Esta semana hemos sabido que el PNV va a facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo después de que el Gobierno haya aceptado traspasar al País Vasco la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Hace años, cuando trabajaba en el Congreso de los Diputados, un compañero y amigo me explicó cómo llamaba el PNV a esto en su particular neolengua: la "ejecutividad de la medida". Gestionar por ti mismo una ayuda o prestación tiene evidentes ventajas. Para empezar, que puedes crear para hacerlo alguna covachuela, o hinchar alguna ya existente. Al final del proceso, y no es lo menos importante, que el cheque llega -en términos metafóricos pero no tanto- con el sello de tu partido, casi con la cara del lehendakari impresa. La "ejecutividad de la medida" consiste, en suma, en que tú gestionas la pasta, tú das empleo público local, y la pasta llega de tu mano al votante.
El Ingreso Mínimo Vital, una de las grandes apuestas sociales de la legislatura, ha tenido una implementación problemática por varios motivos: primero, por haberse planteado como ayuda de emergencia cuando el proceso de solicitud y el propio diseño de la medida probablemente se adaptaban mal a este fin. También, a buen seguro, por la inadecuación de la administración española a ciertas tareas -la llamada "navaja suiza" del Estado- Tragsa, que lo mismo te gestiona una prestación que abate ciervos "sobrantes" en un parque nacional, está en realidad bastante mellada.
No podemos descartar por tanto que, a efectos de la pura gestión y recepción de la ayuda, el traspaso a la autonomía vasca mejore -en el propio País Vasco, claro está- el funcionamiento del IMV. El Gobierno de Vitoria lleva años a la cabeza de España en la gestión de ingresos y ayudas -otro amigo mío llamaba al PNV "la OCDE con ikurriñas". Obviaremos aquí el contexto fiscal en que se producen las prestaciones vascas; y sólo mencionaré de pasada uno de los posibles efectos secundarios de las ayudas en forma de transferencias directas de dinero, en la que quizás el País Vasco también vaya por delante del resto del Estado: la aparición del llamado "chovinismo de bienestar".
Acercar las instituciones
Sí llama la atención la facilidad con la que el Gobierno "regala" la ejecución de uno de sus proyectos estrella. Quizás porque espera sacar poco rédito a estas alturas de un proceso que, como decíamos, no ha sido exactamente triunfal; quizás porque valora más alargar la legislatura con los nuevos presupuestos; o una mezcla de ambos motivos. No obstante, el alegre desmontaje de una recién adquirida capacidad asistencial del Estado -esto es, de una presencia efectiva en la vida de los ciudadanos- choca con las retóricas de los últimos tiempos sobre la necesidad de desconcertar el Estado y acercar sus instituciones hasta el último rincón del país.
En la teoría del nacionalismo liberal clásico, el Estado se hacía presente en la vida de todos los ciudadanos a través de las escuelas, las comisarías, las oficinas de correos, la conscripción, los ferrocarriles públicos; no porque le instalasen a uno un agencia independiente delante de casa o porque fuese vecino de escalera del presidente del Tribunal Supremo. En la nueva teoría federal sanchista, el Estado desaparece a marchas forzadas como entidad reconocible -ahí está la segunda fase de la pandemia como experimento natural- y se plantea repartir sus elementos constituyentes entre las unidades de una confederación de facto; no tanto como manifestación de isonomía o copertenencia, sino como reparto de un botín, despojos de un cuerpo abatido. Lo de los ciervos, por cierto, es verídico: fue en Monfragüe hace seis meses.
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