La libertad de prensa es uno de los derechos fundamentales, es decir, derechos que tienen una protección especial porque son inherentes a toda persona. Son inviolables, inalienables e irrenunciables, perteneciendo a toda persona por su dignidad. La libertad de prensa figura en la Constitución equiparada a otros derechos fundamentales en el ámbito de lo público, como la igualdad ante la ley o el derecho a la información. Por lo tanto, legalmente hablando, estamos ante uno de los derechos más sensibles y protegidos de nuestra Carta Magna.
Resulta increíble que un partido político en España se atreva a poner en cuestión un derecho fundamental sin que los poderes públicos actúen para protegerlo. Desde que Vox saltara a la palestra mediática, no ha dejado de hacer listas negras, vetar periodistas y elegir a qué medios de comunicación deja asistir a sus ruedas de prensa y a quien no. Nunca un partido político cuya fuerza electoral le permite llevar temas al Tribunal Constitucional se había atrevido a negar un derecho fundamental de los ciudadanos sin ruborizarse o, al menos, disimular. Vox se regodea en la impunidad que le permite decidir quién es digno/a de cubrir sus ruedas de prensa o acceder a los canales de distribución de sus noticias. No se esconde, simplemente divide a periodistas entre buenos y malos en función del trato que les procesan en sus informaciones.
Prevaricación y corrupción
Todos los regímenes populistas tienen problemas con una prensa libre y crítica, que es la primera víctima en las dictaduras, la primera señala en las dictablandas y vetada por los partidos populistas. Estos hechos demuestran la importancia de una prensa libre. Después, cada ciudadano decidirá qué lee, qué escucha y, sobre todo, a quien está dispuesto a creer, y de ahí el grave problema con las fake news. Pero un tema es que haya medios de comunicación que tergiversen los argumentos hasta llevarlos a la mentira y otro muy distinto que los periodistas sean señalados, vetados y aceptados en función del político de turno.
Los partidos políticos son las organizaciones que vehiculan la participación política en España. Están financiadas con dinero público y, como tales, deben ser absolutamente escrupulosas en el respeto a la ley. La corrupción política siempre se ha vinculado a la financiación ilegal, la prevaricación o el tráfico de influencias, pero en estos momentos, es imprescindible que la limitación a los derechos tales como la libertad de opinión, de pensamiento o de prensa sean concebidos como corrupción política, porque merma de manera decisiva el derecho a la participación política de los españoles. No tener información veraz sobre una determinada organización es una forma de restringir nuestro derecho fundamental a la participación política, porque los medios de comunicación continúan siendo el principal vehículo de información sobre estas formaciones.
La segunda opción es la vía judicial; de igual modo que en la campaña electoral la Junta Electoral obligó a Vox a acreditar a todos los medios, se puede demandar al partido de Abascal para que respete los derechos de los españoles
No podemos permanecer impasibles, el menoscabo de nuestros derechos fundamentales debe activar todas las alarmas de nuestro sistema democrático. Una opción es que sindicatos de periodistas, organizaciones profesionales y medios de comunicación decidan dejar de informar sobre Vox hasta que se levanten los vetos a ciertos medios. La segunda opción es la vía judicial, de igual modo que en la campaña electoral la Junta Electoral Central obligó a Vox a acreditar a todos los medios durante la campaña, cabría la opción de demandar al partido de Abascal para que se respeten los derechos fundamentales de los españoles. No hacerlo sería dejar una puerta abierta muy peligrosa que ataca el corazón de nuestra democracia y de nuestra Constitución.
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