En las últimas semanas se ha podido comprobar que el Gobierno ha sufrido una auténtica implosión, resultado de las discrepancias en materia fiscal surgidas entre sus componentes y los socios parlamentarios en los que se apoyó la investidura de Sánchez.
Recordemos que el acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Sumar incluye por, exigencia de esta segunda fuerza política, la conversión en permanentes de los impuestos contra las empresas bancarias y las energéticas que nacieron como transitorios y fueron justificados en base a los llamados beneficios extraordinarios que habrían obtenido unas y otras en los ejercicios previos. Con independencia de lo incoherente que resulta convertir en ordinarios unos impuestos cuya exigencia se justificó por una circunstancia extraordinaria, lo cierto es que dos de los socios parlamentarios del Gobierno, Junts y PNV, se han negado radicalmente a la pretensión gubernamental en lo que se refiere al impuesto energético. Al hacerlo, han impedido que el PSOE cumpla con la exigencia que le impuso Sumar y, para reparar este incumplimiento y compensar el importe no recaudado por el impuesto energético, a la ministra de Hacienda se le ha ocurrido aplicar un conjunto de nuevos impuestos y de subidas de los ya existentes. Está por ver si esta pretensión sobrevenida será o no aceptada por Junts y por PNV.
En cualquier caso, entre los objetos compensatorios que proyectan los de Sánchez se encuentra la eliminación para los servicios prestados por la sanidad privada de la exención en el IVA que actualmente existe para todos los servicios sanitarios, sean públicos o privados. La medida sería gravísima y lo sería al menos por dos motivos. Uno, por carecer de justificación técnica, ética y económica. Dos, por resultar peligrosísima para la sanidad pública. Vamos a centrarnos en ambos
Utilizando la simplona jerga habitualmente empleada, viene a decirse que la eliminación de la actual exención afectaría solo a los ricos o muy ricos. Los datos desmienten categóricamente tal justificación
Carece de ética que a los españoles se les cobre impuestos por acceder a la provisión del servicio de salud. Éste es un servicio básico o necesario, y gravar tributariamente el acceso a su prestación resulta ética y técnicamente injustificado sea cual sea la titularidad de la entidad que lo preste. Como injustificado resultaría imponer un impuesto a los servicios educativos por tener carácter privado el que los preste. Sin duda, la capacidad contributiva es la circunstancia que debe modular la exigencia fiscal que se imponga a cada contribuyente, pero después y solo después de entender aquella en términos netos. Es decir, una vez considerados los gastos que ha de afrontar imprescindiblemente para su subsistencia y para un desarrollo vital lógico. Esto es lo que obliga a que en el IRPF exista un importe en concepto de mínimo personal que no forma parte de la renta gravada. Y esto es lo que obliga a que el acceso a los servicios básicos de sanidad -o de educación- no incorporen coste fiscal alguno. Quebrar esta máxima por razones de coyuntura política es una afrenta a la técnica tributaria y, lo que es más grave, a la ética colectiva.
Desatendiendo todo lo anterior, se pretende justificar la medida aludiendo a que los usuarios de servicios sanitarios privados tienen una especial capacidad económica que les hace susceptibles de una especial o específica tributación. Vamos que, utilizando la simplona jerga habitualmente empleada, viene a decirse que la eliminación de la actual exención afectaría solo a los ricos o muy ricos. Los datos desmienten categóricamente tal justificación. Según Unespa, son más de doce millones los españoles –aproximadamente un 25% de la población- los que tienen contratado un seguro de salud y, se ponga como se ponga MJ Montero, desgraciadamente en España no existen doce millones de ricos o muy ricos.
El proyecto del Gobierno resultaría letal para la sanidad pública cuyos centros sanitarios verían aumentar de modo considerable su actual número de usuarios con el riesgo, en realidad la certeza, de aumentar el colapso actual existente en la atención médica
Puede comprobarse lo anterior analizando las estadísticas oficiales del IRPF en las se observa que el porcentaje de contribuyentes con rentas gravables superiores a 30.000 euros son solo el 26,5% del total declarantes del impuesto. Quiere decirse que, si se admite como hipótesis que los contratantes de primas de seguro de salud son siempre los que tienen más renta, la tributación prevista por el Gobierno vendría a castigar fiscalmente a prácticamente todos los españoles cuya renta gravable superara el importe de 30.000 euros. ¿Son ricos o muy ricos aquellos que tienen una renta de 31.000, 32.000, 35.000 euros o 40.000 euros? ¡Anda ya Montero!
Pero es que, además de lo ya expuesto, el proyecto del Gobierno resultaría letal para la sanidad pública cuyos centros sanitarios verían aumentar de modo considerable su actual número de usuarios con el riesgo, en realidad la certeza, de aumentar el colapso actual existente en la atención médica del sistema público. Dos las causas que lo provocarían.
En primer término, porque este nuevo rejonazo fiscal del Gobierno aumentaría el precio de los servicios sanitarios privados -Unespa estima que entre un 6% y un 8%-. La ley de la demanda provocaría que ante el citado encarecimiento, muchos de los usuarios de la sanidad privada la abandonasen y pasaran a engrosar la fila de los que utilizan la sanidad pública, agravando el embotellamiento actualmente existente en ésta.
En segundo lugar porque, a lo anterior, se le debe añadir la errática gestión gubernamental referente a la renovación de los acuerdos entre Muface y las sociedades médicas privadas. De culminarse el proceso con la no renovación se produciría una debacle por la que los actuales 1,5 millones de funcionarios adheridos a la gestión sanitaria privada se verán obligados a integrarse en el servicio de gestión pública. Otro añadido al aumento del colapso provocado por el encarecimiento fiscal reseñado y que desbordaría aún más la ya agobiada sanidad pública.
El daño a las comunidades del PP
Como puede constatarse, la irresponsabilidad de adoptar la medida que se proyecta por el Gobierno es mayúscula y además concurre -concurriría- en algo tan socialmente fundamental como es el servicio básico de salud. Es deseable por ello que finalmente el Gobierno desista de su proyecto o que, sin que existe desistimiento, sea incapaz de llevarlo a cabo por la negativa de alguno de sus socios parlamentarios. Tan solo el mero hecho de que lo haya proyectado resulta indicativo de una absoluta irresponsabilidad pues equivale a proyectar el lanzamiento de una bomba de racimo sobre la sanidad pública española.
He escuchado versiones que apuntan a que el Gobierno es plenamente consciente de las dramáticas consecuencias que la sanidad española sufriría de implementarse la medida que hemos analizado. Y que, conociéndolas, está dispuesto a que se produzcan pues como la gestión sanitaria es competencia autonómica, serían las Comunidades Autónomas -mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular- las que resultarían políticamente afectadas al sufrir las consecuentes críticas de los usuarios de la sanidad pública. Resulta difícil dar verosimilitud a estas versiones, pero, visto lo visto con otros asuntos en otras ocasiones, es imposible negar que pudiera ser cierto.
