Han pasado dos semanas desde la celebración de las elecciones generales. Lejos de festejar su tradición democrática, el país se encuentra sumido en una enorme confusión, con importantes incógnitas por despejar como, por ejemplo, el desconocer si será preciso volver a las urnas de nuevo antes de fin de año.
Pese a que las papeletas del 23-J arrojan unos resultados bien distintos a los de 2019, no cabe de duda de que hay algunos elementos que aparecen irremisiblemente en todos los comicios y que, además, determinan el color del Gobierno.
No es un asunto nuevo, pero no está de más recordar, por ejemplo, el factor determinante de la sobrerrepresentación legislativa de Cataluña y el País Vasco, donde el número de votos que los nacionalistas envían al Congreso se transforman, en forma abrumadora y desigual, en factor determinante a la hora de armar mayorías parlamentarias.
Quizás las cosas no debieran ser así. Muchas veces se ha hablado de reformar la ley electoral, adaptándola a los nuevos tiempos, tan distintos a los que vivíamos cuando se aprobó
Este efecto, este desequilibrio electoral favorece la polarización y alimenta una notable discriminación puesto que genera ciudadanos de primera, segunda, y tercera clase, amén de que fomenta un cierto fervor identitario. Quizás las cosas no debieran ser así. Muchas veces se ha hablado de la necesidad de reformar la ley electoral, adaptándola a los nuevos tiempos, tan distintos a los que vivíamos cuando se aprobó. Algunos partidos incluyen este punto en sus programas, que pasa a ser papel mojado caso de alcanzar el poder.
La democracia se defiende con más democracia, reivindicando el protagonismo de los ciudadanos libres e iguales en una sociedad guiada por el Estado de derecho, las leyes y la convivencia. Por eso sería muy razonable el poner coto a esta cuestión tan crucial.
Se antoja esencial cambiar cuestiones importantes de deciden el rumbo de España, mediante un incuestionable respeto al marco legal y a las garantías que emanan de la Constitución, algo que ahora, como estamos viendo, está fuera de lugar.
Este planteamiento se traduce en algunos puntos muy sencillos.
1. Reformar drásticamente el concepto de las comunidades autónomas, creando una nueva categoría de régimen especial para acomodar a aquellas con derechos históricos, dentro del espíritu emanado de la Transición..
2. Modificar la ley electoral hacia una propuesta más equilibrada, igualitaria, poniendo exigencia al número de electores requerido para acceder a las Cámaras.
En suma, fortaleciendo el edificio de la Carta Magna que a todos nos acoge y ampara y del que nos dotamos todos los españoles hace casi medio siglo. Los resultados del 23-J no permiten alimentar grandes esperanzas, aunque no está de más el recordar, de vez en cuando, las asignaturas pendientes que urgen una drástica modificación.