Opinión

El viejo vicio del impuesto a los ricos

Si hay una obsesión presente en todo discurso populista, es la de insistir en que los ricos paguen más impuestos. Lo cierto es que ya lo hacen, y no sólo porque sus ganancias sean mayores (es decir, en volumen), también en porcentaje. N

Si hay una obsesión presente en todo discurso populista, es la de insistir en que los ricos paguen más impuestos. Lo cierto es que ya lo hacen, y no sólo porque sus ganancias sean mayores (es decir, en volumen), también en porcentaje. Nuestro sistema fiscal tiene figuras impositivas como el IVA o las tasas que no son progresivas pero el IRPF lo es desde siempre. Aunque hay intentos ya en el siglo XIX, se puede decir que el primer impuesto sobre la renta en España lo sacó adelante en la II República el ministro de Hacienda Jaume Carner. La Ley Carner, conocida como “contribución general de la renta”, entró en vigor a primeros de 1933. Lo cierto es que era un impuesto claramente destinado a los ricos pues existía un mínimo exento anual de 100.000 pesetas, cantidad tan abultada que, en la práctica, sólo 5.000 personas tenían que pagarlo. No tuvo mucho éxito, de hecho apenas 3.000 lo presentaron y, de todas formas, fue olvidado con la Guerra Civil y el franquismo. En este largo periodo existieron varias leyes fiscales pero, en general, los impuestos sobre la renta eran marginales. De hecho, se calcula que en 1957 la presión fiscal era del 9,6% del PIB, nada que ver con el entorno del 40% actual. El impuesto directo más importante era el de los rendimientos del trabajo y, aunque en la reforma de 1964 se desarrolló el impuesto complementario sobre la renta, no aportaba más del 1% de la recaudación total del Estado. Básicamente sólo pagaban las gentes del mundo del espectáculo donde las retribuciones eran públicas, puesto que Hacienda no tenía acceso a las informaciones bancarias.

Fuentes Quintana siguió en sus trece y en junio de 1975, con Franco aún vivo, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas se atrevió a criticar la fiscalidad franquista

La preocupación por el escaso ingreso tributario en España a finales del franquismo llevó a que el profesor Enrique Fuentes Quintana publicara un Libro verde de la fiscalidad (1973) cuyo objetivo era lograr una "mayor justicia distributiva". Básicamente se criticaba que en España había demasiado impuesto indirecto y poco impuesto a las rentas personales y a los beneficios empresariales. Es conocida la anécdota de la visita que Fuentes Quintana hizo junto con el entonces -lo era desde 1969- ministro de Hacienda, Alberto Monreal, a Franco en 1973 en la que le exponen la conveniencia de un impuesto sobre la renta y otro sobre el patrimonio. El jefe del Estado les despidió con muy buenas palabras y al día siguiente… cesó a Monreal de su cargo. No obstante, Fuentes Quintana siguió en sus trece y en junio de 1975, con Franco aún vivo, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas se atrevió a criticar la fiscalidad franquista: "La regresividad del sistema tributario español impide que el impuesto desempeñe su función político-social a favor de una distribución justa de la carga fiscal y de una distribución más equitativa de la renta".

En 1977, tras la victoria de la UCD de Adolfo Suárez, Fuentes Quintana es nombrado ministro de Economía y vicepresidente segundo. Con la ayuda de Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda (también muy crítico, ya que decía que el impuesto general sobre las personas físicas que existía entonces no era un impuesto, ni era general, ni era sobre la renta) se ponen a trabajar en lo que al año siguiente fue el IRPF. Gracias a los Pactos de la  Moncloa, hubo un amplio consenso político para sacarlo adelante. El primer IRPF de España contaba con 28 tramos y tipos impositivos que llegaban hasta el 65,5 %. Era un impuesto que afectaba a todas las personas con ingresos superiores a las 300.000 pesetas. Aunque el IRPF no dejaba de ser una copia de otros modelos similares típicos en la Europa Occidental desde hacía muchos años, para los españoles era una novedad, e hizo falta mucha pedagogía (y mucha publicidad) para animar a los españoles a presentarlo. Nació el eslogan “Hacienda somos todos”, ampliamente difundido en campañas televisivas protagonizadas por personajes famosos. como Bárbara Rey. En los primeros años se publicaban listas con los datos de todas las declaraciones que cualquiera podía consultar. El secuestro de un empresario, que aparecía como el contribuyente con más ingresos de España en esas listas, detuvo esta práctica.

Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el actual IRPF pero nadie puede poner en duda que perjudica a los que más ganan

En estas más de cuatro décadas ha habido muchos cambios en el IRPF. Especialmente llamativos fueron los modificaciones prácticas que introdujo la presidencia de José María Aznar, a la postre funcionario de Hacienda e inspector de finanzas del Estado, que simplificó y modernizó la cumplimentación y presentación anual, que antes de él se rellenaba en páginas con calcos. Ha habido en estas décadas subidas y bajadas de impuestos pero la tónica general siempre ha sido la misma: el IRPF es un impuesto progresivo. No sólo paga más en cantidad quien más gana, también paga más en porcentaje. A esto se suma que existe un impuesto al Patrimonio que sólo pagan quienes poseen más. Por tanto, el impuesto “a los ricos” ya existe: tanto si es por acumulación como por ganancias. Según cifras de 2021, un 0,06% de los contribuyentes (aquellos que ganaron más de 600.000 euros) son responsables del 6,74% de los ingresos. Si los unimos a los que ganan más de 150 mil euros, apenas 125.000 personas (de 22 millones de contribuyentes) aportaron el 17,15% del total recaudado. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el actual IRPF pero nadie puede poner en duda que perjudica a los que más ganan. A eso hay que sumar el de patrimonio y, en general, los impuestos “al lujo”. Por ejemplo, un 1,51% de coches matriculados -los de más de 60.000 euros- generaron un 13,08% de todo lo ingresado por impuestos de matriculaciones.

Por supuesto pagar más impuestos no le da a nadie más derechos, algo que quizás deberían tener en cuenta aquellos que creen que por ser sus comunidades autónomas más ricas, y por tanto aportar más al estado, deben tener competencias -e incluso privilegios- que otras no tienen.

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