El crecimiento económico global muestra perspectivas a la baja que no deben ser ajenas al diseño de la política económica del nuevo Gobierno de España. La caída del comercio mundial en los tres primeros meses del año, explicada principalmente por la ralentización de la economía china y la de la Eurozona, junto a las futuras consecuencias de la aplicación efectiva de los aranceles por parte de EEUU, una posible guerra comercial y la normalización de la política monetaria, solo pueden ser abordadas con nuevas reformas estructurales que doten a la economía española de mayor resistencia ante un posible cambio de fase del ciclo económico.
La ausencia de reformas en los últimos cinco años ha tenido como reflejo el estancamiento de la competitividad de la economía española, como muestra el análisis de los principales indicadores internacionales de competitividad (World Economic Forum e International Institute for Management Development) realizado en el Barómetro de los Círculos. En contraste, las empresas de nuestro país han impulsado la internacionalización y diversificación de nuestro modelo productivo al aumentar el peso del sector exterior de un 25,7% del PIB en 2007 a un 34,1% en 2017. Para afianzar su presencia internacional en un entorno global en constante cambio y con una nueva demografía empresarial en la que ganan protagonismo los países emergentes, las empresas españolas requieren medidas que impulsen su tamaño medio y su innovación, y no una mayor carga fiscal que frene la creación de empleo y la inversión nacional y extranjera.
Factores como la caída del comercio mundial aconsejan nuevas reformas estructurales que doten a la economía española de mayor resistencia ante un posible cambio de fase del ciclo económico"
La huella fiscal que aportan las empresas españolas es superior a la media de la UE28. En concreto, si agregamos la contribución de las empresas en términos de Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social, la diferencia es de aproximadamente 1 punto porcentual (10,5% del PIB frente a un 9,6% de media en la UE28), representando más del 30% del total de los ingresos públicos (26,2% en la Eurozona).
Por otro lado, no es cierto que las empresas en España tributen en el Impuesto de Sociedades a un tipo efectivo de un 10%, salvo que se calcule erróneamente tomando como referencia el resultado contable consolidado, olvidando, entre otros factores, la tributación realizada por las empresas en terceros países y las bases imponibles negativas acumuladas en ejercicios anteriores. Es decir, el tipo impositivo efectivo sobre la base imponible después de contabilizar principalmente estas deducciones se sitúa según la Agencia Tributaria en el 22,5%.
Así, a pesar de que España cuenta con tipos similares o superiores a los países más competitivos de nuestro entorno, aquellos no garantizan la eficiencia del sistema tributario en términos de recaudación, especialmente en el caso del IRPF y las cotizaciones sociales, debido principalmente al elevado nivel de paro y peso de la economía sumergida. De ahí que el Gobierno debería apostar por reformas que impulsen la competitividad, el crecimiento, la internacionalización y la innovación de las empresas como fuente de creación de empleo y de fortaleza ante un posible cambio del ciclo económico.
