Opinión

Sánchez, Zapatero, Illa y el referéndum oculto para Cataluña

Unamos la línea de puntos. ¿Qué tienen en común Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa para este cónclave de ejercicios espirituales estivales en

Unamos la línea de puntos. ¿Qué tienen en común Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa para este cónclave de ejercicios espirituales estivales en Lanzarote que tanto está descolocando al PSOE? Podría ser Venezuela… pero no es creíble. ¿Un mero descanso para aliviar tensiones en un paraíso natural? Podría ser también. Pero no es sostenible pensar que no traman algo. ¿Qué tienen en común? Son tres de los máximos dirigentes del partido que han impuesto como natural un viraje programático e ideológico hasta transformar el PSOE en una formación soberanista más. Su inclinación hacia el independentismo, su cohabitación y permisividad, su comprensión hacia el nacionalismo excluyente, no provienen de un estado de necesidad, sino de un convencimiento profundo. Ya ni se molestan en maquillarlo.

El PSOE está cerrando un círculo para alterar definitivamente la configuración administrativa y territorial -también emocional- de España, concediendo a Cataluña estructuras propias de Estado. El mensaje oficial es que Illa actuará como un dique de contención del soberanismo, que será un parapeto para conservar el constitucionalismo. Reconfigurado, readaptado, actualizado, pero constitucionalismo a fin de cuentas. No es cierto. Cataluña es una nación en un Estado plurinacional, dijo textualmente Illa en su investidura. Y la dirección federal del PSOE, de modo unánime, ha aceptado articular un estatus fiscal propio para Cataluña, una suerte de cupo exclusivo al margen del régimen común de financiación del resto de autonomías. Lo niegue o no María Jesús Montero, lo firmado con ERC es una Agencia Tributaria propia de Cataluña para recaudar y gestionar todos los impuestos. Con sello y firma del PSOE. Esta operación no sólo no está prevista constitucionalmente -es lo que admitía el propio PSOE hasta ayer mismo-, sino que forma parte de un desmontaje paulatino del sistema que, mal que bien, ha funcionado 45 años en España. Si se llegase a aprobar (algo que no es fácil), ya nadie podrá invocar aquello de una España a dos velocidades. Como mínimo, será a cinco o seis velocidades, en una deriva de deconstrucción para dar lugar a una suerte de Estado confederal por la gatera.

No se trata de si se llega a aprobar o no, sino sencillamente de haberlo planteado y asumido por parte del PSOE. En el fondo subyace una dinámica de desconexión por la vía de los hechos consumados. Basta con argumentar que “a los gobiernos se nos exigen acuerdos políticos”, y si este tipo de pactos se imponen al principio de legalidad o a las exigencias de la igualdad entre comunidades, eso ya es secundario. Es la voluntad del pueblo, clama el Gobierno. El valor de los votos y las mayorías. Todo forma parte de la secuencia de aquello que dijo Óscar Puente de que los jueces y magistrados sólo deben ser meras comparsas para interpretar la ley al modo y manera que el legislador se proponga, sin el menor respeto a su criterio e independencia. La obediencia de los tribunales debe quedar así supeditada a la voluntad de lo que la presidenta del Congreso denomina “soberanía popular” -no nacional-, y no al principio de legalidad o a la separación y equilibrios de poderes. Asamblearismo puro y duro propio de las democracias orgánicas. O sea, de las no democracias.

"El PSOE dice ser constitucionalista, federalista, confederalista o soberanista en función de lo que necesite en cada momento. Ha hecho de la reversibilidad de los principios una seña de identidad".

Desconexión por la vía de los hechos consumados… La novedad estratégica que incorpora el PSOE de Sánchez, Zapatero e Illa en su retiro isleño es que una vez manoseado el principio de legalidad, ya no serán precisas vías unilaterales de independencia ni espectáculos teatrales en el balcón de la Generalitat. El PSOE ha mutado en un partido soberanista sin que ninguno de los barones que lo rechazan con aspavientos se haya dado de baja del partido. Al final, la destructiva rutina del sanchismo recurre a argumentos falaces como la historia, la concordia y la reinterpretación a capricho del texto constitucional. Y todo, aliñado con imprescindibles dosis de derecho creativo y alternativo para convertir en legal lo que es ilegal con un par de párrafos ‘táctico-políticos’ del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, falta aún un golpe de efecto: una consulta pactada como el tránsito final de la claudicación ante el separatismo y su exigencia de crear una coartada política y una cobertura visual a la descomposición del sistema. Es decir, un referéndum que reafirme por la vía de la “soberanía popular” catalana lo que ya ha quedado previamente aprobado con el retorcimiento a medida de las leyes, con la utilización fraudulenta del Parlamento y con la sumisión de un partido, el socialista, que dice ser constitucionalista, federalista, confederalista o soberanista en función de lo que cuadre y necesite en cada momento. El PSOE ha hecho de la reversibilidad de los principios una seña de identidad.

Si Cataluña es una nación, si se le concede un cupo fiscal específico, que es tanto como concederle una Agencia Tributaria propia, si goza de una financiación privilegiada que castiga al resto de autonomías, y si el PSOE justifica una amnistía expresamente proscrita en la Constitución… entonces, el camino jurídico para convocar un referéndum ya queda expedito. La trampa tendida por el PSOE al sistema consiste en haber alterado los términos de la ecuación. De este modo, no es un referéndum previo lo que condicionaría que Cataluña adquiriese estructuras de Estado sólo después de celebrarse. Es la atribución previa de esas estructuras lo que convierte a cualquier consulta que las refrende en una guinda inevitable y casi irrelevante. Porque esos pilares de Estado ya estarán en marcha y se habrán consolidado sin vuelta atrás. Así, la consulta sería un mero adorno, un remate simbólico para algo que en realidad ya había quedado instaurado con anterioridad.

"Falta aún un golpe de efecto: una consulta ‘pactada’ como el tránsito final de la claudicación ante el separatismo y su exigencia de crear una coartada política para la descomposición del sistema".

El argumento tiene lógica. Una vez aceptado socialmente el gota a gota de esta descomposición constitucional, y que Cataluña es una nación en un Estado de varias naciones, cualquier consulta pactada por el sanchismo se convierte a los ojos del PSOE en el menor de los males porque ya el subconsciente colectivo viene convenientemente manipulado, educado y resignado para asumir que, en efecto, Cataluña merece ese “derecho”. El resto lo harán la inercia y la rutina del cansino relato de la concordia, la convivencia y los exornos florales inherentes a cada abuso del sanchismo. Se trata de una estrategia progresiva, sin prisas pero sin pausa, de sofronización global, de hipnosis general, con la que sobreponer una ilegalidad tras otra para que no dé tiempo a digerir la anterior. Así, hasta hacer creer que por el hecho de que España sea plural y compleja, necesita ser desguazada.

Albarda sobre albarda, y una vez logrados el control de la caja y de los derechos inventados, y una vez aceptada la ruptura de la igualdad o la vulneración del principio de solidaridad entre españoles, al independentismo sólo le restarán dos exigencias: un poder judicial propio que Cataluña ya trató de incorporar al Estatuto de 2006 con la anuencia de Zapatero, y la escenificación de una consulta que se maquillará para no preguntar directamente por la independencia o la autodeterminación. Bastará con que señale lo que ya ha reconocido Illa: que Cataluña es una nación con necesidad ‘sentimental’ de configurar un andamiaje administrativo, económico, político y cultural similar al de cualquier Estado propio.

Es difícil creer que Sánchez, Zapatero e Illa han estado solo de mercadillos en Lanzarote. Veinte a uno a que han discutido cómo culminar el método para transformar el ‘procés’ catalán en un torbellino para-constitucional español. O mejor, cómo ha de ser la articulación final de este largo periodo neoconstituyente, que dura ya seis años. Sólo resta saber cómo comunicar a los ciudadanos que todo esto… es bueno para España. Y a fe que lo lograrán. Ya han consolidado el argumentario. Que si los sentimientos, la convivencia, la historia y la recreación de mitos confederales. Y a los hiperventilados, a los barones desconsolados del PSOE y a los ultraderechistas varios, otro gin tonic. Ya se acostumbrarán.

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