Una persona que hubiera conocido el Bilbao de los años sesenta y setenta, aquel Bilbao triste y cetrino de antaño, con su cielo gris y sus edificios lastrados por la costra de lluvia y humo de los Altos Hornos, y que de repente apareciera en medio de la ciudad resplandeciente que es ahora, con esa fastuosa Gran Vía, ese icónico Guggenheim, esa ría limpia, y tantas otras cosas como hoy la distinguen, creería, en fin, hallarse en un lugar distinto, una moderna urbe de servicios que nada tiene que ver con su oscuro pasado fabril e industrial. Urbanismo al detalle, mobiliario de lujo, farolas de diseño, parques por doquier. Renovaciones urbanas con fuertes inversiones de dinero público. Bilbao, o esa señorial San Sebastián asomada a la playa de la Concha. O la desconocida Vitoria, auténtica capital verde, con unos servicios públicos que para sí quisiera Copenhague. Con 250.000 habitantes, en la capital alavesa funcionan diariamente 15 piscinas públicas cubiertas. Una por barrio. Noventa euros de cuota por persona y año para acceder a su uso. Deportistas en ciudades españolas hay que gastan más al trimestre solo en transporte para llegar a su centro de entrenamiento.
Con una renta per cápita de 34.079 euros (apenas 837 menos que la comunidad de Madrid) frente a los 25.854 de media española, los pensionistas vascos, curiosamente los que más protestan, disfrutan de complementos a sus pensiones, con una paga específica para aquellos mayores emancipados que no disponen de recursos. Lo llaman Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la abona el Gobierno vasco, y acaba ahora mismo de subir de 667 a 694 euros mensuales. Por si fuera poco, hay ayudas municipales y de las diputaciones forales que las complementan. A los sintecho se les habilita cada noche espacio en albergues, puesto que tienen prohibido dormir en la calle para no estropear el paisaje. La sanidad pública vasca es, en no pocas ocasiones, mejor que la sanidad privada madrileña. No es casualidad. Gracias a esa peculiaridad fiscal que permite a su Gobierno negociar con la Agencia Tributaria lo que deben abonar a las arcas del Estado, Euskadi es la comunidad que más dinero vuelca en su sistema médico. Pruebas o especialidades que en el resto de España solo se hacen previo pago, allí figuran en el catálogo sanitario público y con unas listas de espera más que razonables.
Podríamos seguir citando ejemplos de esa singularidad, como la armonización de políticas existente entre la Administración y la empresa a la hora de planificar la educación y poner en marcha una formación profesional dual capaz de dotar a las factorías locales de la mano de obra cualificada que necesitan en cada momento. Una ristra de servicios públicos, en suma, que contribuyen a configurar la alta calidad de vida de los ciudadanos vascos gracias, todo sea dicho, a una aportación a la caja común de los españoles menor que la que realizan otras Autonomías ricas. Hoy es una comunidad próspera crecida a la sombra de esa Constitución -que garantiza vida, libertad y hacienda- de la que el nacionalismo vasco abomina. Una Carta Magna cuya disposición adicional primera, que ampara los derechos históricos de los territorios forales, ha propiciado que, por ejemplo, el País Vasco disfrute de un nivel de vida significativamente superior al de la malograda Asturias (23.087 euros de renta per cápita, 11.000 menos que la vascongada). Gracias a una economía en cierta forma “dopada” por el famoso cupo, y a una gestión, justo es decirlo, más o menos razonable dentro del régimen clientelar instaurado por el PNV desde hace décadas, transitar hoy por las calles de algunas ciudades vascas es como hacerlo por la fría Noruega o la estirada Holanda.
Sorprende que el PNV, en quien se suponía aprendida la lección de aquel baldío viaje a los infiernos iniciado en su día por Ibarretxe, vuelva a las andadas con el “derecho a decidir”
Sorprende por todo ello que ese mismo PNV, en quien se suponía aprendida la lección de aquel baldío viaje a los infiernos iniciado en su día por el ex lehendakari Ibarretxe, en quien cabía imaginar la razonable dosis de espanto a cuenta de los dislates provocados por el separatismo en la economía y la sociedad catalanas, vuelva a las andadas del “derecho a decidir”, de la “autodeterminación” y de la “relación bilateral” con el Estado en el proyecto de nuevo Estatuto Vasco en el que el Parlamento de Vitoria lleva meses trabajando. ¿Está de nuevo el PNV, esa gente tan “centrada”, que en “nada se parece” no digamos ya al mentado Ibarretxe, sino a los líderes del separatismo catalán prófugos de la Justicia o en prisión, dispuesto de nuevo a echarse al monte? ¿Lista para entrar otra vez en un conflicto con el Estado por culpa del aventurerismo de unos pocos o, como en el chiste de la rana y el alacrán cruzando el arroyo, se trata de la puñetera condición del nacionalismo? ¿Tiene algún sentido poner en peligro el grado de progreso y bienestar del que disfruta el País Vasco, gracias, entre otras cosas, al extraordinario nivel de autonomía, nunca antes alcanzado, que ha venido garantizando el Estatuto de 1979?
Un nuevo “Sujeto Jurídico-Político soberano”
La Comisión de expertos designada en su día para articular un texto conjunto sobre la actualización del autogobierno ha terminado sus trabajos sin acuerdo. El bloque mayoritario formado por los comisionados de PNV (Mikel Legarda), Bildu (Íñigo Urrutia), Podemos (Arantxa Elizondo) y PSE (Alberto López) defiende un proyecto basado en la concepción maximalista del nacionalismo que persigue dar por finiquitado el Estatuto de Guernica y convertir a Euskadi en un “Sujeto Jurídico-Político soberano” sobre la base de privar a los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya de sus derechos históricos para atribuírselos a ese nuevo “ente”, en un proceso de centralización interna contrario a la tradición foral vasca. Ese nuevo “ente”, residenciado en el Parlamento y el Gobierno de Vitoria, reclama “el derecho de autodeterminación de la nación vasca”, algo que en modo alguno cabe en el marco de la Constitución salvo que se proceda previamente a su reforma con el concurso del entero pueblo español. Todo ello frente a las tesis del comisionado del PPE, Jaime Ignacio del Burgo, partidario de reformar el actual Estatuto como la vía más adecuada para fortalecer el autogobierno y el de sus territorios forales, abordando los cambios precisos en el mismo para hacer frente a los retos que plantea la aldea global en que vivimos.
¿Qué está pasando aquí? ¿Vuelve la burra al trigo? Hábil jugador de cartas (vale recordar cómo hizo de pareja de mus con Rajoy para casi de inmediato sumarse al órdago de Pedro Sánchez), el PNV aprovecha no ya la situación de extrema necesidad de un Sánchez dispuesto a casi todo con tal de ser presidente, sino la debilidad estructural de un Estado con unas instituciones quebrantadas por la ausencia de un proyecto de futuro, por la crisis galopante de un bipartidismo empequeñecido y por la ausencia de algo parecido a “hombres de Estado”, para subirse en marcha a la ola catalana. Gente de buena voluntad quiere suponer que las pretensiones del lendakari Íñigo Urkullu y los suyos en nada se parecen a las del dúo calavera que componen Puigdemont-Torra y demás compañeros mártires. Según ello, la estrategia del PNV estaría centrada en arañar nuevas competencias y, sobre todo, en mostrarse ante sus votantes como el único interlocutor y garante del progreso vascongado.
El PNV aprovecha no ya la situación de extrema necesidad de un Sánchez dispuesto a casi todo con tal de ser presidente, sino la debilidad estructural de un Estado con unas instituciones quebrantadas
Una circunstancia a tener en cuenta es la celebración durante 2020, previsiblemente en mayo, de elecciones autonómicas vascas. El PNV, que ya cuenta con el voto cautivo de la grey nacionalista y de no pocos de los votantes moderados que en generales oscilan entre PP y PSOE pero en las vascas enarbolan la ikurriña, necesita crecer casi de forma obligada en el caladero electoral de los ex etarras de Bildu y en el que todavía conserva, un tanto sorprendentemente, Podemos. Esa sería la razón de este nuevo viaje al monte de la “autodeterminación” y el inexistente “derecho a decidir” del que en su día bajó trasquilado monseñor Ibarretxe. Peligroso juego, en todo caso, el de pretender engatusar a esos jóvenes nacionalistas a quienes la palabra España, que sustituyen por ese neutro y paleto “Estado”, produce urticaria. Por mucho que algún dirigente del PNV guipuzcoano o alavés quiera, las bases jeltzales, las que habitan esos ricos caseríos vizcaínos con vistas al mar y la tabla de surf del nieto apoyada en la pared de la cuadra, están muy cómodas con el gobierno de coalición con el PSE. Cualquier atisbo de ruptura con España les dejaría sin otro socio de Gobierno que la vieja Batasuna, pues cabe pensar que el socialismo vasco, acostumbrado a enterrar cadáveres en el pasado reciente, no les acompañaría en semejante aventura. Cabe pensar.
El talón de Aquiles de las pensiones
Hay, en todo caso, un argumento de tanto o más peso en contra de las veleidades rupturistas de los chicos de la txapela, un rumor que cada lunes se escucha junto a la ría del Nervión y frente al Ayuntamiento del bocho. Es el grito de los cientos de jubilados que cada semana salen, llueva o nieve, a exigir la mejora de sus pensiones. Los capos de Sabin Etxea, sede del PNV, saben que si el País Vasco rompiera con España su sistema de protección social quebraría al día siguiente. Esta es la verdadera razón que enarbolan quienes recelan de la berrea nacionalista. La población vasca es de las más envejecidas de Europa, con una alta esperanza de vida, y una tasa de natalidad muy baja. Además, las pensiones de sus trabajadores son de las más altas por la sencilla razón de que los sueldos han sido mucho más elevados que los de otros lugares de España. La ecuación convierte en insostenible cualquier caja de pensiones que pretendiera montarse en el territorio foral. Que lo sabe el PNV lo demuestra el hecho de haber pasado de exigir las “competencias” de la Seguridad Social a pedir únicamente la “gestión” de las pensiones, truco dialéctico que significa mutar de recaudar y redistribuir su dinero, a “solo” encargarse del reparto entre sus jubilados del bote que el resto de España apoquina para ellos.
Cualquier cosa, y casi ninguna buena, cabe esperar del PNV dentro de la situación comatosa por la que atraviesa ahora mismo la democracia española, con un PSOE al servicio de un aventurero que ha abandonado las filas del constitucionalismo para incorporarse a las de quienes, como los peneuvistas con su Estatuto, quieren acabar con el régimen del 78 para embarcarse en una aventura de ignoto destino, y un PP débil que, con sus 89 diputados a bordo, sigue prisionero de las arenas movedizas del marianismo. Hacer volver al separatismo catalán al redil de ese 15%-20% de adeptos que siempre tuvo, e impedir al PNV volver al monte en el que se perdió Ibarretxe, seguramente pasa por la existencia un Estado fuerte, al servicio de un proyecto de futuro colectivo, impulsado por unas instituciones prestigiadas y dispuestas, mediante la oportuna legislación electoral, a poner fin a esa leyenda que con sorna se repite en el País Vasco cada vez que Madrid convoca elecciones: “Las generales sólo sirven para elegir el partido que durante los próximos 4 años gobernará con el PNV”.
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