Tras las vacaciones de agosto, el tema económico más relevante sometido a debate sigue siendo el infausto acuerdo de concierto para Cataluña. Sánchez ha hecho muchas tropelías en sus años de gobierno, pero ésta va a tocar directamente el bolsillo de muchos españoles, y además de manera discriminatoria, por lo que constituye un punto y aparte. Algunos aún no se han enterado de que les quieren estafar, y el Gobierno lo dificulta intentando sembrar la confusión. Pero, o se aborta su aprobación o tendrá consecuencias muy graves.
A estas alturas ya resulta suficientemente conocido que el asunto de la financiación autonómica es -en el mejor de los casos- un juego de suma cero, en el que si va más dinero para Cataluña (y quieren que sea mucho) quedará menos para el resto. Todo lo demás son engaños. En realidad, lo probable es que con una agencia tributaria catalana nueva, y quizás criterios políticos en la relación con algunos contribuyentes, se resienta la eficiencia tributaria y el resultado global no sea cero sino negativo.
Cataluña no está infrafinanciada ni contribuye excesivamente a la solidaridad, aunque nos mientan con ello los signatarios del acuerdo. Basta con ver las cifras, que muestran una financiación por habitante situada ligeramente por encima de la media. Lo que sí hay es una mala gestión del Gobierno regional catalán, desde hace bastantes años, que gasta sin control en asuntos que no benefician a la mayoría de la población y no lo suficiente en servicios básicos. Y ello a pesar de tener un nivel muy elevado de impuestos propios, por encima de otras CCAA. En cualquier caso, los impuestos los pagan las personas, no los territorios y, simplemente, la acumulación de rentas más altas en un espacio como Cataluña lleva aparejada que se haya producido un mayor nivel de ingresos públicos que de gasto público estatal. Y, por tanto, una cierta aportación a la solidaridad con el resto de territorios. Como ocurre en cualquier Estado europeo. O en cualquier barrio relativamente rico.
Nos repiten hasta aburrir que el concierto catalán será solidario. Me temo que cabe aplicar aquello de “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. Porque resulta evidente que, si ERC lo ha firmado, es con el objetivo de que en Cataluña se quede más dinero, menoscabando la solidaridad. De hecho, dicen que “sólo” les importa Cataluña. Probablemente, el primer año ya le darían un buen tajo, y luego sería cada vez mayor. La llave la tiene quien recauda y no me cabe ninguna duda de que estará sujeta a cálculos políticos. Y además la contrapartida de los votos indepes para apoyar a Sánchez les permitirá acuerdos favorables para ellos.
Ofrecer el mismo trato al resto de CCAA, que son las que reciben, es una tomadura de pelo cuando no una canallada. Quizás busca la división en el bando contrario, aunque hable de federalismo
El acuerdo habla de aplicar el principio de ordinalidad a la hora de determinar cuánto aportaría Cataluña a la solidaridad. Se trataría de que el ranking de generación de ingresos públicos por habitante determinara también el orden de gasto público por habitante. De manera que en Cataluña fuera mayor que en casi todas las restantes CCAA. Algo absolutamente regresivo, aunque lo firmen unos tipos que se autocalifican como progresistas. Es realmente negativo, porque lo que se busca como Estado es garantizar la igualdad en la prestación de los servicios básicos, por ejemplo, sanidad o educación, que son las materias más importantes que gestionan las CCAA. Y hay que darles a todas ellas lo que necesiten. Este principio de ordinalidad es tan absurdo que, llevado al límite, supondría por ejemplo que Amancio Ortega o Florentino Pérez lo exigieran también pidiendo más gasto público para ellos porque pagan más impuestos (por ejemplo, un aeropuerto privado). Las necesidades básicas de la población se atienden en función de lo que requieren, no por ninguna “ordinalidad”.
Por otra parte, los pocos del PSOE que hablan sobre el tema se mueven entre la vergüenza y la falta de argumentos. Así, la ministra Montero dice que el gobierno extendería a otras CCAA la financiación singular de Cataluña. Y se queda tan ancha haciendo el ridículo…. Como decía, esa financiación singular pactada para investir a Illa tiene el objetivo evidente de que Cataluña se quede con más dinero. Eso solo conviene a las CCAA más ricas. O sea, a Madrid y Baleares (forales aparte), que son las únicas con aportación neta al sistema. Ofrecer el mismo trato al resto de CCAA, que son las que reciben, es una tomadura de pelo cuando no una canallada. Quizás busca la división en el bando contrario, aunque hable de federalismo.
También dice Montero que se ofrecerá el mismo nivel de servicios en todas las CCAA. Es probable que, para que no se perciba tanto el engaño, busquen que el Estado otorgue más financiación a las Comunidades para vencer su resistencia y conseguir que aprueben el nuevo sistema desequilibrado en favor de Cataluña. Así lo propone también Mas Colell, que habla de un 2% de mayores recursos a transferir desde el Estado a las CCAA. Pero eso es una barbaridad y un caramelo envenenado, porque el dinero del Estado también es de todos. Y eso supondrá que a los no catalanes les tocará o que les suban los impuestos o un aumento de la deuda (los mercados pasarían factura). Circunstancias, ambas, indeseables.
Increíble que en el PSOE, o lo que quede del partido de Estado que fue, no haya más voces discordantes en un movimiento firme de contestación a un proyecto claramente lesivo para el conjunto de la nación
Esta misma semana, la portavoz socialista pretendía justificar la financiación singular de Cataluña diciendo que otros territorios, como las provincias con reducidísima densidad de población, también tienen singularidades (se trata de ciertas ayudas a empresas para creación de empleo y evitar una despoblación aún mayor). Esto tras lo que dijeron, igualmente ridículo, sobre singularidad en las islas... Son patéticos sus argumentos, un insulto a la inteligencia y un buen indicio de que no encuentran ninguno otro menos absurdo. Increíble que en el PSOE, o lo que quede del partido de Estado que fue, no haya más voces discordantes en un movimiento firme de contestación a un proyecto claramente lesivo para el conjunto de la nación y especialmente para los territorios más desfavorecidos, algunos de ellos administrados por el PSOE.
Así que aquí tenemos a un partido, otrora socialista, dedicado a defender las transferencias de dinero de las CCAA menos boyantes a una de las más ricas. Todo ello, en un asunto que exigiría una aprobación por mayoría absoluta en el Congreso, que no parece posible. Lo inquietante es que ERC habla de que han acordado un plan B y cabe temer que sea aún peor….
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