El juez García-Castellón ha archivado una causa del juez García-Castellón. Y no una causa cualquiera, sino la del llamado Tsunami Democràtic en la que aparecían imputados por delitos de terrorismo Carles Puigdemont y Marta Rovira, máximos dirigentes del procés y de los episodios de violencia sucedidos en octubre del 19, con la ocupación por las turbas secesionistas del aeropuerto de El Prat en el que falleció un turista francés, amén todo tipo de agresiones y excesos que colapsaron la vida de la región durante tres días.
Festejo en Waterloo
García-Castellón ha tenido que cerrar la causa por un mero despiste burocrático. Demoró 24 horas la prórroga de las diligencias, un desliz de apenas un día, tan sólo un maldito instante en la vida de un tribunal, un terrible descuido que se ha llevado por delante tres esforzados años de investigación y la posibilidad de una durísima condena a diez cabecillas de la trama golpista. La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió el recurso de una de las investigadas, Marta Molina, dirigente de ERC, y le comunicó al instructor que hasta aquí hemos llegado. Carpetazo y a otra cosa. Los encausados festejan, Marta Rovira prepara las maletas para volver a Cataluña y Puigdemont resopla aliviado por superar tan mayúsculo problemón.
Cabe ahora preguntarse dónde quedó el lawfare, dónde fue a parar la 'toga nostra' sobre la que tuiteaba el forajido de Waterloo, dónde andan la justicia represora, los magistrados fascistas, las leyes de la ultraderecha... Resulta que llega un juez de la Audiencia Nacional, veterano en miles de batallas, enredado en casos que acaparan portadas y titulares, insultado, perseguido, hostigado -incluso en sede parlamentaria- por los cofrades de los ahora exonerados, y en un plisplás, sin pestañear, envía a la papelera un trienio de investigación exhaustiva contra Puigdemont y compañía, que habrían derivado, a buen seguro, en una condena severa y unas penas muy dolorosas. Cárcel y más cárcel. Estricto respeto a la legalidad, como si España fuera una democracia, como si el Gobierno no hubiera retorcido el Código Penal para inventarse una ley de Amnistía que rechina como un rasgar de uñas en el encerado.
El prófugo del lacito amarillo utilizará sin duda este traspiés de la Audiencia Nacional para jalear su victimismo y alentar su imagen del político más perseguido por la dictadura española desde los tiempos de Companys
Ni se ha escuchado ni una palabra sobre la tabarra del lawfare, ese artefacto importado de la Pampa, del peronismo mafioso envuelto en la enredadera ideológica del Grupo de Puebla y sus coros chavistas, con el que la izquierda y el separatismo sacuden desde hace meses al estamento judicial. Hasta Pedro Sánchez, en un rapto de inconsciencia, se declaró víctima de esta persecución, en entrevista muy recordada, en la que el expresidente olvidó mencionar que él mismo se reunió con la llamada 'policía patriótica' en asunto algo oscuro en torno a su suegro, recientemente fallecido.
El patinazo inconcebible de García-Castellón (quien tuvo que suspender sus vacaciones para dictar el sobreseimiento), la implacable enmienda de la sala Penal de la Audiencia, el cerrojazo a esta fundamental causa contra los protagonistas de la asonada separatista, lejos de animar a una mínima contrición por parte de los ahora beneficiados, ha impulsado nuevas embestidas contra el estamento judicial, quizás con mayor ahínco y una saña más enrabietada.
El instructor del Tsunami se ha convertido, repentinamente, en el símbolo de la detestable justicia española, abarrotada de elementos chapuceros que actúan cegados por el odio, que persiguen la noble causa de un poble oprimit arrebatados de nostalgia de la dictadura, del fascismo paranoide, de su obsesión contra los verdaderos demócratas, en suma, de su visceral aversión por la causa de los apóstoles de la republiqueta. La estricta reacción de la Audiencia Nacional evidencia, según los cofrades de los ahora archivados, el nivel de ineptitud y parcialidad con el que se manejan los tribunales españoles, y recuerdan las numerosas ocasiones en las que jueces de distintas naciones europeas han tumbado sentencias de sus homólogos del sur.
Marta Rovira podrá regresar de su acomodado retiro en Ginebra cuando guste y, ya en casa, dirigir el derribo final de Oriol Junqueras y la operación 'Ningún camino pasa por Illa' que tan briosamente lidera. Puigdemont tiene aún pendiente el caso por malversación que instruye, seguramente con mayor tino, la sala de lo Penal del Supremo, por lo que no puede acogerse a la ley de amnistía. Amén del tenebroso frente de la trama rusa y su injerencia en el golpe del 17, que puede acarrearle una condena por traición, poca broma que el juez Aguirre va con todo. El prófugo del lacito amarillo utilizará sin duda este traspiés para jalear su victimismo y alentar su imagen del político más perseguido por la dictadura española desde los tiempos de Companys.
Las arremetidas del Constitucional
Este error judicial sobreviene en el peor momento para la atosigada democracia, justo cuando el Constitucional -hola Pumpido, ¿qué tal Bolaños?- está encelado en derribar todas las actuaciones dictadas desde el Supremo contra los saqueadores del caso de los ERE, y cuando el edificio del Estado de derecho zozobra ante un sinnúmero de acometidas procedentes tanto desde las filas del separatismo como del propio estamento gubernamental. Y justo cuando el juez Peinado afronta la laboriosa declaración de Begoña Gómez, el asunto más arriesgado de cuantos brujulean por las salas de la Justicia.
Ni hay lawfare y jamás lo hubo, todos los saben. Ni toga nostra ni jueces fachas. Pero Puigdemont y el sanchismo seguirán cacareándolo con el entusiasmo de quienes saben que sus comulgantes se engullirán sin rechistar esa gran trola mientras se pavonean de 'frenar a la ultraderecha', ese monstruo fabuloso -y fabulado- que mantienen vivo, ahora con respiración asistida desde el corazón de la France qui tombe.
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