de hecho, ni siquiera parece una ley especialmente radical. Sin necesidad de leyes de ese tipo en países como España el número de diputadas, senadoras, ministras, consejeras autonómicas y altos cargos de la administración y de las empresas privadas no ha hecho más que incrementarse en los últimos cuarenta años. En torno al 40% de los escaños del Congreso y el Senado están ocupados por mujeres. El 36% de los puestos en los consejos de administración de las empresas cotizadas pertenecen a mujeres, cinco puntos por encima de la media europea. En tanto que la ley de paridad prevé que en las cámaras legislativas y en los consejos de administración haya como mínimo un 40% de presencia femenina, eso en España ya lo hemos alcanzado o estamos muy cerca de hacerlo. Por fortuna, en la España actual una mujer puede llegar donde se proponga si a su determinación personal le suma los estudios adecuados, capacidad, méritos, algo de suerte y don de la oportunidad. Vamos, lo mismo que un hombre. Las ejecutivas de las grandes cotizadas, que son muchas más de las que a menudo se piensa, no están ahí por ser mujeres, sino por ser buenas profesionales.
En países como España el número de diputadas, senadoras, ministras, consejeras autonómicas y altos cargos de la administración y de las empresas privadas no ha hecho más que incrementarse en los últimos cuarenta años
Algo parecido sucede en política, donde lo que más se premia es la lealtad personal y no tanto la capacidad, pero, de cualquier modo, si una mujer llega a ministra o a secretaria de Estado no lo ha hecho por ser mujer, sino por apostar por caballo (o yegua) ganador dentro del partido. El feminismo entendido como la igualdad ante la ley de hombres y mujeres consiste en eso mismo. Pero no es así como lo entiende el propio Sánchez y la totalidad de su Gobierno. Creen que las mujeres por el mero hecho de serlo son víctimas que precisan de auxilio, de un padrino encarnado en un político que vaya dándoles empujoncitos para que puedan prosperar.
Pero es que, aparte de esa creencia que petrifica lo peor del machismo, la idea de que las mujeres son menores de edad perpetuas que deben ser tuteladas por un hombre bienintencionado que sabe lo que les conviene, es, por paternalista, especialmente abyecta. Sánchez además no puede sacar pecho en lo que a defensa de las mujeres se refiere. La ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del sólo sí es sí, aprobada por su Gobierno y de la que el propio Sánchez se ufanaba hace sólo tres meses, es responsable de que se haya reducido la pena a más de 700 agresores sexuales. Sabía lo que iba a suceder porque el CGPJ y el Consejo Fiscal advirtieron con tiempo de que si entraba en vigor se revisarían a la baja las condenas en las que se hubieran impuesto penas máximas conforme a la legislación anterior. Sánchez ignoró los avisos a sabiendas y sólo cuando la calle era un clamor reculó anunciando de prisa y corriendo que iba a reformar la ley. Ni siquiera pudo meter en vereda a su socio de Gobierno y acordar la reforma con ellos. En Podemos ya sólo tienen ojos para las elecciones y saben que esa ley es una de sus principales divisas electorales.
Tampoco puede presumir de feminismo ni de defensa de las mujeres con la ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, más conocida como ley trans, que hace desaparecer la condición de mujer en tanto que cualquiera puede convertirse en una con sólo declararlo en el registro civil. Esa ley pulveriza otras como la de violencia de género ya que los futuros maltratadores no tendrán más que pasar por la ventanilla del registro para evitar que le apliquen los protocolos que la LIVG prevé para los hombres. La ley trans permitirá, por ejemplo, que un consejo de administración cumpla con los criterios de paridad que acaban de fijar con que dos o tres hombres pasen por el registro a cambiar de sexo, un viaje que pueden hacer a la inversa cuando lo deseen y todas las veces que quieran.
La ley trans permitirá, por ejemplo, que un consejo de administración cumpla con los criterios de paridad que acaban de fijar con que dos o tres hombres pasen por el registro a cambiar de sexo
Por un lado, es un modo indirecto de recobrar la igualdad legal entre los dos sexos, algo que se perdió con la aprobación de la ley de violencia de género en 2004. Por otro supone un varapalo para el deporte femenino, ya que atletas que no han tenido éxito en las categorías masculinas pueden probar suerte en las femeninas como ha ocurrido en otros países con leyes similares. Algo parecido sucederá en las pruebas de acceso a la policía, la Guardia Civil o los bomberos. Los hombres que no consigan superar las pruebas masculinas podrán presentarse a las femeninas con una simple visita al registro. La del sí es sí y la ley trans son el principal legado que deja el Gobierno de Pedro Sánchez para las mujeres españolas. Que utilice una directiva europea promovida hace años por el Partido Popular para enjuagar semejante fracaso no deja de ser paradójico.
Pero es que en lo de la ley de paridad no hay preocupación alguna por las mujeres, ni siquiera asumiendo el papel de tutor de féminas desvalidas que tanto le gusta representar en público. Es tinta de calamar para ocultar el caso mediador, que, ese sí, está devastando su base electoral porque es un escándalo que ha calado en la calle. La historia es esperpéntica empezando por su principal protagonista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el famoso Tito Berni. Incorpora todos los ingredientes de un serial sobre políticos corruptos de baja estofa: sobornos, alcohol, cocaína y prostitutas. Como botón de muestra, el día que el PSOE llevó al Congreso una moción para prohibir la prostitución, Fuentes Curbelo votó a favor y se fue a celebrarlo a un burdel. Un impúdico espectáculo del que sólo se conoce una parte y que irá creciendo a lo largo de las próximas semanas.
Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Este año hay dos convocatorias electorales. La primera será a finales de mayo y se renovarán todos los ayuntamientos de España y trece comunidades autónomas, algunas importantes como Madrid o Valencia. En algún momento entre la vuelta de las vacaciones de verano y las Navidades habrá elecciones generales. Lo más probable es que Sánchez, que ha desarrollado una adicción a la poltrona muy superior a la de cualquiera de sus predecesores, apure los plazos al máximo y no disuelva las cámaras hasta entrado el mes de octubre. Para entonces su suerte seguramente ya esté echada. Si en la primera mitad del partido sufre una derrota catastrófica quizá se plantee hacer un Zapatero, apartarse y dejar el muerto a lo que quede en Ferraz. Pero Sánchez no es de los que se rinden. Dará la batalla hasta el último momento y eso mismo preludia una campaña larga, bronca y en la que todo va a estar permitido.
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