Damos vueltas alrededor de la violencia ante la mirada atónita de la comunidad internacional, más acostumbrada a oír hablar de España por triunfos deportivos o por nuestra calidez con el turismo. Ahora, no. Gracias a Puigdemont sabemos que tenemos muy limitada la posibilidad de defendernos si el de enfrente no lleva un garrote en la mano. Incluso si lo lleva escondido pero no lo saca. Esa es la diferencia entre alguien que se rebela y otro que solo quiere transgredir el orden constitucional, las leyes y partir el país en dos. ¿Solo?
Mientras debatimos si Puigdemont y los suyos usaron el garrote, unos jueces de Pamplona nos han llevado el asunto a otro territorio. Y resulta que si no hay violencia, no hay violación, perdón por resumir tanto, pero es que es así. Si cinco tíos fornidos y excitados logran no tener que liarse a guantazos para intimidar a una joven, pues no la están violando. El efecto es el mismo, una asquerosa penetración múltiple no consentida (salvo para un calenturiento voto particular), pero como la víctima no se ha enfrentado con uñas y dientes a unas personas que pesaban juntas unas ocho veces lo que ella, entonces la cosa ya es menor y de agresión pasamos a abuso, que en justicia es aparcar la violación.
Si la víctima consigue zafarse del violador, entonces, casi, pelillos a la mar, porque lo dejan en abuso en grado de tentativa. Una mierda, vamos"
¿Tenemos un problema en Pamplona? No, lo tenemos en toda España. Un día después de conocerse el fallo de 'La Manada', se hacía pública otra sentencia, esta vez de Asturias. Un individuo, según la verdad judicial, violó (aquí sí) a una joven en un portal de Oviedo. No conozco el relato de los hechos probados, pero puedo suponer que la diferencia de envergadura no le pareció tanta a la víctima, que debió sufrir violencia, además de violación. Pero que nadie se llame a engaño, porque la condena ha sido de 7 años, dos menos que la que les ha caído a los de 'La Manada'. En el caso asturiano, el condenado también acorraló a dos menores en otros tantos portales. De una consiguió abusar, pero en la otra “la oposición de la víctima impidió que el acusado pudiese culminar la satisfacción de sus deseos”. Por esa razón, porque la víctima consiguió escapar a las intenciones de un “depredador sexual”, como lo define la sentencia, los jueces le reducen la pena a la mitad. Impresionante. Vamos, que la suerte de un violador depende de su víctima: si ella intenta salvar su vida y no se resiste, el violador ya no es violador; si se resiste y además de ser violada sufre otro tipo de agresiones, entonces ya sí se trata de un violador; y si la víctima consigue zafarse del violador, entonces, casi, pelillos a la mar, porque lo dejan en abuso en grado de tentativa. Una mierda, vamos.
Con este panorama, ¿qué tiene que hacer una mujer ante un depredador, o varios? No están debidamente protegidas ni por los jueces ni por las leyes. Ni siquiera por el ministro de Justicia, que olvidándose de su cargo, lanza una palada de mierda sobre el votante particular como si en lugar de pertenecer a un gobierno fuera dirigente de Me Too. Intervenciones como la de Catalá son las que permiten a la magistratura seguir siendo posiblemente el colectivo más corporativista del país. Tanto que nos impiden saber cuántos jueces tienen trastornos mentales, o consumen en exceso alcohol u otras drogas, o son incapaces de dejar de pensar en Jesucristo cuando imparten justicia… Lo de la transparencia no ha calado en el Poder Judicial, que tiene una Comisión Disciplinaria en forma de arcano envuelto en un misterio. Así, seguiremos necesitando meteduras de pata como la del ministro para enterarnos de algo.
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