Llegaron a hombros de la protesta callejera para cambiar la sociedad y solo unos años después destinan lo mejor de sus esfuerzos a blindar y extender sus particulares privilegios. Prometieron en campaña electoral acabar con los aforamientos y ahora utilizan con descaro la prerrogativa para eludir los tribunales y auxiliar a prófugos de la Justicia. Se comprometieron a impulsar la igualdad y no han hecho sino dividir el movimiento feminista. Se conjuraron para acabar con el centralismo y hoy se oponen a que sean las comunidades autónomas las que intervengan en el reparto de las ayudas a los pequeños y medianos empresarios. Son un timo, pero un timo consentido. Un timo del que se beneficia Pablo Iglesias, pero también Pedro Sánchez, convertido a ojos de muchos, gracias al fundamentalismo incoherente de Unidas Podemos, en modelo de sensatez.
Pablo e Irene, Irene y Pablo, son una UTE, en definición de un alto cargo del Gobierno. Tienen agenda propia, paralela a la del partido que acaudillan. Una agenda exenta de controles y ajena al debate interno; una agenda que, descartado ya el sorpasso, básicamente consiste en garantizarse el control absoluto de un reducido pero infranqueable nicho de poder. En esta tarea, y en contra de lo que pudiera parecer, la ministra de Igualdad (sic) tiene un papel central. Es la cabeza visible del lobby feminista que hace tiempo decidió discutirle a la izquierda clásica los beneficios políticos (y los otros) de un movimiento imparable. Poco importa si esa planificada radicalidad comporta un retroceso al despreciar la consecución de una agenda común para las mujeres o su intolerancia provoca el rechazo frontal de una parte de la sociedad. Irene Montero no busca ni la paz ni el consenso, sino la ocupación de un espacio propio desde el que reclamar el rédito correspondiente.
Asumida la imposibilidad de conquistar el cielo, el líder morado parece decidido a resucitar la vieja fórmula de la derecha republicana, el ‘partido-lobby’. Esta vez desde la izquierda
Hay mucho de carga política en el pulso abierto entre estas dos visiones del feminismo. Un pulso en el que Unidas Podemos tiene mucho que ganar y el PSOE mucho que perder. Eso lo ha visto con preclara nitidez el núcleo duro de Podemos, y a eso, aunque haya cesiones temporales, es a lo que juegan. Un sector no desdeñable de las nuevas generaciones de mujeres está más cerca de lo que parece de esa nueva formulación reivindicativa que considera superado el viejo dogma de la igualdad y sitúa por delante conceptos tan discutibles como el derecho a la “identidad de género”, la “autodeterminación del sexo” o el “sí es sí”. A esto hay que añadir el hecho de que, a excepción de las posiciones más arcaicas, cada día que pasa disminuye la distancia existente entre mujeres conservadoras y progresistas a la hora de definir prioridades en defensa de la igualdad de género. El contexto y las expectativas han cambiado, y a quien se le puede estrechar el terreno no es a Irene Montero, sino a Carmen Calvo.
El rol de Montero (Irene) no es menor. En su terreno se juega parte del futuro respaldo social a Podemos. Iglesias, por su lado, ha hecho la lectura de la ley electoral (que ya no aspira a cambiar) que más conviene a sus intereses. De este modo, ha reconvertido el proyecto inicial de nuevo partido de izquierda, con vocación nacional, en eje de una coalición centrífuga cuyo objetivo es desmontar la España constitucional. En la misma proporción que Unidas Podemos ha perdido interés para Iglesias como mecanismo para integrar voluntades progresistas, lo ha ganado como herramienta de mediación política. Asumida la conquista del cielo como anhelo inalcanzable, el líder morado parece decidido a resucitar la vieja fórmula de la derecha republicana, el partido-lobby. Solo que esta vez desde la izquierda: 20 o 30 diputados, más otros tantos de las formaciones nacionalistas más o menos radicales, independentistas incluidos, bien pastoreados, pueden dar mucho más juego que 60 o 70 mal avenidos.
Que un defensor acérrimo de la España plurinacional exija que el reparto de 11.000 millones a pymes lo haga el Gobierno central en solitario solo puede obedecer a la intención de controlar un trozo de la tarta
Esa, la de demostrar la utilidad del lobby, a los de aquí y a los de fuera de aquí, es la razón fundamental por la que Iglesias ordenó a sus europarlamentarios que votaran contra el levantamiento de la inmunidad a Carles Puigdemont (El siguiente encargo, con la reforma del delito de sedición aparcado en un cajón del Palacio de la Marquesa de Sonora, será la de desbloquear el indulto a los condenados por el procés). Contraviniendo su promesa de acatamiento constitucional, de respeto a las leyes; traicionando el más básico principio de lealtad. Y es que esto ya hace tiempo que nada tiene que ver con los principios, sino con hacerse fuerte en el territorio de poder conquistado; tiene que ver con anticiparse a las intenciones de Pedro Sánchez, que incluyen viraje hacia aguas más templadas y si procede cambio de compañeros de viaje (véase Murcia y Castilla y León); y tiene que ver, sobre todo, con el fortalecimiento en el plazo de un año, o poco más, de una red clientelar todavía insuficiente.
Hay poco tiempo, y no están dispuestos a desaprovechar ninguna oportunidad. La primera ya está aquí: 11.000 millones de euros destinados a aliviar las cuentas y garantizar la viabilidad de miles de empresas. Que un defensor de la España plurinacional, un fundamentalista de la descentralización, exija ahora que la distribución de esos 11.000 millones quede en las exclusivas manos del Gobierno central, dejando fuera a las comunidades autónomas, solo se explica desde la confirmación de ese transformismo lobista y la indisimulada intención de apropiarse de un trozo de la tarta para rentabilizar el reparto de esas ayudas. Llegaron para cambiar la sociedad, y lo que han hecho es transformar el 15-M en una sociedad anónima.
La postdata: Robles contra Ayuso, el combate del año
Margarita Robles se ha convertido en la ministra comodín. Sirve para un roto y un descosido, con perdón. Para poner firmes a los generales y cantarle a Pablo Iglesias las verdades del barquero. Para defender a los Ejércitos y echar una mano en la renovación del Poder Judicial. En Moncloa se sopesaba hace tiempo su futura candidatura para discutirle a Martínez-Almeida el Ayuntamiento de Madrid, como plato principal de un doble tique femenino en el que compensaría la escasa proyección de Pilar Llop, presidenta del Senado y posible optante a liderar la comunidad. Pero en esto Díaz Ayuso decidió disolver y todo cambió. La primera opción de Sánchez para frenar a la presidenta madrileña es Robles. En las encuestas que maneja Moncloa la ministra de Defensa aparece como la única con posibilidades de evitar la mayoría absoluta (sola o en compañía de otros) de Ayuso. Se lo va a pensar. No le acaban de gustar las refriegas electorales. Tampoco el ninguneo sistemático al que Sánchez somete a los socialistas madrileños. No tardaremos mucho en conocer su decisión. Pero a priori, el combate entre Robles y Ayuso es uno de los espectáculos más atractivos que hoy en día puede ofrecer la fútil política española.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación