Seamos claros: Pedro Sánchez aspira a replicar en el conjunto de España lo que le funcionó a los independentistas en Cataluña. Acostumbran en Europa a señalar a Polonia y a Hungría por las políticas de sus gobiernos, que persiguen el control del sector mediático, pero bien podrían echar un vistazo a España, donde la Generalitat llegó a conceder 5,5 millones de euros al Grupo Godó para ampliar “la planta de impresión de la empresa para la edición de La Vanguardia en lengua catalana”. Aquello fue hace más de una década, con Artur Mas como 'molt honorable president'. No está de más echar un vistazo a este titular, publicado el día después del referéndum dominguero convocada por el barcelonés. Es revelador.
La lluvia de millones que ha regado a los medios de comunicación en esa comunidad autónoma es escandalosa, pero no menos que la manga ancha que ha demostrado el Ejecutivo español con la prensa desde 2019. Hace unas semanas, lanzaba una consulta pública sobre un PERTE que se destinará a paliar “las necesidades de digitalización y de ciberseguridad de la prensa digital e impresa”. Traducido: Moncloa repartirá más dinero a Prisa y compañía con una nueva excusa. Dará más recursos para las empresas que se reivindican como necesarias para la sociedad española, pero posteriormente son capaces de criminalizar la obtención de beneficios en el libre mercado.
Dinero caído del cielo
No me digan que la situación no es curiosa. A la publicidad institucional o a este PERTE no se les puede asignar la etiqueta de “dinero caído del cielo” porque no les conviene a los grupos de medios de comunicación ni al Gobierno. Ahora bien, a las ganancias que obtienen compañías cotizadas como Repsol a partir de su negocio sí que se les debe tildar de 'injustas'. La prensa merece el dinero gratis. Los empresarios que invierten, deciden y arriesgan, todo lo contrario. Por esta razón, deben pagar impuestos extraordinarios y soportar cargas lo más elevadas posibles. Y que no se les ocurra abrir la boca si no quieren sufrir la ira de la izquierda morada... y no tan morada.
Causaba sonrojo escuchar este viernes a un periodista de Hoy por hoy (Cadena SER) utilizar los argumentos que le habían trasladado "las fuentes gubernamentales" para intentar vapulear a Repsol. Decía: “En el dato de 7.411 millones de euros de impuestos que afirma Repsol que ha pagado se incluyen cargas que incluso pagan los autónomos. Es un dato que está engordado”.
Por si esta reverencia a Moncloa no fuera lo suficientemente obscena (y lujuriosa), añadía: “Repsol ha presentado las segundas ganancias más altas de toda su historia. Por eso, podemos hablar de beneficios caídos del cielo o de la guerra. En la última década, sus ganancias fueron de 1.180 millones de media. Este año serán de 2.700 millones de euros”.
Mirar a Europa
Una estrategia similar seguía El País el jueves, cuando publicaba un artículo en el que disertaba sobre la jornada laboral de 37,5 horas semanales que acaban de acordar el PSOE y Sumar en el marco de su pacto para la investidura de Sánchez. El texto afirmaba que los españoles trabajamos más que los europeos. Una vez más, Prisa recurría a la más habitual falacia de autoridad, que consiste en mirar por encima de los Pirineos para justificar casi cualquier decisión en el ámbito doméstico.
Podría parecer que las decenas de páginas o de horas de tertulia que se emplean para defender los intereses del pagador son inofensivas y tan sólo generan un ruido que es molesto, pero no dañino. Nada más lejos de la realidad, como se pudo apreciar el pasado 23 de julio, cuando 11 millones de votantes acudieron a apoyar a la izquierda en las urnas, alentadas por el temor a las recetas económicas y sociales de la “derecha y la ultraderecha”; o deseosas de que la fórmula PSOE-Sumar mantuviera su línea de actuación durante otros cuatro años.
Poca duda cabe de que pesa más la propaganda que la realidad. Porque lo que ocurrió en Cataluña -donde los medios revolotean alrededor del dinero de la Generalitat como las palomas por las migas de pan- se ha reproducido en el resto del Estado, donde una cuadrilla de empresas periodísticas amenazadas por la ruina son regadas con abundante dinero público para respaldar sin rubor los intereses del Ejecutivo. Aunque eso implique el llegar a afirmar que una empresa debe pagar más impuestos sobre sus beneficios porque la guerra de Ucrania le ha hecho ganar más dinero. El votante escucha a Ferreras, a Àngels Barceló y compañía... y se cree sus mensajes teledirigidos como en su día sucedía con Mónica Terribas. Así se manipula a la opinión pública y así se le aparta de la realidad.
Golpetazo al tejido industrial
Porque cualquiera que conservara el buen criterio podría pensar que si la industria se ve debilitada como consecuencia de las cargas excesivas, la inversión y el empleo en este sector tenderá a reducirse, lo cual generará efectos negativos para estas compañías -evidentemente-, pero no mayores a los que provocará en el conjunto de la sociedad, que no dispone de las mismas facilidades para mover su 'sede social' que las grandes fortunas y que se verá resignada, poco a poco, a emplearse en el sector servicios -peor pagado- o a vivir de un subsidio, lo cual no deja de ser, y siempre será así, sinónimo de fracaso vital.
No debe ser muy consciente el ciudadano medio -desde luego- de que detrás de las palabras que criminalizan las ganancias o la iniciativa privada hay un drama, y es el de una empresa que deja de invertir y el de un ciudadano que, como trabajador o como empresario, deja de beneficiarse de ello. Así que pudieran parecer inocuas las palabras de Yolanda Díaz o de Nadia Calviño sobre las rentas, los impuestos o los vuelos internos, siempre difundidas y respaldadas por la prensa afín. En absoluto es así. Este Ejecutivo lleva mucho tiempo bombardeando la iniciativa privada y el tejido productivo y muy pronto podría ser demasiado tarde.
Por cierto, una maldad: ¿cómo actuará a partir de ahora el PNV tras las palabras sobre Repsol? ¿Seguirá empeñado en respaldar al Gobierno que lo está destruyendo? ¿Se desmarcará? ¿O adoptará el discurso de Bildu definitivamente? Son tres preguntas fundamentales.
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