Hace unos días escribía que la Comunidad de Madrid no era una región especialmente acaparadora de recursos y que disponía de un estrecho margen para reducir impuestos como para ser etiquetada de paraíso fiscal y de ser denunciada por realizar dumping fiscal. Es cierto que, dada su condición de capitalidad y a las economías de aglomeración, cuenta con mayores bases imponibles para limitar la carga impositiva lo que puede atraer a contribuyentes de otros territorios, pero también lo es que a través del sistema de financiación autonómica se compensan en cierto modo esos desequilibrios territoriales. Pero, ¿Cuánto aporta realmente?
Existe bastante confusión sobre las finanzas autonómicas. Es algo lógico, ya que el diseño del sistema de financiación es complejo y se realiza poca pedagogía sobre el mismo. Lo que resulta más curioso es que existen algunos (malos) argumentos que son usados tanto por los defensores como por los críticos con la política económica llevada a cabo por la Comunidad que gobierna Díaz Ayuso.
Este es el caso de la recaudación que obtiene la Agencia Tributaria en cada comunidad autónoma. Tomando los datos del año 2019, en términos netos, los ingresos tributarios superaron los 200.000 millones de euros, de los cuales el 47,8% fueron ingresados en la delegación de la Comunidad de Madrid. Pero esto no significa que todos esos recursos se hayan generado en la capital y ni mucho menos que se queden allí.
El factor del IVA
Precisamente, por la condición de capitalidad, muchas de las empresas más relevantes mantienen su sede fiscal en la capital (en 2019, 86 de las 168 sociedades con más de 5.000 trabajadores estaban situadas en Madrid). Sin embargo, no todos los ingresos por impuestos que generan se devengan de manera exclusiva en la Comunidad madrileña. En figuras como la del Impuesto sobre Sociedades esta cuestión no es relevante, ya que la recaudación va a parar al Gobierno central, pero en los casos como el IVA sí, en tanto en cuanto el 50% de ésta tiene como destino las haciendas autonómicas.
Para el caso específico del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Delegación de Hacienda en Madrid ingresa algo más de 35.000 millones de euros, sin embargo, el sistema de financiación autonómica “solo” asigna 6.900 millones de euros a la Comunidad de Madrid. La diferencia reside en que, por un lado, 17.500 millones de euros van a parar a manos del Gobierno Central, y el resto se reparte en función de un índice de consumo regional que calcula el INE ¿por qué? Porque no siempre el consumo se realiza en el lugar de residencia (fiscal) de la empresa o establecimiento. Por lo tanto, usar los datos de recaudación de la Agencia Tributaria no es lo más apropiado, ni para alabar la solidaridad de ninguna comunidad autónoma ni para criticarla por lo acaparadora que pudiera ser.
Nivelar recursos
El mecanismo de solidaridad territorial se encuentra dentro del sistema de financiación autonómica. Una vez que se liquidan y se distribuyen los ingresos tributarios por regiones, entran en juego los diferentes fondos que sí pretenden nivelar recursos en base al territorio. El más relevante es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el cual se compone del 75% de la recaudación en términos normativos de las comunidades autónomas (es decir, sin tener en cuenta el uso de la capacidad para variar los tipos y otros elementos tributarios) y de una aportación del Estado. La cuantía del citado fondo en 2019 fue de 94.400 millones de euros, de los cuales Madrid aportó el 19% (18.200 millones de euros).
¿Cómo se reparte el Fondo de Garantía? En función de la población ajustada, ya que su objetivo es que todas las comunidades autónomas reciban los mismos recursos por unidad de necesidad para financiar aquellos servicios considerados como esenciales (sanidad y educación, principalmente), por eso se ajusta la población total por su estructura por edades, la dispersión o la superficie. La capacidad fiscal de algunas regiones no es suficiente para cubrir sus necesidades, mientras que para otras ésta es superior, como en el caso de Madrid, la cual tiene un saldo negativo de 4.300 millones de euros, a lo que habría que añadir otros 700 millones de euros del Fondo de Suficiencia, que es el mecanismo de cierre que cubre las necesidades globales de financiación.
Estaría aportando unos 5.000 millones de euros al resto de comunidades a través del sistema de financiación autonómica, el 21% de su capacidad tributaria
Es decir, en total la Comunidad de Madrid estaría aportando unos 5.000 millones de euros al resto de comunidades a través del sistema de financiación autonómica, el 21% de su capacidad tributaria. Pero todavía sigue faltando por explicar el papel que juega el Gobierno Central a la hora de redistribuir recursos entre regiones, algo que se puede ver a través del Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, es decir, las famosas balanzas fiscales.
Con datos del último año disponible (2014), el Ministerio de Hacienda calcula el saldo fiscal del conjunto de ingresos y gastos que realizan todas las Administraciones Públicas en cada comunidad autónoma en términos relativos, esto es, se mide la posición de cada territorio en términos de gasto o carga fiscal por habitante en relación con la media y después se multiplica por el número de habitantes. Madrid arroja un saldo negativo de 19.000 millones de euros, pero el 85% se explica por la parte de los ingresos, dado que al tener un mayor nivel de renta se paga una mayor cantidad de impuestos.
Desequilibrio desfavorable
Lo relevante a efectos de la equidad territorial es el gasto en inversión en infraestructuras, la propia financiación autonómica descrita anteriormente o las ayudas regionales a ciertos sectores como el de la agricultura, ya que es la parte de los desembolsos que tienen una lógica territorial a la hora de ser asignados. El gasto territorializable explicaría el 8,1% del saldo negativo de la Comunidad de Madrid, es decir, unos 1.500 millones de euros.
En definitiva, Madrid estaría compensando a otras comunidades autónomas dada su mayor capacidad fiscal y sus menores necesidades de financiación. A través del sistema de financiación autonómica estaría transfiriendo 5.000 millones de euros al resto de regiones. En términos relativos, y teniendo en cuenta también al resto de niveles de gobierno, el saldo es de 19.000 millones de euros, de los cuales 1.500 millones de euros serían fruto de un desequilibrio territorial desfavorable para la Comunidad con respecto a la media.
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