“Los firmantes del Frente Popular asociaban a buena parte de la Judicatura con la política radical-cedista y, sobre todo, le atribuían una actitud contraria al régimen republicano. De hecho, y en referencia a algunos magistrados del Tribunal Supremo, la opinión de las izquierdas era unánime: se trataba de cómplices activos de las arbitrariedades del segundo bienio. En ese contexto, la idea de que había que «republicanizar» cuanto antes la Justicia cobró un gran impulso a partir de abril, a fin de evitar que el Estado mantuviera una «infraestructura» «violentamente hostil contra la República» y se produjera una nueva «cacería de izquierdistas» gracias a una interpretación «jesuítica» de las leyes al servicio de los «enemigos irreductibles» del régimen”. El párrafo transcrito está tomado del trabajo “Los enemigos enmascarados de la República: los jueces y la `republicanización´ de la justicia en la primavera española de 1936”, obra del profesor Manuel Álvarez Tardío. Para los líderes de la izquierda republicana “el Supremo había actuado con parcialidad manifiesta tras la insurrección de octubre de 1934. Además, -denunciaban-, la Justicia había sido cómplice de la intromisión de los políticos antirrepublicanos, reforzando así el protagonismo de una generación de jueces ajenos a los valores republicanos y que debían, por tanto, ser apartados”. La posición del PSOE era aún más radical: “En los socialistas era manifiesta una clara animadversión contra una Judicatura tildada, en general, de reaccionaria. Por eso no es extraño que la cuestión judicial tuviese un hueco importante en el manifiesto electoral de la coalición de Frente Popular. Se prometía reorganizar la justicia para liberarla «de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política».
La historia se repite con casi 90 años de diferencia, y lo hace de la mano de un PSOE convertido en la quijada que mantiene a las dos Españas en pie de guerra y niega la reconciliación entre ambos bandos. Entonces se trataba de hacer realidad una “justicia republicana”; ahora se trata de transformar la Justicia independiente hija de la Constitución del 78 en una justicia sanchista que mire hacia otro lado ante las prácticas corruptas de la cúpula socialista refugiada en la Moncloa, prácticas que empiezan en el propio entorno del presidente del Gobierno. La semana ha sido pródiga en episodios que han tenido a la judicatura como protagonista, con el Gobierno embarcado en un doble frente de batalla: se trata, por un lado, de desacreditar a los jueces, a quienes se acusa de estar politizados y al servicio de la derecha, ello con la vista puesta en la gran batalla que podría desencadenarse el día no lejano en que el Supremo solicite al Congreso el correspondiente suplicatorio para poder sentar a Pedro Sánchez en el banquillo, y por otro, de hacer realidad una “Justicia del pueblo”, una Justicia popular formada por jueces salidos de los miserables planes educativos actuales, que accedan a la carrera sin necesidad de pasar por las horcas caudinas de las difíciles oposiciones -que según la izquierda solo pueden permitirse los hijos de las clases acomodadas-, por las que necesariamente han tenido que transitar jueces y fiscales actuales. Una operación de mucho más calado y a medio y largo plazo. Como en la primavera del 36, se trata de acabar con “los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política”.
Una operación de mucho más calado y a medio y largo plazo. Como en la primavera del 36, se trata de acabar con “los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política”.
Tan cerca como el 11 de noviembre pasado, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en su disposición final decimonovena nonies dispone que «1. Con el fin de acabar con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer las carreras judicial y fiscal, el Gobierno presentará a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley orgánica para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos fijados en la Directiva 1999/70/CE del Consejo (...) 2. Este proyecto de ley orgánica acomodará el régimen retributivo y de seguridad social de magistrados y magistradas suplentes y juezas y jueces sustitutos a los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, conforme a lo dispuesto en el artículo 402 de la ley Orgánica del Poder Judicial». Como es norma cuando de un Gobierno socialista se trata, toda ilegalidad o cacicada que se precie inevitablemente cuenta con la coartada de la trasposición de alguna directiva europea susceptible de enmascarar las verdaderas intenciones de Moncloa. Pero esta vez ha sido el diputado Enrique de Santiago, con la brutal sinceridad que suelen exhibir los comunistas a la hora de explicarse, quien ha desvelado las verdaderas intenciones del proyecto: “integrar a los jueces suplentes y sustitutos en la carrera judicial”.
Es cierto que los jueces suplentes y sustitutos, como sostiene Santiago, “tienen escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad”, pero no lo es menos que para salir de su oprobiosa situación cuentan con una vía tan conocida como trillada: el acceso a la carrera judicial previa superación de las correspondientes pruebas selectivas a través de oposición libre o mediante concurso-oposición entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia. Oposición libre en la que miles de chicos y chicas de toda condición social se dejan el alma estudiando durante años para poder acceder a la carrera judicial sin remuneración alguna y sin expectativa cierta de que se vayan a convocar el número de plazas necesarias para aliviar las estrecheces de la administración de justicia. El magistrado Sergio Oliva, titular del Juzgado de lo Social número 9 de Tenerife y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, daba días atrás en la diana en un artículo publicado en “Hay Derecho”: “Asistimos a una maniobra política de calado que rompe abruptamente las reglas del juego del acceso a la carrera judicial y privilegia injustificadamente a los jueces interinos por encima del cuerpo de opositores y de los juristas de reconocida competencia que acceden por el denominado cuarto turno. En lugar de incrementar significativamente el número de jueces de carrera, convocando las plazas necesarias por oposición, los poderes públicos optan por desnaturalizar el Poder Judicial. Un paso más en la estrategia de deslegitimar y descomponer el tercer poder del estado en la que actúan de manera concertada determinadas fuerzas políticas”.
Oposición libre en la que miles de chicos y chicas de toda condición social se dejan el alma estudiando durante años para poder acceder a la carrera judicial sin remuneración alguna y sin expectativa cierta
Casi el 17% de los jueces españoles son suplentes o interinos, porcentaje que pone de manifiesto la insuficiencia de la plantilla de los de carrera. Según el informe de la Comisión Europea para la eficiencia de la justicia de 2022, España cuenta con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a los 17 de media en la UE, déficit que es parcialmente cubierto con interinos, lo cual constituye un flagrante incumplimiento de la ley española y de la propia jurisprudencia del TJUE, según el cual la interinidad debería ser una medida temporal y excepcional. El problema tiene visos de agravarse si tenemos en cuenta que en el decenio 2022-2032 se producirá la jubilación del 30% de la actual carrera judicial. ¿Cómo piensa el Gobierno afrontar este masivo déficit de magistrados? Convocando unas escuálidas oposiciones a jueces y fiscales para cubrir 120 plazas al año, cuando deberían ser necesarias no menos de 310/320 anuales. Y ello con una insoportable carga de trabajo en los juzgados, situación normal si tenemos en cuenta que la litigiosidad ha aumentado en 17 puntos entre 2019 y 2023, incremento que ha escalado hasta los 24 puntos en el último año. Nada hace el Gobierno para remediar este estado de cosas: ni procura mecanismos legales que remedien o alivien este aumento de la litigiosidad, ni es capaz de dotar adecuadamente la plantilla de jueces y fiscales. El resultado es catastrófico: una brutal carga de trabajo que consigue ir agostando prematuramente el carácter vocacional de esa hermosa profesión, lo que a su vez se traduce en un aumento de las jubilaciones anticipadas. El corolario de más carga de trabajo y menos jueces son los inaceptables retrasos en la administración de justicia de los que desde hace tiempo se viene quejando la ciudadanía, y quiebra de la confianza en los tribunales por parte de esa misma ciudadanía. Como asegura Oliva, “están tratando de acabar por ahogamiento con la carrera judicial”.
Lo inaceptable, en términos de calidad democrática, es que, so capa de mejorar las condiciones profesionales de los jueces interinos, reclamación inaplazable que no cabe sino apoyar, el Gobierno pretenda convertirlos en magistrados de carrera, colando en la carrera judicial por la puerta de atrás a personas que no han aprobado las oposiciones que se han visto obligados a superar los jueces y fiscales en ejercicio. Y ello porque, por mandato constitucional, la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico está encomendado de manera exclusiva a los jueces y magistrados integrantes del Poder judicial. Acabar con estas oposiciones no es una aspiración del Ejecutivo que tenga que ver en exclusiva con la carrera judicial. El Gobierno social comunista de Marichús y Yolandas aspira a terminar de un plumazo con las oposiciones de acceso a los altos cuerpos de la Administración del Estado, todas bajo sospecha de ser reducto de burgueses, naturalmente ricos y de derechas, desde las de Abogado del Estado hasta las de TECOS (Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado), entre otras. Normal en un Gobierno que desprecia el esfuerzo, que ha devaluado hasta extremos insoportables las leyes educativas en sus distintas etapas y que aspira a consolidar una “Administración popular”, lo que equivale a decir una Administración ocupada y controlada por la izquierda, arrinconando a los funcionarios de carrera. Leído esta semana en Le Figaro: “Hoy es muy difícil imaginar el milagro de 1958 y recuperar el control de nuestro destino. Porque a diferencia de los años 50 y 60, el colapso de la Educación Nacional significa que ya no tenemos los recursos humanos para darle la vuelta al país. En los años 50 y 60, nuestro sistema educativo, uno de los más eficaces del mundo, permitió formar científicos, investigadores e ingenieros, que reconstruyeron la industria, la economía, el poder y la prosperidad de Francia. También la formación de una elite gobernante de muy alto nivel, que tenía en el corazón la grandeza de Francia y el interés general. Hoy en día, la fallida EN no produce más que mediocridad, tanto política como científicamente”. Un problema de Francia y, muy agravado, también de España.
El Gobierno social comunista de Marichús y Yolandas aspira a terminar de un plumazo con las oposiciones de acceso a los altos cuerpos de la Administración del Estado. Normal en un Gobierno que desprecia el esfuerzo
En esas estamos. En el intento desesperado de Pedro Sánchez por escapar de la acción de la Justicia mediante el expeditivo método de someterla y desnaturalizarla. Procedimientos típicos de cualquier dictadura que se precie. De nuevo el precedente de la II República, en la que socialistas y comunistas pretendieron echar al cubo del fascismo a toda la judicatura sin excepción, para sustituirla por esa “justicia de clase” acuñada por Karl Liebknecht a primeros del siglo pasado. Para el Frente Popular, la edad de jubilación de los jueces se convirtió en caballo de batalla fundamental, en tanto que procedimiento cómodo y eficaz para retirar a los magistrados más antiguos de las AP y del Supremo, gente supuestamente con mayor vinculación con el ideario monárquico. Las Cortes del 16 de junio del 36 terminaron aprobando una ley que creaba un “Tribunal especial para exigir la responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, Magistrados y Fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”. Un tribunal para amedrentar a los jueces. “Queremos una justicia republicana”, había declarado Azaña. Queremos una justicia sanchista, vuelve a repetir ahora el PSOE. A esa labor se ha entregado de hoz y coz Sánchez cuando dice que “el PP juega con las cartas marcadas” ante las iniciativas judiciales motivadas por las denuncias de corrupción de su mujer y de su hermano. Está preparando el terreno para la rebelión de la mayoría que le sostiene en el Congreso contra un eventual suplicatorio del Supremo. El tipo está dispuesto incluso a ir a la guerra. Sánchez quiere su amnistía, pretende la amnistía de su propia corrupción. Y no está solo. Al fin y al cabo, muchos de los millones de españoles que aún le votan aceptarían encantados la idea de que Sánchez y su entorno debieran poder robar a calzón quitado, sin miedo a los tribunales de justicia.
