Por sobredimensionamiento del Estado ha de entenderse una situación en la que el gasto público supera con creces los ingresos públicos que la economía puede generar recurrentemente. A veces también se utiliza este término para referirse a la existencia de un exceso de regulaciones e intervenciones en los mecanismos de mercado por parte de los diversos niveles del Estado que lastran el crecimiento económico. Otros, más finos, consideran que el Estado está sobredimensionado cuando los beneficios que procura a la sociedad son netamente inferiores a los costes que acarrean los impuestos y la burocracia necesarios para financiarlo. Esta dos últimas definiciones, sin embargo, se subsumen en la primera, ya que el menor crecimiento económico que provocan los excesos regulatorios e intervencionistas y los elevados niveles impositivos se termina traduciendo en un menor crecimiento de los ingresos públicos.
En la mayoría de los países occidentales el tamaño del Estado se ha adentrado en esa zona de sobrecarga como consecuencia de las respuestas fiscales a la Gran Recesión y a la pandemia, por una parte, y de la normalización de la política monetaria por otra. Durante los últimos años, los tipos de interés excepcionalmente bajos, junto con las compras de deuda por parte de los Bancos Centrales, han compensado artificialmente el aumento del gasto público estructural mediante la reducción de la carga de intereses de la deuda pública, al tiempo que han facilitado la colocación de las nuevas emisiones y renovación de vencimientos de dicha deuda. Si bien todo esto ha ocurrido en la mayoría de países, la situación es más delicada en unos que en otros. España, en concreto, se encuentra entre los dos o tres países europeos con peor situación fiscal, entre los dos o tres con un mayor sobredimensionamiento del Estado, debido esencialmente a las medidas adoptadas (y a las no adoptadas) desde el cambio de gobierno de 2018. En efecto, mucho más que a la pandemia, la desaforada expansión reciente del Estado en nuestro país obedece a la ideología que se encaramó al poder a partir de la segunda mitad de 2018.
La insostenibilidad se puede alcanzar también por el desplazamiento, la erosión, de la actividad privada, o por el peso creciente de la carga de intereses en el gasto público
Un sobredimensionamiento del Estado implica que, antes o después, se tendrá que recortar o al menos reducir sustancialmente el ritmo anual de avance del gasto público, ya que la acumulación de deuda pública que entraña el diferencial persistente entre gastos e ingresos públicos será antes o después insostenible. La insostenibilidad no se alcanza únicamente por la aparición de dificultades crecientes para renovar vencimientos o colocar nueva deuda, o por tener que hacerlo a tipos de interés muy superiores a los que disfrutan países con relativamente poca deuda pública. Aunque no hay que desdeñar la influencia de estos factores en 2024, cuando Italia tendrá que renovar vencimientos de deuda por un importe cercano al 25% del PIB y España por importe no muy por debajo del 20%. En el pasado no muy lejano, antes de las compras de deuda por parte de los Bancos Centrales, montos de vencimientos superiores al 15% del PIB constituían una señal de alerta para los mercados de deuda. La insostenibilidad se puede alcanzar también por el desplazamiento, la erosión, de la actividad privada, o por el peso creciente de la carga de intereses en el gasto público, o bien por la violación de las reglas de gobernanza de la eurozona, ya sean las antiguas o las nuevas, que serán de aplicación en 2024. La erosión de la actividad privada se produce tanto por las presiones al alza de las emisiones de deuda pública sobre los tipos de interés que soportan familias y empresas como por las subidas de impuestos directos con las que, infructuosamente, se intenta generar ingresos públicos suficientes para cubrir el disparatado nivel de gasto público. La carga de intereses de la deuda pública, que en nuestro país alcanza ya el 3% del PIB y aproximadamente el 12% del gasto público, en ausencia de medidas correctoras, se disparará en los próximos años por la normalización de la política monetaria. Este gasto, algo inferior al presupuesto de educación y cerca de la mitad del de sanidad, ya está cercenando el gasto en inversión pública del Estado y lo hará aún más en los años venideros. En cuanto a las reglas de gobernanza de la eurozona, se apruebe lo que finalmente se apruebe, será imposible seguir teniendo déficit públicos corrientes o estructurales superiores al 3%. Según la Airef, España cerrará 2023 con un déficit corriente del orden del 4,1% y un déficit estructural cercano al 5%, los mayores de la UE. Que esto esté sucediendo a pesar de tres años de crecimiento económico sustancial y por encima de la media de la UE, del todavía reducido impacto de las subidas de tipos sobre la carga de la deuda, de las subidas impositivas y del extraordinario aumento de los ingresos públicos por la elevada inflación de estos años es la prueba irrefutable del sobrepeso, de la obesidad mórbida diría yo, del Estado en nuestro país.
Frustración social
De la incertidumbre inherente al “antes o después” que se mencionaba antes, de la imposibilidad de los conocimientos económicos para fechar con relativa precisión este incierto ámbito temporal, se suele aprovechar la clase política evitando actuaciones impopulares hasta que no sea inevitable adoptarlas. Esto ocurre a veces por incompetencia, a veces por cálculos electorales y otras veces por profesar ideologías reñidas con la disciplina presupuestaria y el bienestar económico. Pero, como reza el adagio, Mors certa, hora incerta. El no saber o el no querer hacer a tiempo lo que se debe hacer incrementa los costes y la frustración social que habrá que afrontar cuando llegue el ineludible momento de hacer lo que hay que hacer.
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