Tras conocerse el Plan Feijóo, se ha podido detectar que su contenido conecta directamente con las necesidades de las familias españolas, pues el efecto básico de sus diversas medidas consiste en aumentar la renta disponible de los hogares para paliar sus actuales dificultades económicas. Pese a ello, circula ya una crítica según la cual, el aumento de la renta familiar sería contraproducente pues traería como consecuencia un impulso al proceso inflacionista que estamos sufriendo.
Sin embargo no es así toda vez que la economía española no sufre una inflación de demanda, en la que la pujante situación económica de los consumidores provoque que las empresas suban los precios de los productos que venden para racionar su adquisición. Por el contrario, la actual renta per cápita de los españoles (25.460 €) es inferior en términos monetarios a la que teníamos en 2018 (25.750 €), y en términos reales es incluso menor que la dispuesta en 2017. Quiere decirse que no es la fortaleza de la demanda la que ha provocado la actual inflación. Ésta obedece al aumento de los costes energéticos y de otras materias primas que ha obligado a las empresas a subir los precios de los bienes y productos que venden diariamente en el mercado para evitar vender a pérdidas. En definitiva, España no sufre una inflación de demanda, sino una inflación de costes por lo que, en contra de la acusación que se formula, las medidas del plan Feijóo no son inflacionistas. Al revés, constituyen la terapia adecuada para paliar los nocivos efectos que el alza generalizada de los precios está provocando en las familias españolas, especialmente en las más vulnerables. Vamos a verlo.
La reducción de los módulos fiscales a la actividad agraria y a otras actividades empresariales o la reducción del Impuesto sobre Sociedades a las pymes son otras medidas tributarias que contribuirían al aumento de la renta individual
La reducción propuesta del IVA que grava el consumo de electricidad -del actual 10% al 4%- y del que recae sobre el del gas -del 21% al 4%- aliviarían la factura que pagan las familias, pero también los costes empresariales, por lo que su efecto sería claramente anti inflacionista. La moralmente obligada indexación del IRPF -o actualización al IPC de su tarifa y de sus parámetros monetarios -mínimo exento, deducciones familiares…- supondría aumentar en aproximadamente 10.000 millones de euros la renta de las familias. Además, del modo en el que se propone, el aumento tendría como destinatarios básicos a los perceptores de rentas inferiores a 40.000 euros, que son los más vulnerables ante la crisis actual. La ayuda directa de entre 200 y 300 euros, en forma de impuesto negativo, a aquellos contribuyentes cuyos ingresos no llegan al límite que obliga a declarar el IRPF refuerza el espíritu asistencial del plan propuesto por el líder del PP. La reducción de los módulos fiscales aplicados a la actividad agraria y a otras actividades empresariales o la reducción del Impuesto sobre Sociedades a las pymes son otras medidas tributarias que contribuirían al aumento de la renta individual que se lograría con la aplicación del plan.
Las rebajas de impuestos que hemos descrito han provocado una segunda crítica por la que se afirma que su aplicación pondría en peligro el llamado Estado del Bienestar. No hay tal, pues el plan Feijóo apuesta por iniciar -de una vez por todas- el necesario proceso de reducción del elefantiásico y creciente gasto público que asola la economía española. Valga como muestra constatar que en los últimos 40 años nuestro gasto se ha multiplicado por 13 en términos monetarios o por 3,5 en términos reales. Para poner coto a esta escalada, Feijóo propone varias medidas entre las que destacaremos dos.
Irene Montero y Alberto Garzón son dos claros ejemplos de cómo la creación de ministerios innecesarios y su correspondiente dotación presupuestaria dispara el gasto público para sufragar actividades superfluas
La primera, empezar a reducir el gasto político. Reducir el número de ministerios -desde los actuales 22 a los 13 que se proponen- sería ciertamente efectivo. Y no tanto, que también, por el ahorro en términos de estructura, sino porque evitaría la disposición de crédito presupuestario que solicita y consigue cualquiera que es colocado al frente de un ministerio. Irene Montero y Alberto Garzón son dos claros ejemplos de cómo la creación de ministerios innecesarios y su correspondiente dotación presupuestaria dispara el gasto público para sufragar actividades superfluas.
La segunda medida consiste en aumentar las funciones de la AIREF en orden a vigilar el proceso por el que se presupuesta y ejecuta del gasto del Estado y, como derivada de lo anterior, proponer su racionalización. De realizarse lo anterior de modo eficaz, las posibilidades de mejora son ilimitadas.
Como conclusión, la virtud global del plan Feijóo consiste en sentar las bases para una solución a nuestros actuales problemas económicos. Si Pedro Sánchez abandonase su praxis cesarista mediante la que, tras diseñar unilateralmente sus planes y propuestas, requiere después la adhesión acrítica del universo político, y optara por sentarse a trabajar constructivamente con la oposición para buscar el gran acuerdo de Estado que necesita España, nuestra economía podría empezar a ver la luz al final del túnel. Si se mantiene en sus trece y se niega a trabajar en consuno, la galería subterránea en la que nos encontramos se alargará en el tiempo y su oscuridad se intensificará.
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