Pedro Sánchez, que tantos esfuerzos está haciendo para desempeñar el semestre próximo una Presidencia eficaz y honrosa del Consejo de Europa, es consciente del embolado que su ministro Bolaños le adjudicó, el 2 de Mayo pasado, al anunciar que había sido espiado mediante Pegasus, al igual que, quince días antes, Citizenlab de la Universidad de Toronto, un laboratorio financiado por las Bigtech, afirmara lo mismo respecto de 65 independentistas en el llamado Catalangate.
Uno es desagradablemente consciente que, al haber reforzado las pruebas sobre que el Catalangate es una falacia informática, tiene que adjudicar el mismo término de falaz a la declaración ministerial de aquel 2 de Mayo sin prueba alguna, como no fueran las mismas que el Catalangate esgrime. Los resultados publicados en revistas científico-profesionales revelan la preocupante y desagradable realidad de que por ahora no disponemos de una metodología fiable para realizar un análisis forense exhaustivo de ataques de Pegasus y de otros programas espía del mercado. Esto significa que, tanto las acusaciones de Citizen, como las afirmaciones del mencionado ministro adjudicadas al CNI no están respaldadas por pruebas minimamente solventes. A pesar de esta falta de rigor científico, la prensa internacional ha informado ampliamente sobre estas acusaciones, lo que plantea interrogantes sobre el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública en torno a cuestiones de ciberseguridad y vigilancia. Un problema serio para la gobernanza de un mundo digitalizado.
No sabemos quién, ni cómo se espió, pero por si acaso decimos que nunca lo sabremos (ministra de Defensa), afirmamos que no fue Marruecos (ministerio de Exteriores) y despedimos a la responsable del CNI
No es concebible que Pedro Sánchez, especialmente riguroso y cuidadoso en todo lo que hace a su futuro papel al frente de la UE, cargue con el sambenito de ser el único jefe de Gobierno al que uno de sus ministros ha “engañado”, con el único objetivo de preservar y mantener las relaciones que le había encargado con los partidos independentistas. La historia podría resumirse en estos términos: Estimados socios parlamentarios de ERC, para que vean que su acusación de haber sido espiados es ajena al Gobierno, nosotros mismos reconocemos haber sido espiados (autoacusación defensiva es la figura dialéctica). No sabemos quién, ni cómo se espió, pero por si acaso decimos que nunca lo sabremos (ministra de Defensa), afirmamos que no fue Marruecos (ministerio de Exteriores) y despedimos a la responsable del CNI (ministro de la Presidencia, siempre Bolaños). Todo sin dar razón alguna. Como es habitual, en este Gobierno cuando hay un problema, denunciamos y recurrimos al poder judicial que sabe mucho de ciberseguridad.
Hasta principios de siglo, espiar un teléfono implicaba una intervención física (el pinchazo) como único medio de recopilar información. Luego vino el spyware que hoy instala subrepticiamente software en los dispositivos objetivo permitiendo el acceso, superando el cifrado de extremo a extremo de toda la actividad del teléfono (fotos, mensajes de texto, contraseñas, historial GPS, correos electrónicos, llamadas, etc.), burlando los protocolos de las actuales versiones de los Sistema Operativos Android e i-OS, diseñados para extraer la mayor cantidad posible de datos “comerciales” del usuario más que en garantizar la seguridad de su funcionamiento. Determinar si alguien ha sido espiado a través de su móvil es un asunto intrincado dentro del campo del Análisis Forense, una rama de la ingeniería informática centrada en la recopilación e interpretación de pruebas relacionadas con intrusiones pasadas, basadas en la información presente en el dispositivo y en el límite en sus copias de seguridad. Desgraciadamente, llevar a cabo un análisis forense riguroso para confirmar un uso ilegítimo de software sofisticado como Pegasus es poco menos que inviable. Los estados han puesto sus sistemas de inteligencia en manos de tecnologías privadas y tiene que limitarse a contar fracasos o falacias.
Si surgen pruebas que refuten las acusaciones, la organización que las haga (Citizenlab en el caso Catalangate) puede ser culpable de difamar sin pruebas la reputación de España
El ministro Bolaños se ha metido en un jardín y ha arrastrado al resto del Gobierno. Si se demuestra su veracidad, numerosos agentes de los servicios de inteligencia podrían verse implicados en la violación de leyes constitucionales. Por el contrario, si surgen pruebas que refuten las acusaciones, la organización que las haga (Citizenlab en el caso Catalangate) puede ser culpable de difamar la reputación de España sin justificación. La presentación de pruebas confirmaría si elementos de un gobierno han hecho efectivamente un uso indebido de programas espía, aportando así argumentos irrefutables sobre de la violación de normas fundamentales. Como tercera variable están los permisos que los jueces pudieran haber dado para llevar a cabo esas intervenciones.
Disculpas por la pedantería pero nadie va a poder demostrar que Sánchez fue espiado con Pegasus. Nunca lo ha sido, por lo que hay que exigirle al Gobierno una rectificación, de lo contrario el episodio Pegasus va a tener dos efectos en lo que queda de 2023: a) fragilizar la autoridad moral en Europa de nuestro presidente y b) añadir una muesca más en la desconfianza que el PSOE genera para desesperación de quienes lo votamos.
Por dignidad y por eficiencia debe aclarar que alguien en su Gobierno no hizo bien las cosas, demostrando una ligereza inadmisible para un gobernante que tiene en sus manos un problema tan complejo como es el de superar el episodio independentista de 2017, frente al cual hay que desplegar inteligencia, generosidad y evitar falacias por ambas partes.
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