El día 30 de mayo de 2024 acaba de pasar a la historia de España con la aprobación de una insólita amnistía, que hasta el 23 de julio del pasado año solo había sido reivindicada por un escasísimo porcentaje de ciudadanos -apenas los beneficiados por ella y los enemigos de siempre del Estado de Derecho- y aún hoy está muy lejos de contar con el visto bueno de la mayor parte de la opinión pública. Se trata de un hecho político sin precedentes en el mundo civilizado.
Los beneficiados de esta iniciativa no han perdido el tiempo y, en lugar de mostrarse agradecidos para con quienes la han hecho posible, se han dedicado en estos últimos días a mofarse de ellos, recordando exhaustivamente sus previas manifestaciones públicas en contra de ella.
En el Foro de la Sociedad Civil, gravemente preocupados este asombroso y gravísimo suceso, asumimos como propia la posición adoptada por un elevado número de acreditadas personalidades jurídicas y muy respetadas instituciones que han glosado más que suficientemente las razones que cuestionan por completo la amnistía aprobada por el Congreso de Diputados.
Los beneficiados de esta iniciativa no han perdido el tiempo y, en lugar de mostrarse agradecidos para con quienes la han hecho posible, se han dedicado en estos últimos días a mofarse de ellos, recordando exhaustivamente sus previas manifestaciones públicas en contra de ella.
Principio de igualdad
Frente a la situación creada tras la medida impulsada por el Gobierno y aprobada por sus socios de investidura, la principal preocupación de nuestro Foro se ciñe al abierto cuestionamiento de los pilares institucionales del mejor periodo de nuestra historia que esta nueva ley representa, es decir, el Estado de Derecho, nuestra Constitución y la Transición.
Esta aprobación pone en grave peligro el principio de igualdad entre los españoles, desarticula el principio de sumisión positiva al principio de legalidad que es exigible a todos los poderes del Estado, ataca la independencia judicial y desnaturaliza el Estado de Derecho que se va convirtiendo poco a poco en “estado de poder” con grave riesgo de la pervivencia de nuestra democracia liberal.
España, pese a todo, disfruta todavía de jueces independientes, es aún una sociedad abierta a la posibilidad de recuperación de nuestro marco institucional, evitando con ello la tentación de convertirse en un estado compuesto, sin substrato sentimental que lo justifique, irreconocible y desvinculado respecto de los principios y valores que nos han permitido contarnos entre los mejores ejemplos de libertad y progreso del mundo.
Solamente a través del ejercicio democrático del derecho de voto en las urnas podrá nuestro país optar por una doble elección: responder a esta ominosa situación como una sociedad civil madura o prestarse a ser una sociedad servil a las órdenes y a las ocurrencias de las fuerzas políticas que no creen en España y que tratan permanentemente de subvertir nuestras instituciones.
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