Opinión

La trama rusa, el talón de Aquiles de Puigdemont

El diablo nunca duerme es el título de una película americana de los noventa. Y de película de insomnio es lo que estamos viviendo desde hace meses con el magnánimo

El diablo nunca duerme es el título de una película americana de los noventa. Y de película de insomnio es lo que estamos viviendo desde hace meses con el magnánimo Sánchez y su indepesfera. Cuando parece que el presidente no es capaz de alargar más su generosa mano, sale en tromba la maquinaria sincronizada de propaganda del PSOE pisoteando una nueva línea roja.

El presidente es un alquimista de la política, de natural camaleónico. Sus bandazos en las ideas y los principios (para la petrosfera, cambios de opinión) ilustran muy bien la teoría de la relatividad aplicada a la ciencia política.  

Si alguien sueña con que la ley de amnistía será definitivamente enterrada en la Cámara Baja por sus señorías, que despierte y pierda toda esperanza. Lo ocurrido en el primer intento va a servir para coger más impulso. El de Waterloo y el de la Moncloa son pareja de hecho, unidos por un mismo destino, se necesitan y no hay más.

El señor presidente ya se ha ataviado con la toga de juez sin haber pasado la oposición para allanar de nuevo el camino. Sentenció hace unos días, tras la votación fallida en el Congreso, que todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados “porque no son terroristas”. Palabra de Dios (te alabamos, Señor). Ya pueden archivar los juzgados todas las causas abiertas contra los CDR y Tsunami Democràtic.

El juez Sánchez empezó su aciaga legislatura enfundándose esta vez el mono de albañil y levantando un muro para aislar a la España constitucional

Una hipótesis que empieza a cobrar cuerpo en los mentideros de la Corte es que el acuerdo para blindar el futuro de Puigdemont, si finalmente el Supremo admite su procesamiento, llegará retocando apenas la ley de amnistía y manoseando de nuevo el Código Penal, mediante una reforma que excluya del terrorismo todo lo ocurrido en el procés, vía proposición de ley orgánica. Toca legislar ad hominem sin ningún empacho.

El juez Sánchez empezó su aciaga legislatura enfundándose esta vez el mono de albañil y levantando un muro para aislar a la España constitucional. Esta maniobra tiene dos caras, él y los suyos han quedado del lado de la indepesfera. Vaya paradoja, quien debería velar por el bien de España abrazado a los que tienen la obsesión de despedazarla.

Debemos preguntarnos si cabe alguna salida honrosa ante tanto despropósito. Mientras no haya elecciones queda la acción de la justicia. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acusado de actos de terrorismo a miembros de Tsunami y al líder de Junts fugado. Ya hizo lo propio el año pasado con varios integrantes de los CDR. Veremos el resultado.

Posiblemente, como ya hemos avanzado, si la causa contra la kale borroka catalana prosigue, el Gobierno sanchista y sus socios consigan desactivar esta vía modificando el delito de terrorismo en el Código Penal, no sin riesgos porque podrían salir a la calle condenados islamistas si se baja el listón. Tenemos la amarga experiencia de la ley de “solo sí es sí”.

Blanqueo fondos rusos

Pero hay otro camino, quizás con más recorrido, que está explorando el juez Aguirre, instructor de la conexión rusa del procés. De sus investigaciones se desprende la intención de los líderes separatistas de convertir el Instituto Catalán de Finanzas en el instrumento de blanqueo de fondos rusos.

El juez cuenta con pruebas de viajes a Moscú de representantes independentistas, antes y después del 1 de octubre de 2017, y de una reunión de Puigdemont ese mismo mes con Nicolay Sadovnikov, asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Atendiendo a la proposición de ley de amnistía presentada por los socialistas, ésta excluye en su artículo 2 los delitos de “traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional” y los que “afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”.

Por su parte, el Código Penal, en el capítulo II (Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado), artículo 592, explicita que “serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras”.

Sería muy arriesgado por parte del Gobierno aventurarse a modificar algo de lo anterior. En Europa empieza a moverse el avispero y nos miran de reojo. En este tiempo en el que el viejo continente vive una guerra no declarada contra Rusia, Putin es un mal compañero de viaje. Más allá de la invasión de Ucrania, hay constancia de sus oscuras injerencias para desestabilizar a los países occidentales.

Los partidos políticos españoles que defienden el Estado de derecho deben hacer pedagogía en las instituciones europeas para que tomen consciencia de la dimensión del problema judicial y político en nuestro país.

El brazo de la ley no acaba en los Pirineos. Al iluminado Puigdemont y al ególatra Sánchez podría atragantárseles el caviar. Ruso, por supuesto.

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