El cartel “Cuidado con el perro” a las puertas de una propiedad tiene un carácter disuasorio; el caminante ocasional se aleja prudentemente de la valla por si las moscas. Ximo Puig tiene la dentadura postiza, no causa miedo entre los suyos. Con sus maneras de monaguillo asusta muy poco a los colmillos retorcidos de su partido. Si atendemos al balance del gobernante al frente de la Comunidad Valenciana, destaca una línea de actuaciones deficientes o francamente perniciosas, como la gestión de los recursos hídricos, la incapacidad para cambiar el modelo de financiación autonómica, la entrega al catalanismo o la ausencia de explicaciones sobre la corrupción en el propio partido.
En el asunto del trasvase Tajo-Segura parece que a Puig le han robado la cartera. El Ministerio para la Transición Ecológica no asume el pacto alcanzado en noviembre en el seno del Consejo Nacional del Agua para que el trasvase se pudiera prolongar más allá de 2025, siempre respetando un régimen de caudales ecológicos. El proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo para el ciclo de planificación 2022-2027, ha contentado a los socialistas castellanomanchegos, con Page a la cabeza, pero ha dejado al pie de los caballos al gobierno regional valenciano. En el sur de esta comunidad el agua del trasvase es esencial para mantener los cultivos de miles de familias que viven de la agricultura. También en la Región de Murcia, gobernada por el PP. De momento, Ximo Puig sale perdiendo, los propios lo ningunean. Veremos si consigue arrancar alguna pequeña concesión al final.
El modelo de financiación actual caducó en 2014 y Puig no ha conseguido que se actualice, a pesar de los años que lleva en el gobierno central su correligionario Sánchez
Las disputas por el agua vienen de lejos. Ya en 1994, el ministro socialista Josep Borrell intentó sin éxito sacar adelante un Plan Hidrológico Nacional. Se consiguió en 2001 con el gobierno de José María Aznar y lo modificó en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero, cediendo a las presiones de Esquerra Republicana para que lo apoyaran en su investidura. Así se cerró el grifo del trasvase del Ebro al Levante.
Otro asunto en el que Ximo Puig ha patinado es el de la financiación autonómica. Con el sistema actual, la Comunidad Valenciana está insuficientemente financiada; la asignación por población ajustada se encuentra a la cola del conjunto de CCAA de régimen común. Así, la deuda valenciana ya rebasa de lejos los 50.000 millones de euros y casi alcanza el 50 % del PIB. El modelo de financiación actual caducó en 2014 y Puig no ha conseguido que se actualice, a pesar de los años que lleva en el gobierno central su correligionario Sánchez.
También la sumisión al catalanismo del presidente valenciano resulta hiriente. Con los compañeros de viaje que se ha echado en el gobierno autonómico no se podía esperar otra cosa. Se ha aliado con el partido nacionalista Compromís, el de Mónica Oltra, investigada por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, y con Unidas Podemos.
A diferencia de otros barones socialistas, Puig se ha mostrado muy complaciente con las concesiones de Sánchez al separatismo catalán (hablamos de indultos, supresión de la sedición o rebaja de la malversación)
Así pues, la política lingüística del Gobierno del Botánico ha forzado la implantación en las aulas de líneas completas en valenciano/catalán, sin que exista una demanda real en la sociedad. No hay más que darse una vuelta por las grandes ciudades de la región para saber en qué lengua habla la gente. Pero el virus de la pulsión nacionalista ya lo han inoculado en la educación. El presidente Puig, a diferencia de otros barones socialistas, se ha mostrado muy complaciente con las concesiones de Sánchez al separatismo catalán (hablamos de indultos, supresión de la sedición o rebaja de la malversación). Con estos mimbres, el presidente valenciano solo puede generar un justificado recelo en una gran parte de la población de la Comunidad.
Finalmente, un tema muy delicado es el de la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano, es decir, pagos en beneficio del partido por parte de empresas adjudicatarias de contratos públicos. Según los informes de la UCO, en el sumario del caso Azud el delito afectaría a la campaña electoral municipal de 2007 en Valencia, las autonómicas en la Comunidad Valenciana de ese mismo año y las generales de 2008.
Implicados y salpicados
El diputado nacional Vicent Sarrià aparece en las reuniones con los cabecillas de la trama. En ese momento era diputado autonómico y secretario de Organización del PSPV (Partido Socialista del País Valencià). Sarrià es una persona de confianza de Ximo Puig, quien logró la secretaría general del partido en 2012. También aparece en los papeles el nombre de Manolo Mata, en una conversación de 2016 entre Pepe Cataluña, el supuesto “conseguidor” del Partido Socialista valenciano, y Enrique Gimeno, presidente de la empresa Facsa, una de las investigadas. Mata era a la sazón vicesecretario general del PSPV, número dos de Ximo Puig. Y lo más llamativo es que el pasado mes de mayo abandonó sus cargos en el partido y en el Parlamento autonómico para defender en calidad de abogado al empresario Jaime Febrer, investigado en el caso Azud.
Todo esto apesta y poco ayuda que el hermano de Puig también se encuentre investigado por un presunto fraude de subvenciones. El olor a podrido está tan cerca del presidente valenciano que ya se parece a aquel curioso personaje de La colmena que no podía desprenderse del olor a cebolla.
Es justo y saludable que la financiación ilegal, la malversación, la corrupción en general, tenga un coste electoral en los partidos políticos, más allá de las consecuencias judiciales. Al PP valenciano ya se le pasó factura, ahora está en el punto de mira el Partido Socialista de la Comunidad. Estas son las credenciales de Ximo Puig. Los electores tendrán la última palabra el 28 de mayo.
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