El régimen de Maduro acaba de acusar a dos ciudadanos españoles de pretender ejecutar un plan terrorista urdido por EE.UU. contra Venezuela con el objetivo de atentar contra Maduro y acabar con su vida y con su régimen. Las familias de los secuestrados habían denunciado la desaparición de ambos en redes sociales hace unos días. José María Basua y Andrés Martínez, bilbaínos de 35 y 32 años, habían partido desde Madrid el pasado 17 de agosto y tenían pensado volver a España el pasado 8 de septiembre. Pero el ministro Diosdado Cabello, hombre fuerte y lacayo de Maduro, nos ha contado que los españoles secuestrados por su propio gobierno no son turistas sino mercenarios de EE.UU. y miembros del CNI español, servicio adscrito al Ministerio de Defensa de Margarita Robles, y que tenían la intención de asesinar a Maduro.
Es lo que tiene ser una dictadura: que igual que puedes reprimir, encarcelar y asesinar a la oposición democrática y a todo aquel que te lleve la contraria, tienes las manos libres para secuestrar a dos ciudadanos extranjeros, mantenerlos detenidos e incomunicados durante varios días y acusarlos después sin pruebas de terrorismo y de estar al servicio de EE.UU. Del mismo modo que puedes perseguir, inhabilitar o encarcelar a la oposición para impedir que se presente a unas elecciones y robárselas después si logra presentarse e incluso ganarlas, puedes acusar a EE.UU. y al CNI español de planificar un plan para acabar con Maduro justo después de haber perdido en las urnas, como si no hubiera suficientes venezolanos deseosos de acabar con él democráticamente, como acaban de hacer. Detrás del imaginario plan estarían, para terminar de dar forma al inverosímil montaje, María Corina Machado y otros opositores venezolanos, quienes, no conformes con articular una alternativa democrática a la dictadura y ganar las elecciones a Maduro jugándose la vida, pretenderían a continuación asesinarlo.
En los últimos años, ocho millones de venezolanos han decidido abandonar su propio país para huir de la dictadura y salvar la vida. Pero según el régimen chavista son voceros del colonialismo y mercenarios al servicio de la ultraderecha y el fascismo, y la culpa la tienen el imperialismo y sus aliados, las potencias del mal y la conjura exterior. Todos están contra Venezuela, incluidos sus propios nacionales, un tercio de los cuales ya han decidido huir de su propia patria por razones que el régimen conoce: no por una conspiración judeo-masónica que los empuja al exilio sino porque carecen de derechos políticos, son perseguidos y se mueren de hambre. Así se las gasta el régimen al que los políticos profesionales y los ministros del Gobierno de España no deben llamar dictadura para facilitar que el dictador deje de serlo. Ya nos ha dicho Albares que él no es politólogo sino un simple ministro y que no sabe de estas cosas.
Luchar contra las noticias falsas y las fake news incluye no llamar a las cosas por nombre, lo que suele ser la mayor de las mentiras
Qué le vamos a hacer, es la eterna paradoja y las contradicciones de la política. Según el Gobierno de Sánchez, todos sus críticos somos extrema derecha pero hay que ser prudentes respecto a Venezuela. No hay que llamar dictadura a lo que es una dictadura porque no es bueno romper lazos con ella pero puede llamarse ultraderecha a toda la oposición aunque no lo sea, en este caso precisamente para romper puentes, fomentar la polarización política y permanecer en la Moncloa, fin último que justica todos los medios. Pero estas son estrategias políticas que debemos tragar y tomar por legítimas. Y luchar contra las noticias falsas y las fake news incluye no llamar a las cosas por nombre, lo que suele ser la mayor de las mentiras. Es su particular forma de luchar contra la desinformación: negando las evidencias y los hechos. Y los ERE no fueron corrupción sino redistribución de la riqueza, la amnistía no es olvido sino convivencia, el concierto catalán no es concierto sino financiación singular y el cuponazo es un cupo solidario en beneficio de las comunidades autónomas que no lo tienen. Y ahora que gobierna el PSOE los presupuestos son minucias innecesarias para gobernar. Y así todo.
Se nos dice que no hay que llamar dictadura a una dictadura para salvaguardar determinados intereses, pero ¿qué intereses puede tener el Gobierno de España en la Venezuela dictatorial de Maduro justo cuando acaba de perder unas elecciones? Aparte de la obligación que tenemos de ensanchar las democracias y proteger los derechos humanos allí donde se vulneran, ¿no interesaría más a España una Venezuela democrática y económicamente pujante con la que compartir no solo lazos históricos y culturales sino también intereses políticos y económicos? Hay quien dice que el Gobierno de España pretende una negociación entre el sátrapa y la oposición democrática para facilitar la transición pacífica, pero más bien parece que se trata nuevamente de situarse por conveniencia política en un punto intermedio entre el dictador y los demócratas que le hacen frente.
Una izquierda sectaria y antidemocrática
O sea, estar más cerca de los agresores que de las víctimas. Y, de paso, no cuestionar el apoyo que Zapatero viene dando al régimen de Maduro desde hace años por razones inconfesables y, quizás, intereses económicos particulares. Y por eso se niega a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela aunque efectivamente lo sea. Y porque sigue habiendo una izquierda sectaria y antidemocrática en España representada por Sumar y Podemos que el PSOE pretende aglutinar para seguir en la Moncloa. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Pero la verdad es la realidad: Venezuela es una dictadura. Y como soy politólogo, puedo decirlo.
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